Un récord de acusaciones jaquea a la Justicia de Paz

Mayo y junio fueron meses negros para la Justicia de Paz de Tucumán. El ingreso del cuarto pedido de destitución a la comisión de Juicio Político de la Legislatura supone un récord de acusaciones en esa organización del Poder Judicial. Esta acumulación de cuestionamientos comenzó por la serie vinculada con la celebración de casamientos civiles en provincias vecinas, que involucra a José Luis Guerra (El Manantial), a Josefina Penna (Yerba Buena) y a Juan Cipriani (Gonzalo, Trancas) -ver “Avanza la tercera...”-. La última acusación describe múltiples objeciones al desempeño de Lídoro Alberto Macedo, juez de Paz de San Pablo trasladado a Tacanas (Leales) justamente por irregularidades que dieron lugar a que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán abriera un sumario administrativo (se informa por separado).

La cuarta denuncia lleva la firma del abogado Gustavo Morales, que suscribió todas las demás presentaciones contra jueces de Paz en trámite en la comisión de Juicio Político, y de Mario Vittar, el empleado de la Junta Electoral Provincial que antes había promovido la destitución de Guerra. Los denunciantes asignaron a Macedo una gama variada de incumplimientos. Dijeron que había incurrido en moras excesivas y en irregularidades en amparos a la simple tenencia, y que su conducta como juez de Paz había dado lugar a la promoción de numerosas denuncias penales y de juicios civiles, además de a la iniciación de diversos sumarios administrativos y a la aplicación de distintas sanciones. “Su permanencia en el cargo genera daños irreversibles al servicio de justicia adecuado y transparente. Ese perjuicio se ‘exacerba’ porque (Macedo) sigue percibiendo un importante sueldo”, observaron Morales y Vittar.

“Hablaré cuando me jubile, si es que me dejan jubilar. Mis hijos y mi hermano (Eudoro Albo, camarista de Apelaciones en lo Penal de Instrucción) trabajan en Tribunales, y no quiero perjudicarlos”, manifestó Macedo este lunes a LA GACETA. El juez de Paz, que tiene 67 años, llegó a su cargo en 2001. Según comentó, en el presente estaba juntando los papeles y requisitos para solicitar la jubilación con el beneficio del 82% móvil.

“Brisa de eticidad”

La ola de cuestionamientos contra los jueces de Paz empezó el mes pasado, cuando trascendió que el servicio de las bodas a domicilio había traspasado los límites tucumanos, como surge de las denuncias contra Guerra, Penna y Cipriani. Estas revelaciones expusieron que los casamientos implicaban un ingreso adicional al sueldo oficial de hasta $ 6.000 por casamiento, además de tratarse de una prestación desregulada, que los jueces de Paz desarrollaban según su criterio y sin respetar sus jurisdicciones territoriales.

La denuncia contra Macedo recuerda que la Corte lo había sacado de San Pablo en 2017 tras detectar una serie de anomalías (el Juzgado de esa jurisdicción está desde entonces a cargo de Raúl Aguilar). En esa ocasión, el en ese momento presidente del alto tribunal, Antonio Gandur, advirtió que Macedo faltaba a su trabajo; que tenía al menos tres denuncias penales por lesiones y amenazas, y que Raúl Scrocchi, actual superintendente interino de los Juzgados de Paz, había detectado “hechos graves” atinentes al diligenciamiento de cédulas que correspondía dilucidar.

Morales y Vittar manifestaron que había llegado la hora de “llamar a las cosas por su nombre” puesto que Macedo seguía, en los papeles, siendo juez de Paz de San Pablo. “Su comportamiento es indigno e impropio de un integrante del Poder Judicial. Probablemente este halo de impunidad se deba a que su hermano Albo es camarista de Apelaciones”, conjeturaron. Y dijeron que existía una “absoluta inercia procesal” en las causas penales que involucraban a Macedo: “es imprescindible que este juez de Paz sea destituido, aunque sea para que sople una ‘brisa de eticidad’”.

Sumario

La corte se apresta a resolver una pesquisa de 2017

El 2 de junio cumplió dos años el último sumario administrativo abierto contra Lídoro Alberto Macedo, juez de Paz de San Pablo trasladado a Tacanas (Leales). La Corte Suprema de Justicia de Tucumán ratificó la investigación interna por incumplimientos reiterados en octubre de 2018, cuando rechazó el recurso que había interpuesto el funcionario. Según pudo averiguar este diario, el sumario está terminado, y un proyecto de resolución circula entre los vocales Daniel Posse, Antonio Daniel Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Leiva. Al parecer, la mayoría de los jueces supremos se inclinaría por pedir la destitución de Macedo. En ese caso, la solicitud de la Corte se sumaría a la del abogado Gustavo Morales.