Por Gustavo Rodríguez
02 Diciembre 2019
SECUESTROS. Frecuentemente se incautan escasas cantidades de drogas de pequeños vendedores.
Desde el edificio de la Legislatura se puso en marcha el “operativo diálogo” para lograr que la Ley de Narcomenudeo entre en vigencia el 1 de enero. El primer paso que darán es convocar a representantes de los tres poderes del Estado para que entre todos busquen destrabar la situación, luego de que el Ministerio Público Fiscal, atendiendo los reclamos de organizaciones no gubernamentales, fuerzas de seguridad nacionales y un representante de la Justicia Federal, presentara un planteo para que se declarara inconstitucional la norma.
El miércoles el MPF presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia el planteo argumentando que no se podía poner en vigencia la norma porque no se contaba con lugares de detención, no estaba bien definida cuándo actuaría la Justicia ordinaria y la Federal, aún no estaba bien coordinada la acción de las fuerzas; los problemas legales que se registraron en distintas provincias que implementaron una medida de estas características; no se nombraron los fiscales y jueces que se habían estipulado en la Ley y no existe un laboratorio para hacer las pruebas a los secuestros, entre otros puntos.
La noticia generó un enorme revuelo en los tres poderes. “Hay una decisión política del Poder Político y del Poder Legislativo de luchar contra el narcomenudeo. Si el Poder Judicial entiende que hay un problema de infraestructura, nos tenemos que sentar entre todos a charlar para que se ponga en marcha la Ley”, señaló Gerónimo Vargas Aignasse, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara.
El radical Ricardo Ascárate coincidió con él. “Si el MPF entiende que la norma es inaplicable por una cuestión presupuestaria, que lo diga y se buscará solucionar el problema. Me parece perfecto que se abra una mesa de diálogo para analizar la norma y realizar todas las modificaciones necesarias”, agregó.
Día de definiciones
El planteo judicial se realizó en un momento especial. El vicegobernador, Osvaldo Jaldo, principal propulsor de la norma, estaba en Buenos Aires acompañando al gobernador, Juan Manzur. El ministro fiscal, Edmundo Jiménez, también estaba ausente, ya que había viajado al sur de la provincia para participar de un encuentro de procuradores a nivel nacional. Hoy, cuando oficialmente ambos estén en funciones nuevamente, comenzarán los llamados telefónicos para comenzar a avanzar.
“Estamos dispuestos a dialogar y buscar las alternativas de solución, pero la Ley se tiene que poner en marcha”, dijo Vargas Aignasse, que se transformó en el vocero del Poder Legislativo. Desde el Poder Ejecutivo, a través del secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Carlos Driollet, también se había fijado una postura. “Sabíamos que la norma no era perfecta, pero pretendíamos que se ponga en marcha y, si se presentaba algún inconveniente se lo solucionaría sobre la marcha”, señaló. En el MPF reinó el silencio, aunque aclararon que están dispuestos a escuchar.
Posibilidades
En estos días se analizaron varias alternativas para destrabar el asunto. Una de las más fuertes es que se aplicaría como estaba previsto a partir del 1 de enero, pero de manera parcial. La idea es ponerla en marcha únicamente en la jurisdicción del Centro Judicial Concepción (abarca Chicligasta, Río Chico, Juan Bautista Alberdi, La Cocha y Graneros) donde ya se está implementando el nuevo Código Procesal Penal. “Es una ventaja porque allí ya está aceitado el sistema y, al haber menos casos, nos permitiría analizar la situación y detectar los problemas que se deben solucionar. Esta prueba se realizaría hasta mayo, cuando el nuevo digesto esté en vigencia en toda la provincia”, argumentó un operador judicial.
“La idea no es descabellada. Habrá que analizarla”, dijo Gerónimo Vargas Aignasse. Desde el Ministerio de Gobierno y Justicia que conduce Carolina Vargas Aignasse están atentos a lo que se decida, pero fuentes consultadas por LA GACETA hicieron saber que están dispuestos a acelerar el proceso para designar a los dos fiscales y a dos jueces para que atiendan estas causas. La Ley de Narcomenudeo establece que pueden recurrir al sistema de subrogancias.
Ascárate pidió que en las conversaciones se tenga en cuenta la Ley 27.602, que fue aprobada este año. “Es una norma que establece la creación de una mesa de intercambio de información que está integrada por fiscales provinciales y federales, jueces de ambos fueros, representantes de las fuerzas de seguridad. Esta es una norma con la que se busca acabar con los problemas de competencia, principal traba de la desfederalización de estas causas”, señaló.
“La otra alternativa es poner en funcionamiento la Comisión Interpoderes que está contemplada en la norma que se aprobó recientemente. Alternativas hay, pero se las debe analizar, discutir y elegir para el bien de la comunidad”, concluyó el radical.
Estrategia: el mecanismo legal que piensan utilizar
La mesa del diálogo convocada tiene el objetivo de buscar un acuerdo para que se implemente la Ley de Narcomenudeo cuanto antes. Para ello, buscarán consensuar las alternativas legales que estén a su alcance. “Lo más importante y urgente es que realicen todas las modificaciones que sean necesarias. Cómo se las apruebe es otra cuestión que se resolverá fácilmente porque existen diferentes mecanismos”, adelantó Gerónimo Vargas Aignasse. La idea es que después de que se llegue al acuerdo, el Ministerio Público Fiscal retire el planteo que realizó ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia, para que no haya futuras trabas.
Las idas y vueltas de la norma
1- En 2014 se aprueba la primera norma contra el narcomenudeo. Se debería haber puesto en vigencia en marzo de 2015.
2- En febrero de 2015 el MPF presenta en la Corte una cautelar para frenar la implementación de la Ley por problemas de infraestructura.
3- El máximo tribunal le da la razón, pero advierte que se deben tomar todas las medidas para que se efectivice su implementación.
4- En septiembre, por iniciativa de Jaldo, se aprueba otra Ley. El PE la promulga y se ordena que entre en vigencia el 1 de enero de 2020.
5- Otra vez el MPF, a través de un planteo en la Corte, pide que se declare inconstitucional norma para suspender su aplicación.
6- El PE y el PL llaman al diálogo entre los tres poderes para destrabar la situación con el propósito de que se ponga en vigencia la Ley.
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