Dos años y 2.300 denuncias

07 Ago 2019 Por Indalecio Francisco Sanchez

El 12 de julio de 2017 comenzaba a ver luz una trama de hechos oscuros en el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). Ese día -más bien esa noche- LA GACETA ponía al aire “Panorama Tucumano” y mostraba una serie de vínculos entre funcionarios del organismo y empresarios de la construcción, contratos poco claros, números que no cerraban y gestores truchos con presuntos vínculos con el organismo, entre otras irregularidades. En muchos casos, los propios involucrados terminaron admitiendo lo que había develado la investigación periodística.

A partir de allí estallaron las denuncias: más de 2.300 en la Justicia penal, al menos cinco causas y cientos de cuestionamientos desde distintos sectores impactaron contra el inmutable Ipvdu. La “causa Marán” involucra a altos mandos del Ipvdu y está a cargo de la fiscala Adriana Giannoni. Surgió luego de que se revelara la existencia de una estructura paralela en el Ipvdu en “Panorama Tucumano”. La senadora Silvia Elías de Pérez apuntó contra dos funcionarios del instituto, Lucas Barrionuevo y Miguel Jiménez Augier, y ligó al primero a la empresa Marán Construcciones SRL, que habría obtenido un trato preferencial en el Ipvdu. Ambos estuvieron detenidos, fueron investigados y ahora volvieron a sus actividades con una normalidad cuasi total. En estos días estalló la bronca de denunciantes del caso: Barrionuevo marca tarjeta y pide licencia cada tanto en el organismo, mientras Jiménez Augier habría retomado sus funciones en otra área del Estado (Obras Públicas) y disfrutaría de salidas al exterior sin mayores complicaciones.

Otra es la “causa Manzaraz”, en la que un agente del organismo con ese apellido -y de nombre Daniel-, fue detenido el 2 de marzo de 2018 mientras acompañaba a una mujer a la escribanía para recibir una seña de $ 100.000 relativa a una casa construida por el Estado en Manantial Sur. El fiscal Diego López Ávila detectó la operación gracias a la información, al video y a los audios que aportaron tres supuestos estafados por la presunta intermediaria Elizabeth Alzogaray. Manzaraz quedó libre. Justamente, la “causa Alzogaray” involucra a alrededor de 2.300 denunciantes que dijeron a la Justicia penal provincial que habrían sido estafados por una red de gestores apócrifos del Ipvdu. En enero del año pasado, la interventora Noemí Ferrioli hizo una denuncia penal a partir de una publicación de este diario. En su declaración como imputada, Alzogaray incriminó al ex interventor Gustavo Durán (quien falleció en noviembre) y reveló lazos con el oficialismo. López Ávila también investiga este caso. La cuarta es la “causa Juárez”, que tiene que ver con la actuación de Diego Juárez, un supuesto agente inmobiliario que ofrecía casas en Villa Carmela, barrio construido con fondos del Estado y entregado en marzo. La causa ingresó en la Fiscalía N°11, a cargo de Adriana Giannoni. En una quinta, el Ipvdu también habría denunciado a la mujer que en “Panorama Tucumano” exhibió ofreciendo casas de Manantial Sur e incluso fabricando papeles para que el “interesado” pudiese obtener la vivienda social.

Pese a todo ello, la matriz de corrupción parece seguir firme. Gran parte de las empresas constructoras habrían jugado un rol clave en aquellas irregularidades, como mínimo, avalando con su silencio o “haciendo la vista gorda” ante los favores que se distribuían entre algunos jugadores. Nada decían de la aparición de nuevos actores ni de los vínculos entre funcionarios y empresarios ni de cuasi carterizaciones ni de supuestos arreglos en licitaciones y adjudicaciones de obra. Son los mismos que hoy se quejan del parate y del daño que generó a la actividad de la construcción el escándalo que generó el “caso Ipvdu”, es decir, la maraña de denuncias que comenzó aquel 12 de julio de 2017 y que pareció abrir una herida fétida e infectada de corrupción por todos lados.

Pasaron apenas poco más de dos años y no hubo ningún otro avance con el “caso Marán” ni ninguno relevante en ninguna de las otras causas. Cada tanto, los “falsos gestores” vuelven a aparecer, mientras en el organismo todo sigue igual. Como en la Justicia, de la que se mofan los que disfrutan de las mieles de haber estafado a miles de tucumanos y al propio Estado con el negocio de las viviendas.

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