Contrabando: la crisis en la frontera con Bolivia repercute en Tucumán

“Esto va a terminar mal. Las autoridades nacionales no entienden de qué se está hablando”, sostiene Julio Ramírez, uno de los tantos tucumanos que realizan viajes al norte del país para transportar mercadería que ingresa ilegalmente desde Bolivia. “No sólo están atentando contra la principal actividad de la que viven miles de personas de ambos países, sino que también perjudican a quienes nos dedicamos a transportar personas y productos*, y a* los comerciantes que los venden en todos lados”, añadió.

El esquema es complejo, pero forma parte de una realidad económica que se extiende mucho más allá de la frontera. El sistema funciona de la siguiente manera: los tucumanos pueden viajar a través de tours de compras, hacerlo de manera particular o contratar a personas de confianza para que realicen compras mayoristas y luego les envíen la mercadería por encomienda. Uno de los principales centros de las operaciones está en Aguas Blancas, localidad salteña que limita con Bolivia y que está ubicada a unos 540 kilómetros de Tucumán.

“El mayor problema es que pocos conocen la realidad. Muchos piensan que las mercaderías que traemos son las que se venden en las ferias. Pero nada que ver. El 80% de los showrooms venden los productos que traemos nosotros”, sintetizó Ramírez. “Todo el mundo sabe que en Tucumán hay cuatro o cinco grandes centros de compras que venden al por menor y al por mayor esa mercadería. Es más, hay tours de compras que traen personas de otras provincias para comprar ahí”, indicó Esteban Lazarte, comprovinciano que viaja regularmente para comprar mercadería que luego revenderá.

“Resulta que ahora quieren perseguir a los laburantes, pero nadie hace nada con los grandes acopiadores. Por el volumen de mercadería que venden, es necesario tener una logística que incluya hasta camiones”, explicó Lazarte. “La Nación tiene en estos momentos una bomba en sus manos. Si se pone dura, no sólo afectará fuentes de trabajo, sino que les quitará a muchas personas la posibilidad de comprar cosas de buena calidad a un precio menor. Cuando esta gente se quede sin la posibilidad de vestir a sus hijos, veremos qué pasará”, sostuvo Juan José Castro, también chofer de un utilitario.

Tanto las fuerzas federales como la Policía de Tucumán, a través del Operativo Lapacho, habrían mantenido hasta ahora determinados criterios de flexibilidad a la hora de realizar controles. Según fuentes consultadas, uno de los problemas que enfrentan las autoridades es la falta de espacios suficientes para almacenar la mercadería decomisada. Días atrás, en Aguilares se registró un hecho insólito. Personal de Gendarmería Nacional enterró ropa que había sido incautada ante la imposibilidad de continuar almacenándola. Los vecinos se enteraron y terminaron llevándosela.

Situación crítica

“Estamos hablando de una grave crisis”, sostuvo Adrián Zigarán, interventor de Aguas Blancas. “Se debe entender que estamos hablando de dos países que atraviesan una crisis económica y social muy importante. Pero no por ello podemos permitir que se haga lo que se quiera”, indicó en una entrevista con LA GACETA.

En menos de un mes, pasadores y bagayeros se enfrentaron dos veces con los efectivos de Prefectura Naval que, en el marco del Plan Güemes, fueron trasladados para realizar tareas de control en el río Bermejo. “Es un tema complicado que requiere un análisis más profundo. Hay que atender la cuestión social, pero también la legal. Hemos hablado con los trabajadores y les avisamos que si no aceptan ser controlados, se cerrará la frontera”, advirtió Zigarán.

El interventor de Aguas Blancas sostuvo que hoy deben priorizarse otras cuestiones. “Hay que regularizar todo. Por ejemplo, no puede ser que la empresa de transporte de pasajeros que une mi localidad con Orán lleve más bultos que pasajeros, cuando no está autorizada para hacerlo. Ni hablar de las empresas de transporte de encomiendas que, según surge de distintas investigaciones y ante la falta de controles suficientes, son utilizadas para trasladar droga a distintos puntos del país”, comentó.

Según Zigarán, a partir de los próximos días podrían surgir novedades con respecto a los valores de los productos que se comercializan en el vecino país. “Durante años, Bolivia mantuvo fuertemente subsidiado el precio de los combustibles. Ahora, el gobierno de Rodrigo Paz decidió eliminar el subsidio general al diésel y el litro tuvo un incremento superior al 80%. Este fuerte aumento, sin lugar a dudas, terminará afectando los precios de todo. Desde la ropa, pasando por las hojas de coca y hasta la droga”, finalizó.