Acusan a una empleada legislativa por estafas con la venta de casas del IPV
La mujer habría utilizado su cargo y supuestos vínculos políticos y gremiales para convencer a las víctimas. Ya había sido acusada por hechos similares y, según la investigación, habría continuado con las maniobras. Los recaudos que se deben tomar.
Resumen para apurados
- Acusan a una empleada legislativa en Tucumán por estafar a personas con la venta ilegal de viviendas del IPV usando supuestos contactos oficiales.
- La mujer utilizó su cargo y presuntos vínculos políticos o gremiales para engañar a las víctimas. Ya contaba con antecedentes por maniobras similares.
- El caso reaviva la alerta sobre fraudes inmobiliarios estatales y expone la necesidad de reforzar los controles y recaudos en la adjudicación de casas.
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María Alejandara Arrieta, empleada legislativa, fue procesada por presuntas estafas vinculadas con la venta de viviendas sociales por más de $14 millones. Según la acusación, utilizaba su condición de trabajadora de la Legislatura y aseguraba tener contactos políticos y en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para concretar las maniobras.
Según la investigación realizada por el fiscal Diego López Ávila, son cuatro los casos por los que se le formularon cargos. Estos son:
- Caso 1: A fines de 2022, la acusada, fingiendo ser gestora y manifestando tener contactos e influencia en el IPV y en la Legislatura, ofreció la adjudicación de una vivienda en la localidad de San Andrés. La víctima le entregó $3,1 millones, pero nunca recibió la casa prometida. Según consta en el expediente, al no poder cumplir con lo acordado, comenzó a inventar excusas para sostener el engaño. La damnificada, cuya identidad se mantiene en reserva, denunció a principios de este año haber sido víctima de una estafa.
- Caso 2: El 10 de noviembre de 2023, se presentó como empleada de la Legislatura y abogada vinculada al gremio UPCN, asegurando tener importantes contactos. Ofreció gestionar la entrega de una vivienda en Manantial Sur a cambio de $2,2 millones para el terreno y $40.000 en concepto de gastos de escribanía. La víctima entregó casi $2 millones, pero nunca pudo acceder al inmueble prometido.
- Caso 3: El 23 de abril pasado, haciéndose pasar por abogada, ofreció recuperar una vivienda para el IPV en Manantial Sur a cambio de $4,1 millones. Cuando llegó la fecha pactada para la entrega, la acusada no cumplió con lo acordado.
- Caso 4: El 10 de agosto, durante un viaje en Uber, le comentó al conductor que se dedicaba a recuperar viviendas sociales que no habían sido ocupadas. El hombre le respondió que tenía un familiar interesado y le pidió un contacto. Ese mismo día, la acusada se reunió con la potencial víctima, presentándose como abogada y miembro de la Confederación General del Trabajo (CGT), y consiguió que le entregara documentación personal y $150.000 para iniciar las supuestas gestiones. Al día siguiente, el damnificado le entregó $5 millones como anticipo por la compra de un terreno valuado en $12 millones. Además, los convenció de inscribirse en el sistema, por lo que les cobró otros $300.000. La detención de la mujer frustró la concreción de la maniobra.
La acusación formal
El fiscal Diego López Ávila investigó el caso y, al reunir evidencias en contra de María Alejandra Arrieta, ordenó su aprehensión. Posteriormente, a través del auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto, le formuló cargos por estafas vinculadas con la venta de viviendas sociales. La mujer ya había sido acusada por un hecho de características similares, pero con el avance de la investigación aparecieron nuevas denuncias.
El representante del Ministerio Público solicitó que se le dictara la prisión preventiva por 45 días. Fundamentó el pedido en dos razones. La primera, que podría entorpecer la investigación mediante amenazas o nuevas promesas falsas dirigidas a las personas afectadas. La segunda, considerada de mayor relevancia, fue que, pese a haber sido previamente acusada por este tipo de delitos, habría continuado buscando víctimas para desarrollar la maniobra.
El juez interviniente aceptó parcialmente el planteo de Rodríguez del Busto y dispuso que la medida cautelar se cumpliera bajo la modalidad de arresto domiciliario con pulsera electrónica de monitoreo.
Perfiles y algo más
Según confiaron fuentes judiciales, las víctimas son personas trabajadoras que desde hace años buscaban acceder a una vivienda propia. “Desgraciadamente, la desesperación de muchos termina siendo aprovechada por personas que buscan mecanismos para estafar”, señaló una fuente cercana a la investigación.
Hasta no hace mucho tiempo, la jurisprudencia indicaba que, ante casos de estas características, debían iniciarse dos expedientes: uno por estafa y otro por cohecho. Los magistrados entendían que quienes obtenían viviendas mediante estos mecanismos estaban pagando sobornos en lugar de recurrir a los canales legales.
Operadores judiciales explicaron que, debido a la crisis habitacional, esa interpretación comenzó a ser revisada. Los jueces empezaron a analizar con mayor profundidad el contexto en el que se desarrollan estas maniobras. Entre otros aspectos, evalúan si los acusados tienen algún vínculo real con los organismos encargados de adjudicar viviendas sociales o si se aprovechan de una apariencia de legitimidad para engañar a las víctimas.
En el caso de la empleada legislativa, se determinó que no tenía relación alguna con el IPV. Además, habría concretado los engaños asegurando ser abogada y afirmando tener vínculos con distintos gremios. “Es totalmente comprensible que las víctimas hayan caído en el engaño”, sostuvo una fuente judicial.
Cómo prevenir estas maniobras
Los especialistas recomiendan tomar una serie de recaudos para evitar ser víctima de este tipo de delitos:
- Realizar todos los trámites exclusivamente en organismos oficiales.
- Si es contactado por un gestor, verificar previamente su identidad y facultades.
- Esperar únicamente los anuncios oficiales sobre adjudicación u ofrecimiento de viviendas sociales.
- No realizar pagos por gastos administrativos, impuestos o derechos en cuentas que no pertenezcan a organismos oficiales.
- Consultar siempre al IPV para confirmar la veracidad de cualquier ofrecimiento.
- Denunciar de inmediato cualquier situación sospechosa o maniobra fraudulenta.
