Una serie de agrupaciones defendió la labor de la fiscala Adriana Giannoni en casos de interrupción de embarazos y exigió la sanción de los abortos con la consigna de que la práctica es ilegal en todos los supuestos en la Argentina. “Resulta grave y repudiable que, desde organizaciones supuestamente defensoras de los derechos humanos, se pretenda confundir a la sociedad, y amedrentar a quienes ejercen su función pública de acuerdo con la Constitución y la ley”, dice el pronunciamiento titulado “Derechos humanos para todos, incluidos los niños por nacer”.
El texto lleva la firma de Myriam Condorí, Gabriel Muñoz, Mirta Villafañe, Inés Condorí Moreno, María Teresa Mockevich y Ana Denise Cajal Yoldi. Adhieren a él Médicos por la Vida Tucumán; Contadores por la Vida; Abogados por la Vida Tucumán; Fundación Creando Familias Sanas; Padres con Derecho a Decidir; Fundación Epasi; Tucumán Provida; Jóvenes por la Vida; Frente Joven; Vida para Todos; Fundación Eco Vida; Red Federal de Familias; Liga de Madres de Familia; 40 Días por la Vida Tucumán y Jubilados por la Vida Tucumán.
El pronunciamiento rechaza el comunicado crítico respecto de Giannoni que habían emitido Amnistía Internacional, Católicas por el Derecho a Decidir; el Centro de Estudios Legales y Sociales; el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Estos organismos cuestionaron que la fiscala investigara por supuesto homicidio a los médicos que habían asistido a una niña abusada (“Lucía”). “Un fiscal debe investigar cuando se comete un aborto porque el aborto en todos los casos es delito”, expresó la declaración de repudio, que desconoció explícitamente el fallo “FAL” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2012).
“La ciencia ha demostrado cabalmente que hay una nueva vida humana desde la fecundación y nuestra Constitución así lo reconoce”, consigna el comunicado. Las organizaciones expresaron que el poder estatal debe servir para proteger en especial a los más indefensos y vulnerables, como, así también, para castigar “a los verdaderos culpables”. “No se puede pretender imponer mediante la desinformación deliberada una tergiversación del derecho vigente y, menos aún, tratar de amedrentar a los funcionarios que cumplen con la ley y la Constitución”, advirtieron. Y añadieron: “alentamos a los funcionarios públicos; a los profesionales de la salud y a la sociedad en general a no callar y a evitar los abortos tanto clandestinos como aquellos que se realicen con cualquier protocolo ‘ilegal’ para proteger y salvar las dos vidas”.
