Por Jorge Figueroa
25 Noviembre 2019
CONSEJO SUPERIOR. En la sala de sesiones hay colgados 17 cuadros con las imágenes de los conductores de la Universidad.
La mesa oval del Consejo Superior de la UNT y su sala, pequeña desde ya para tantos asistentes, no alcanzaría para colgar todos los cuadros de los retratos de sus rectores, de aquellos hombres y una mujer que dirigieron desde 1914 hasta la actualidad la UNT. 20 fueron elegidos por la comunidad universitaria y 28 fueron designados como interventores. Este dato anticipa, igualmente, una fotografía de poder.
Esa sala fue ocupada innumerables veces por estudiantes en los años 70 y no docentes -la primera fue en 1922 recuerda el historiador Carlos Páez de la Torre (h) -. Allí hubo asambleas, bolsas de dormir para noches frías y eternas, puchos apagados, y muchos agentes de seguridad que tomaron buenos datos de aquellos ‘jóvenes revolucionarios’.
A pesar de las décadas transcurridas, la sala no se modificó, salvo la incorporación del equipo de aire acondicionado; la mesa, sus paredes y hasta las sillas parecen ser las mismas. No hay cámaras de seguridad ni alarmas; algunos guardias alertas por el ingreso por la calle La Madrid (en otro tiempo, ese camino llevaba a una escalerilla que daba con una oficina del equipo de seguridad).
Pero no están colgados los casi 50 retratos de los rectores. La galería se creó en 1987. Las fotografías en blanco y negro expuestas son 17.
Uno de los “ausentes” más recientes de todos es Juan Cerisola (2006-2014), que por la resolución 0444- 2018 el Consejo Superior determinó que hasta que exista una resolución de la Justicia Federal, no esté presente en la galería de retratos (dos períodos, ocho años, estuvo al frente de la UNT el contador, en el momento del gran negocio minero con YMAD). “Si la resolución es condenatoria, el espacio debe quedar vacío sin mención de su nombre, como un recordatorio de la vergüenza por la indignidad de un rector de la UNT”, dice el artículo 2 de la resolución que firma su ex vicerrectora y posterior rectora, Alicia Bardón. También está pendiente, aunque por motivos más de tipo burocrático, el retrato de la propia Bardón.
Las fotografías son de época: con trajes y corbatas (incluso moños); no hay registro que se aparte de lo tradicional; funcionan como testigos de grandes o pequeñas, repudiables o elogiadas decisiones. Pero nadie, o casi nadie, los tiene en cuenta.
En otras instituciones, como en la Caja Popular de Ahorros, también están las imágenes de sus presidentes e interventores, pero en un espacio donde no se toman decisiones, como parte de un decorado; son un adorno más de esos salones.
Como se podrá advertir, los valores simbólicos en uno y otro caso son muy distintos.
La inmensa mayoría de las intervenciones en la UNT provinieron de dictaduras que, como ha sido histórico ya en todo el país, unas de sus primeras decisiones fue incursionar violentamente en las casas de altos estudios.
Resoluciones
En la primera resolución que firmó Rodolfo Campero en 1986 (n° 1810- 986) se indica que la galería debería estar en un espacio del despacho del rector. “Serán fotográficos, en una base de cartulina blanca y marco negro. Tendrán una dimensión de 30 x 40 cm...”, se puede leer. Incluso en alguna resolución (rectificada) se menciona que las propuestas serían post mortem, y producida a cinco años de su deceso. Una resolución de 1987 rectificará algunos requisitos, y admitirá retratos de rectores designados por autoridad legímita y en un período constitucional.
Cesantías
“El 6 de abril de 1976, un oscuro coronel, designado como interventor militar de la Universidad tucumana, cesanteó a 77 profesores y auxiliares estudiantiles, encuadrándolos en una ‘Ley de Seguridad del Estado’ que los catalogaba como ‘elementos subversivos y disociadores’, sin fundamento alguno ni derecho a la defensa (coronel Eugenio Barroso)”. Así describe el historiador Roberto Pucci en su trabajo Pasado y Presente de la Universidad Tucumana. “En 1975 se instaló una ‘oficina de inteligencia’ en el rectorado tucumano, que prosiguió su labor de vigilancia y delación durante la dictadura, en la que colaboraban elementos del lopezreguismo y de los servicios de información del Estado. La ideología de la seguridad nacional se impartía en los cursos de ingreso, predicando las burdas nociones geopolíticas del fascismo y del antisemitismo. Más adelante, con una sociedad ya aniquilada y una comunidad universitaria silenciosa y atemorizada, el interventor Carlos Landa ‘regularizaría’ más del 60% de la planta docente universitaria, mediante concursos fraudulentos de los que permanecían excluidos los profesionales e intelectuales críticos e independientes apartados brutalmente de sus cátedras. Fue una de las herencias que la dictadura militar dejó, en su agonía, a la democracia por venir” (pags. 45 y 46).
Entre tantos retratos, pues, faltan los de los interventores: Roberto Rafael Torino 1974-1975; Juan José Pons 1976; Eugenio A. Barroso, 1976-77; Carlos Cornejo 1976-77; Jaime Verdaguer 1977- 1979 y Landa, 1979-1983.
Hay otros interventores que sí tienen sus cuadros, pero han sido designados tales por gobiernos constitucionales, como Pedro Heredia designado por el peronismo en 1973-1974; pero otros interventores del peronismo no los tienen (los nombrados Torino y Pons).
El radicalismo (por sí o con alianzas) que dirigió la UNT desde 1983, se inició con dos interventores cuyos rostros sí están en la sala oval: Luis Salinas (1983-1984) y Eugenio Virla (1984-1986). Unos sí, otros no, y sin explicaciones.
“La creación de la galería de retratos se tomó de la propuesta en la época de Rodolfo Campero. Debían ser rectores elegidos en períodos democráticos o normalizadores designados por regímenes constitucionles”, aclara José Hugo Saab, un funcionario de la UNT con una carrera no menor a los 25 años.
Pero antes de Campero había en esa sala retratos y no son pocos los que atribuyen a Luis Salinas haber bajado algunos.
La Comisión de Derechos Humanos creada en 1985 en la UNT, en su informe, habla de 140 desparecidos en la comunidad universitaria entre 1974 y 1983. Pero otros estudios elevan esa cifra a 186. No parece haber dudas de que fue Pons quien creó el Servicio de Seguridad y Vigilancia de la UNT y designó a su frente a Ismael Haouache (alias El Turco). Fernando Rovetta, presidente de la Comisión Especial del Consejo Superior de la UNT, informa que entre docentes, no docentes y estudiantes se constataron 158 desaparecidos. También sostuvo que la Escuela de Educación Física funcionó como Centro Clandestino de Detención al igual que la Reserva de San Javier.
La sala donde se encuentra la mesa oval guarda muchos secretos, de inolvidables protestas, sesiones, asambleas sobre esa mesa que resistió presiones de todo tipo. Los retratos, cual testigos, observaron silenciosamente todo eso. Y quién de los historiadores y periodistas no quisiera que supieran hablar con voz propia. Por allí han pasado académicos europeos pero también se escuchó el reclamo de las comunidades indígenas contra la megaminería.
No llegó a ocupar su despacho
Alberto Rougés, industrial azucarero de renombrada familia, amigo de Juan B. Terán y de Miguel Lillo, fue elegido rector en 1945, pero se descompuso en el momento de dar su discurso inaugural (20 de abril), y falleció el 4 de mayo de 1945. Su foto está en la sala; no obstante, no llegó a firmar ninguna resolución; ni siquiera pudo ocupar su despacho.
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