La Ciudad deberá diseñar una política de empleo dirigido a las personas trans en situación de vulnerabilidad y otorgarles un subsidio monetario suficiente para cubrir el valor íntegro de una vivienda en condiciones dignas de habitabilidad a las que así lo soliciten, según dispuso un fallo del juez Roberto Andrés Gallardo.
El titular del Juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario así lo resolvió al hacer lugar a la medida cautelar solicitada en el marco de la causa "A., L. J. y otros contra GCBA sobre Amparo- Habitacionales y otros subsidios", según informó el portal Ijudicial.
La resolución ordena llevar a cabo un relevamiento previo de las personas que conforman el colectivo trans en la Ciudad de Buenos Aires.
El fallo obliga al Estado a "asegurar el acceso a una vivienda habitable, accesible, apropiada y segura, mediante programas sociales y de apoyo que palíen la vulnerabilidad relacionada con los factores vinculados a la orientación sexual y a la identidad de género, a la carencia de hogar, a la exclusión social, a la violencia doméstica y de otra índole, a la discriminación, a la falta de independencia financiera y al rechazo por parte de familias o comunidades culturales".
En sus fundamentos, juez resaltó el informe de la Defensoría General de la Ciudad sobre el "acceso a la vivienda para las mujeres trans, la precariedad habitacional como principal alternativa", en el que se indicó con relación al acceso al trabajo, que "ninguna (mujer trans) tuvo acceso a un empleo en el marco de la formalidad laboral".
El Inadi precisa además que "el 80% de las personas trans se encuentra en un estado de informalidad laboral".
A estos datos se agregó la investigación realizada por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, que indica que "el 65,1% vive en cuartos de alquiler de hoteles, casas particulares, pensiones, departamentos 'tomados' y/o irregulares, mientras que solo un 5,9% cuenta con casa propia".
Por último, se informó que "la mayoría de las personas trans no logran acceder a subsidios habitacionales, toda vez que no consiguen reunir los requisitos que se exigen".
Subrayó además que "toda la legislación nacional, local y convencional" -la declaración de Principios de Yogyakarta, la Ley de Identidad de Género y la Constitución porteña que reconocen los derechos de este colectivo- "no puede ser meramente declarativa". (Télam)
