La licuadora de la representación

El camino hacia esa buena nueva que es la celebración de las elecciones (acudir a las urnas implica que el régimen democrático está vigente) parece estar empedrado de novedades agoreras. Durante esta semana, el cierre de la inscripción de candidatos a los 347 cargos provinciales que se disputarán en los comicios del 9 de junio cristalizó una estadística que arroja dos malas noticias. Una para la república. Y otra para la democracia misma.

La primera certeza desdichada que alumbró el registro de la Junta Electoral Provincial es que hoy, en Tucumán, hay un candidato cada 75 personas. Eso surge de dividir la población de 1,4 millón de comprovincianos en las 18.651 postulaciones anotadas.

Semejante desproporción anuncia la inevitable reedición de un mal institucional que los tucumanos padecen desde los 90: la licuación de la representatividad. A partir de que, en sentido figurado, hay casi un candidato por cada manzana barrial, otra vez advendrá el triste fenómeno de los legisladores consagrados con 10.000 votos para dictar, frenar, modificar o derogar leyes que regulan la convivencia de 1,4 millón de tucumanos.

El mismísimo oficialismo provincial reveló en el ciclo “Tucumán dialoga”, encarado hace tres años, una cifra global que dimensiona cabalmente las consecuencias de la dispersión del sufragio que genera esta marea de postulaciones. En las elecciones de 2015, según los datos oficiales, quienes obtuvieron un cargo electivo sólo acumularon el 35% de los votos. El resto fue para candidatos que no se consagraron. Es decir, el 65% de los votantes tucumanos, directamente, se quedó sin representación gracias a la vigencia del régimen de acoples.

“Tucumán dialoga” era el prólogo de la reforma electoral que, tal y como confirma el aluvión de postulaciones perpetrado esta semana, sólo fue un amague. Un maquillaje que fulminó los partidos municipales y comunales, en una medida de dudosa constitucionalidad que rompió un principio sustancial de la democracia moderna como es la asociación local, que permite a los vecinos organizarse para solucionar sus problemas locales.

Claro está, el régimen de acoples llegó para malversar la figura de los partidos políticos (los deprava hasta desnaturalizarlos y reducirlos a meras colectoras de votos) y terminó habiendo partidos comunales inscriptos con siete afiliados. Pero la situación de los partidos políticos provinciales no es diferente: solamente cambia la cantidad de fichas de afiliación.

Lo cual, por cierto, lleva a la segunda mala noticia. La del mal agüero para la democracia.

Sin nombre

Hay 18.651 candidatos porque, para participar de los comicios que se celebrarán dentro de exactos 30 días, se anotaron 77 partidos provinciales. Nada mejor para mensurar semejante desmesura que el hecho mismo de que, si bien sobran los adjetivos para calificarla, no hay un sustantivo para nominar este fenómeno.

Hay sistemas unipartidistas durante los regímenes totalitarios. Hay bipartidismo en la tradición anglosajona, pero no de derecho sino de hecho: no hay una regulación social sino que esas sociedades asumen que se vota por un partido o por otro. Hay sistemas multipartidistas en la Europa contemporánea y en varios países de nuestra región, cuando la oferta no se reduce a dos opciones, sino cuando se amplía hasta cinco. Y hay, más dispersos en el globo, mecanismos pluripartidistas, porque la disputa abarca hasta una decena de propuestas. Pero no hay una palabra para designar un esquema de 77 partidos políticos.

Si tal cosa no tiene nombre (es ab omine, es decir, abominable) es porque si no se tienen dos, ni cinco, ni 10 partidos políticos, sino 77, lo que en realidad no se tiene es un sistema de partidos políticos. Y, de manera trágica pero perfectamente coherente, como hay un sistema de partidos que no es un sistema de partidos, ya en 2015 para el 65% de los tucumanos que fueron a las urnas hubo una elección que se parece mucho a una “no elección”. Porque ese 65% de los electores no votó a opciones que no ganaron y se constituyeron en minorías, sino que directamente votaron a quienes jamás alcanzaron un cargo. Léase, dos de cada tres tucumanos fueron a elegir representantes, pero su voto se quedó sin representación.

Lo que hay, entonces, es un sistema de carpetitas con fotocopias y sellitos de goma y domicilios prestados que reciben la vacía formalidad del reconocimiento como partidos, pero donde en realidad el que organiza la carpetita se representa a sí mismo. En términos de un naufragio de la representación y de la zozobra de la democracia, hay ahora con las colectoras, como antes con los sublemas, un crónico sistema de “sálvese quien pueda”.

Justamente, el régimen electoral de “sálvese de quien pueda” se apoya sobre una maquinaria destinada a que quien más plata destine a los comicios más chances tenga de ganar. Y esa maquinaria aceitada con recursos está montada sobre un andamiaje jurídico en el que nadie controla de dónde viene el lubricante. Después de tres décadas, la situación deviene cada vez más mercenaria.

