Por Soledad Nucci
25 Septiembre 2019
ZONA DE CONFLICTO. En la imagen se ve la vivienda de la familia Vargas. Según la UNT, pretendían levantar una casilla.
En la casilla principal del camino hacia Horco Molle, a la altura de la rotonda de la avenida Perón, habrá, ahora, un custodio de modo permanente. Esa es una de las principales medidas que ha decidido tomar la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) para controlar, sobre todo, las ocupaciones ilegales de terrenos en los alrededores de la Reserva Experimental y del Jardín Botánico, dos de los puntos más emblemáticos del Parque Sierra de San Javier.
“La guardia estará las 24 horas”, dice José Hugo Saab, secretario general de esa institución. Luego explica que la segunda razón de esa disposición es darles seguridad a los excursionistas, ciclistas y corredores que recorren esas sendas. Además, asegura que este miércoles mantendrán una reunión con las autoridades policiales de la ciudad de Yerba Buena con el fin de aunar esfuerzos.
Hace unos días se puso en funcionamiento un cuatriclo de la Policía, que había sido reparado con fondos aportados por la UNT. Ese vehículo es usado ahora para recorrer el área. También al intendente de esa ciudad, Mariano Campero, se le solicitó que refuerce la presencia de la Guardia Urbana Municipal (GUM, por sus siglas) en la zona. Y ayer comenzaron a instalarse 16 cámaras de seguridad, propiedad de la Universidad, en los accesos y en el interior de las instalaciones donde se hace el rescate y la rehabilitación de animales.
Pero nada de eso parece desalentar a quiénes pretenden ocupar tierras dentro del parque: “hubo un nuevo intento de usurpación. Esta vez, en el camino secundario al dispensario”, cuenta Saab.
El episodio ocurrió hace unos días. Una familia de apellido Vargas -prosigue José Luis Castillo, jefe operativo de la Dirección General de Protección Universitaria- había levantado una casilla. Además, detectaron terrenos que habían sido limpiados, con la pretensión de ocuparlos. “Los tenemos a raya”, se jacta Castillo. “Gracias a la guardia que se apostó ahí, se impidió el paso de un vehículo que llevaba materiales de construcción”, añade Máximo Castro, coordinador de una comisión universitaria cuya misión es recuperar los inmuebles que consideran usurpados, especialmente en el interior de las 14.000 hectáreas selváticas que constituyen el Parque Sierra de San Javier.
Desde 1990, esa reserva tiene categoría I de conservación, de acuerdo a la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Esa categoría equivale a una zona roja, porque se trata de sectores de muy alto valor de conservación. En consecuencia, se supone que no deben transformarse.
Medina, el caso testigo
Según un último relevamiento, casi 200 familias viven en los perímetros de la Reserva Natural de Horco Molle. La UNT expropió estas tierras en 1947. Sin embargo, todavía no se encuentran inscriptas en el Registro Inmobiliario de la provincia. Los abuelos y bisabuelos de algunos de los pobladores se asentaron en la zona antes de la expropiación, aseguran sus descendientes. Tal es el caso de Carlos Medina, un poblador que le inició juicio a la universidad por prescripción adquisitiva. Pero la mayoría fueron instalándose en las últimas décadas.
El caso de Medina se dirime actualmente en la Corte Suprema de Justicia, hasta donde su abogado, Omar Reinoso, llegó con un recurso de queja. “Es mentira que antes vivían en un terrenito de cinco por nueve metros. Siempre ocuparon el mismo lugar. Tienen 1,7 hectárea”, asegura el letrado, en respuesta a los dichos Castro, quien hace unos días declaró a este diario que estas personas -al igual que la mayoría- han ampliado sus parcelas, conforme han ido creciendo sus familias.
“Ellos no son usurpadores; no son ocupantes. Queremos que les reconozcan los derechos posesorios de una propiedad originaria. Esta gente representa una cultura autóctona a la cual se quiere extinguir”, razona. En el terreno cercado por los Medina se erigen cuatro viviendas: la de ladrillos a la vista, de Carlos Medina; la de revoque y pintura, donde vive su hermano, José Reymundo Medina; la de tablas paradas, en la que vivía su difunto padre, Tomás Medina, y un rancho en la parte de atrás, levantado hace 100 años -aseguran- por el primero de ellos: Santos Medina.
CERCA DEL CAPS. Esta casilla fue desmantelada hace pocos días. LA GACETA / FRANCO VERA
Esas edificaciones, entre otras, atestiguarían la permanencia invocada, según Reinoso. También los postes que sostienen el cercado son casi centenarios, afirma. Y por último, señala la vegetación, pues detalla que la propiedad se encuentra forestada con laureles; pacarás; moras y arrayanes de antaño.
La UNT planea concederles a los lugareños una tenencia o un permiso de uso y goce de sus viviendas. Para ello deberán reconocer por escrito a esa institución como la legítima propietaria de las tierras. Según la idea que barajan los funcionarios, esa concesión durará hasta que muera el tenedor. Si los vecinos se niegan a firmar esa acta acuerdo, evalúan iniciarles juicios de desalojo.
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