El proyecto de la ley contra los “dealers” prevé nuevos jueces

El Poder Legislativo dio ayer el puntapié para concretar el objetivo acordado en la última reunión de la comisión de Labor Parlamentaria: sancionar este jueves una nueva ley que habilite a la Justicia provincial a intervenir y tramitar causas penales sobre narcomenudeo, como se denomina a la venta de drogas a menor escala.

El desafío no es simple. En 2014, la anterior composición legislativa había aprobado una norma en ese sentido. Su puesta en vigencia estaba prevista para 2015, pero su aplicación no pudo hacerse efectiva. A partir de una acción declarativa de inconstitucionalidad planteada por el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, la Corte Suprema de Tucumán dictó una cautelar y, tras una audiencia celebrada en julio de ese año, se acordó la suspensión de los términos de los plazos. En 2018 la Legislatura había requerido la reapertura de la causa, pero se resolvió que al “no ser parte actora”, no correspondía cursar el pedido.

Ante esta situación, el Poder Legislativo resolvió derogar este jueves aquella ley sancionada en 2014 y aprobar una nueva. En principio, el espíritu es similar, ya que adhiere a la Provincia a un sistema creado por normas nacionales mediante las cuales se habilita la competencia de los tribunales locales “cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor”, entre otras disposiciones.

El proyecto también impulsa un requerimiento formal a la Nación, sobre la base de leyes federales, para que lleve a cabo transferencias presupuestarias a la Provincia para la seguridad y las cárceles.

También se contempla la distribución de los bienes decomisados en los operativos: 40% a la Justicia provincial, para la lucha contra el narcomenudeo; 30% a la fuerza antidrogas de la Policía provincial; y el 30% restante al Ministerio de Desarrollo Provincial de la Provincia “para dar contención y protección a víctimas” de la venta de droga.

El anteproyecto impulsa la creación de nuevos despachos judiciales, especializados en estos delitos. Se prevén dos Juzgados de Lucha contra el Narcotráfico para la Capital y otro para Concepción; e idéntica cantidad de Fiscalías de Lucha contra el Narcotráfico en cada distrito. Hasta que se produzca la cobertura de esos cargos, agrega la iniciativa, se asignarán las funciones específicas a oficinas ya existentes.

Los artículos finales apuntan al seguimiento de la norma, a través de una comisión especial interpoderes que se renovará cada cuatro años, y la capacitación obligatoria anual del personal policial.

Hoy, dos comisiones se reunirán para darle dictamen al proyecto. Las fuentes indicaron que están en consulta permanente con operadores judiciales provinciales, con el fin de poner en vigencia el nuevo régimen el 1 de enero de 2020.

Osvaldo Jaldo (PJ)

“Estamos perdiendo generaciones”

El vicegobernador, Osvaldo Jaldo, ratificó ayer durante un recorrido oficial que la Legislatura sancionará una nueva Ley contra el Narcomenudeo. “El objetivo es que el Gobierno de la Provincia, a través de los tres poderes del Estado, pueda accionar (en estos casos), para poder atrapar, juzgar y encarcelar a todos aquellos que venden droga en menor escala en cada lugar de la provincia”, afirmó el presidente de la Cámara. Y mostró su preocupación por la situación. “Como Provincia de Tucumán nos tenemos que meter de lleno para contrarrestar el flagelo de quienes venden esa basura, esa porquería, y que están envenenando nuestros niños, nuestros jóvenes, estamos perdiendo generaciones de tucumanos y de argentinos”, detalló.  Remarcó: “el objetivo es que la Justicia provincial y el Ejecutivo puedan accionar en cada barrio, en cada esquina, y que todos los que vendan droga vayan presos”.

Javier Pucharras (PJ)

“resolver todos los cuestionamientos”

“Esta ley trata de resolver todos los cuestionamientos (que había recibido la norma anterior)”, explicó el presidente de la comisión de Seguridad y Justicia. Detalló que la Legislatura sostiene su “apertura hacia el Poder Judicial y el ministerio fiscal (Edmundo Jiménez), con todos involucrados (en el tema), para sacar la mejor ley y avanzar contra este flagelo tan tremendo”. “Más allá de que la desfederalización (del narcomenudeo) es complicada, porque se pierde el hilo del narcomenudeo hasta los grandes vendedores, es muy relativo. Hoy los resultados no son óptimos. Si tenemos la decisión política de avanzar con el tema, los resultados se conseguirán. Que la Provincia se haga cargo es muy bueno. Por supuesto, tenemos que coordinar esto con la Justicia federal, porque hay un gris en la ley que permite avanzar sobre el narcomenudeo”, señaló el ex intendente de Tafí Viejo en una entrevista con Buen Día, el noticiero matutino de LG Play.

