"Conmigo la Universidad está fundida", dice Sosa, demandado por daño ambiental

“Voy a destinar cada año que me queda de vida y cada centavo que saque de estas tierras para terminar con Bejas y con esos abogaduchos”. Es viernes por la mañana y en San Javier hace frío. Pese a ello, Próspero Marcelo Sosa conversa a la intemperie, a un costado de la ruta 338. Apenas ha abierto el portón de hierro, rojo, detrás del cual ha erigido un barrio privado al que ha llamado Las Pirámides y por el que se enfrenta a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). “No. No van a pasar. Vamos a hablar aquí nomás. Apoye su computadora en el capot de mi auto... si quiere”. Se lo oye molesto. Y la razón de su molestia es un artículo periodístico que se ha publicado en este diario, en el cual se informa que esa institución le ha iniciado querella de reivindicación por daño ambiental. Y que esa acción se tramita en el juzgado federal de primera instancia a cargo del juez Daniel Bejas.

“Soy el dueño de estas tierras. Aquí he nacido y me he criado. Aquí vivieron mis padres y mis abuelos. Aquí vive mi hijo. La gente de San Javier nos conoce. Fuimos agricultores. Durante años, hemos sembrado hortalizas. Nuestra permanencia excede lo que exigen las leyes. Nos consideramos legítimos poseedores”, prosigue. En su demanda, la Universidad solicita -además de la recuperación del bosque-, la restitución de las 40 hectáreas en las que se asienta el loteo, pues considera que Sosa ha usurpado un sector del Parque Sierra de San Javier, una reserva natural que es administrada por esa casa de estudios.

Pero Sosa, además de alegar esa prescripción a su favor, sostiene que la UNT no tiene potestad para hacerle ningún reclamo porque no cuenta con una ley que acredite su creación. En consecuencia -razona-, todas sus intervenciones son nulas. Algo similar sucede con el parque biológico, plantea él: “es un parque fantasma. No existe. No está inscripto en ninguna parte. Hay unos cuantos civiles que andan en una camioneta diciendo que son guardaparques. Y quieren hacerme cumplir las órdenes de su rector a la manera de un esclavo”, continúa.

Luego, asegura que perseguirá penalmente a la Universidad y a Bejas por falsificación de documentos públicos y por hostigamiento, respectivamente. “De cualquier parte juntan policías y vienen. Se manejan con total impunidad. En un abrir y cerrar de ojos se munen de documentación falsa, violentan mi propiedad y me malquistan en los medios de comunicación. ¿Sabe lo que es eso? Somos gente pacífica... labriegos de toda la vida. Además, aquí viven otras personas que me han comprado”, añade.

Entre otros documentos que considera probatorios de sus dichos, Sosa le entrega a este diario una nota en la que una becaria, María Marta Ayup, le pide permiso para realizar estudios de campo “en un sector de su propiedad”. La hoja lleva la firma de Alfredo Grau, ex director del Instituto de Ecología Regional de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo.

“Conmigo, la Universidad va fundida. Está fundida. Esos ensueños de desalojo que tiene... el juicio que le está haciendo a Medina... los caños que le quitó a Torres... todas sus intervenciones en esta propiedad... ¡Son ellos los que no tienen ningún tipo de título!”, exclama.

Actualmente, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación se dirime el caso de Carlos Medina, un poblador de Horco Molle que reclama la prescripción adquisitiva de un inmueble que se encuentra en los predios de la Reserva Experimental, uno de los sitios más emblemáticos del parque biológico. Carlos Torres es otro ciudadano que exige la posesión de un terreno situado en Tapia. El año pasado, la UNT secuestró una red de agua que había sido tendida con autorización de Torres para ujn barrio privado que se está construyendo cerca del presio universitario.

La foto de Google

El Parque Sierra de San Javier fue creado en 1973, a través de una resolución rectoral. Se extiende a lo largo de más de 14.000 hectáreas. Sosa asegura que él posee 4.800 hectáreas. Si fuese así, lo suyo representaría un tercio de esa reserva. El abogado Máximo Castro -coordinador de una comisión universitaria cuya única misión es recuperar ese y otros bienes que consideran usurpados- se encoge de hombros: “no ha presentado ninguna documentación que demuestre la posesión invocada”.

Desde 1990, el parque biológico tiene categoría I de conservación, de acuerdo con la Ley Nacional 26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Esa categoría equivale a una zona roja. Se trata de sectores de alto valor. Y eso significa que rige una prohibición absoluta: no se puede edificar nada. Pero basta con observar una imagen satelital en Google Maps para advertir la magnitud del desmonte. Cuando se le pregunta a Sosa si posee algún informe de impacto ambiental y hasta dónde llega la tala, responde que “está así” porque antes se labraba la tierra.

La acción de reivindicación por daños y perjuicios fue iniciada en febrero último. La UNT exige, asimismo, una indemnización por el daño medioambiental. En diciembre del año pasado, Bejas había hecho lugar a una medida cautelar reclamada por la UNT, y ordenó suspender la construcción de viviendas y la poda de árboles.

No obstante, la disputa se remonta a dos décadas atrás, al menos. En 2008, Sosa fue sobreseído (por el mismo Bejas) de una acusación de usurpación que le había formulado la Universidad en 1998. En esa ocasión, el magistrado le puso fin a la acción penal por prescripción, ya que durante esos años la UNT ni siquiera se constituyó en querellante (“no se siguió el caso como correspondía”, reconoce Castro).

Tras ese fallo, Sosa comenzó a erigir su barrio. “En esa época, no sabía nada de Derecho. Y gané. Ahora, que tengo conocimientos como para un posgrado, volveré a hacerlo”, se jacta. La charla termina. En vez de tender la mano con distancia, como hizo al comienzo de la entrevista, ahora saluda con un beso en la mejilla. Agradece que se lo haya escuchado. Y promete un mejor recibimiento, en una próxima ocasión: “estoy seguro que esto dará para más...”.