Sin Justicia

Un representante popular electo en 2015 revela que, cuando cruzó los datos entre los sufragios obtenidos y los vehículos rentados para trasladar votantes, obtuvo un índice brutal: cada auto que alquiló le reportó solamente 1,5 voto. Otro representante del pueblo cuyo mandato también expira en octubre reveló que en su caso, y en el de un tercero, el indicador fue todavía peor: sólo 1,05 voto por cada coche. Las alternativas, coincidieron por separado, eran dos: o fidelizar más el compromiso del elector al que se lleva a votar con la propuesta del candidato… o alquilar más autos. Porque, por lo menos, tenían una certeza estadística: el que maneja el auto sí vota por el que paga el alquiler del rodado.

Esto fue, en el régimen del sálvese quien pueda, la puerta de entrada al universo del acarreo, de las urnas quemadas, del bolsoneo, de las urnas embarazadas, del tiroteo, de las urnas refajadas y de los gendarmes heridos mientras custodiaban los lugares de votación. Hoy, a un mes de los comicios, ya hay denuncias sobre pagos de subsidios en efectivo y de “mercaditos” con mercadería al costo para captar afiliados, en ambos casos vinculados a candidatos del oficialismo. Y el oficialismo, ciertamente, prepara también denuncias sobre presuntas prácticas clientelares también de la oposición. Eso sí: son denuncias de campaña. Después, nadie va a darles seguimiento en la Justicia.

Precisamente, que el clientelismo vaya profundizándose, a la vez que refinando sus métodos, prueba que sigue completamente impune. Porque lo de que el clientelismo, cuando no se combate, va encontrando un camino de perfeccionamiento mediante nuevas formas, mejores y más sofisticadas para su fin, no es sólo una convicción republicana: es una certeza judicial plasmada en una sentencia federal señera conocida como el fallo Polino.

Esto conduce, por cierto, a la responsabilidad de la Justicia tucumana con respecto a estas prácticas. En el fallo de la Corte Suprema de septiembre de 2015, que valida las elecciones provinciales que la Cámara en lo Contencioso Administrativo había anulado cuatro días antes, se exhorta a los poderes políticos tucumanos a promover leyes y acciones que combatan el clientelismo en la provincia. Nunca más se preocuparon los tribunales para averiguar qué había pasado con esa pauta.

Sin dirigencia

Eso sí: las responsabilidades de los tres poderes del Estado, tampoco deben hacer perder de vista las responsabilidades individuales en la práctica de la política que ejercen los dirigentes tucumanos. Las crisis de la representación y de los partidos políticos, que provocan hemorragias de legitimidad en la república y en la democracia, son el resultado de la eternización de los referentes del ocaso, que no titubearon en hacer fracasar a verdaderas instituciones de la democracia como son los partidos políticos, con tal de “triunfar” individualmente en procurarse un carguito con renta estatal.

“Los partidos políticos son a la democracia como la raíz al árbol”, dice, con toda una poética de la virtud pública, un pasaje de la sentencia federal conocida como el “fallo Ríos”. Sin embargo, aquí en Tucumán, la dirigencia alumbró el régimen de lemas y sublemas, que fue el aporte del radicalismo en la reforma constitucional bussista de 1990. Y luego, la dirigencia provincial hizo nacer el régimen de acoples, de neta genealogía peronista, en la reforma constitucional alperovichista de 2006. Y en uno y otro momento, se llenaron la boca con que uno y otro sistema eran expresiones de pura democracia porque todos los que quisieran podían participar. Pero en el mismo fallo Ríos se advierte que si bien el valor de la libertad es sustancial, en toda votación es primordial la claridad. Todos tienen derecho a ser candidatos, pero si todos fueran candidatos al mismo tiempo, ¿qué claridad habría para elegir? Los partidos son, también, quienes ordenan la oferta electoral para dotarla de claridad. Porque si no hay claridad para el votante, no hay elección.

Aquí, sin embargo, la dirigencia que decidió ser representante de sí misma, primero dejó de ser representante del pueblo y, de inmediato, dejó de ser representante de los afiliados de sus partidos, a los que tampoco representaban. Entonces las elecciones internas pasaron a ser también escenarios de fraudes, violencia y escándalos. Y pronto fueron clausuradas. Era un paso indispensable para los candidatos a ser representantes de sí mismos: lo primero era no adquirir ningún compromiso con una agrupación ni mucho menos con una doctrina. (Luego encontraron en el clientelismo la vía para exportar esa ruptura del vínculo, pero ahora con el votante: el candidato que entrega plata o bolsones no compra un voto, sino que extingue su relación con el elector a las 18.01 del día de la elección: ya no le debe ni siquiera explicaciones)

Si los partidos se han tornado incapaces de celebrar internas (como lo demostró la UCR tucumana tres veces en seis meses), el camino no es licuar la representación con sublemas ni acoples. Si lo que se quieren son “internas hacia afuera”, el camino son las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Ahí sí, el pueblo define los candidatos en las PASO y después, en las generales, asigna los cargos. Ahí sí la representación se fortalece con un sistema de doble validación electoral. Ahí sí la democracia suma elecciones. Y festeja.