José Canelada (UCR)

“La voluntad política es avanzar”

“Estuvimos trabajando con legisladores de otros espacios en un dictamen consensuado para sancionar una ley que permita que la Justicia provincial pueda investigar y sancionar el narcomenudeo en Tucumán. Hay una voluntad política de la Legislatura de avanzar en esto”, indicó el presidente del bloque de la UCR. Y detalló que, “lamentablemente no se pudo avanzar en su momento porque el ministro fiscal Edmundo Jiménez planteó que esto era inconstitucional”. “Basta de excusas: los legisladores vamos a darles las herramientas a los fiscales y jueces para que hagan su trabajo, y el Poder Ejecutivo debe desarrollar un trabajo integral en los barrios”, planteó el legislador, que es vicepresidente de Asuntos Constitucionales. “Creemos que es una herramienta fundamental para que saquemos de nuestros barrios a los dealers que se están apoderando de la vida y el futuro de nuestros chicos”, agregó el presidente de la bancada radical.

Claudio Viña (N. Fuerza)

“Trabajar sobre dos elementos”

El presidente de la comisión de Lucha contra las Adicciones de la Legislatura remarcó que en el “negocio macabro del narcomenudeo” contiene dos partes. “Por un lado, el pequeño vendedor; por otro, el consumidor. La idea es trabajar sobre estos dos elementos, en el último caso rehabilitándolo, poniendo a su alcance lugares de recuperación, y en el otro, posibilitando que las fuerzas locales no tengan que esperar un megaoperativo de las fuerzas federales, que quizás trabajan a nivel macro”, afirmó en una entrevista con Buen Día, el matutino de LG Play. El referente de Nueva Fuerza señaló que “en todos los barrios, en las recorridas políticas, nos dicen que venden droga”. “Queremos que la Policía local tenga competencia (en esos casos”, explicó el opositor, que hizo aportes al texto en cuanto a los decomisos. “Creo que ningún fiscal ni ministro público va a pedir que esta ley no se aplique”, remarcó.

Stella Maris Córdoba

“Un correlato en lo judicial”

“El objetivo es posibilitar una herramienta que permita la lucha contar el narcomenudeo no sólo como política de seguridad en la Provincia, sino para que además tenga un correlato en lo judicial”, explicó la presidenta del bloque Proyecto Popular. La peronista señaló esto en alusión a que el Ejecutivo, a cargo del gobernador Juan Manzur, dispuso la creación de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico. “Pero las acciones que se realizan desde allí no tienen corolario judicial”, describió. En cuanto a los aspectos técnicos de la iniciativa, remarcó que se derogará la ley 8.664, sancionada en 2014, para poder poner en vigencia el nuevo texto. “A la vez, el proyecto plantea la creación de juzgados y fiscalías específicas. Para no esperar todo el proceso de designación de magistrados, tanto la Corte como el Ministerio Público podrán establecer a quienes se ocupen del tema, transitoriamente, de entre los despachos ya en funcionamiento”, detalló la justicialista.

Alberto Colombres G.

“No es un problema de recursos”

“Desde la Legislatura, el jueves vamos a insistir con una ley para que la Provincia se haga cargo de los delitos de narcomenudeo”, planteó el presidente del bloque PRO-Cambiemos. Según el macrista, hay una “mora” de cinco años con respecto a la norma sancionada en 2015. “El ministro fiscal Edmundo Jiménez obtuvo un amparo alegando, entre otros motivos, que no contaba el fuero penal con el presupuesto necesario para hacerse cargo de estos delitos. Eso es absolutamente falso. El régimen nacional al que se adhería por ley establecía que las provincias que asuman la competencia del narcomenudeo recibirían fondos de la Nación. Además, se facultaba al Ejecutivo a hacer adecuaciones presupuestarias. No es un problema de falta de recursos, sino de voluntad política de hacerse cargo del delito. Esta ley, seguramente, va a salir por unanimidad en la próxima sesión”, planteó Colombres Garmendia.