La reforma política avanza en forma despareja en el país. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, ha declarado ayer que la Nación redujo el gasto público en un 25% en sus distintas estructuras.
La idea de achicar el peso de los aparatos estatales ha empezado a imponerse ante la presión de los cacerolazos.
Desde la Casa Rosada se impulsó esa tendencia, que se plasmó en un acuerdo firmado por los gobernadores el 6 de febrero.
La letra escrita, sin embargo, tarda mucho en hacerse operativa en las distintas esferas del poder.
Cuando se discutió la Ley de Presupuesto en el Senado de la Nación, la ausencia del recorte del 25% en las cuentas del Congreso fue advertida infructuosamente por el bussista Pablo Walter.
En esa misma cámara está trabada la reforma interna, que se basaba -entre otras cosas- en una drástica reducción de las comisiones permanentes y de otras erogaciones injustificadas.
Walter y el radical jujeño Gerardo Morales trabajaron para que esa propuesta prosperara, sin mayor éxito. El primero, incluso, fue atacado con panfletos, por rozar intereses gremiales. La rebaja del gasto se proyecta con otros ingredientes en Diputados.
Luces y sombras
El problema adquiere otras dimensiones cuando se ve que el pacto del 6 de febrero contiene cláusulas que pueden afectar el formato de las instituciones.
La propuesta de reducir un 25% el número de diputados nacionales es algo que generó polémicas.
Ricardo Bussi (FR), por ejemplo, cree que eso es posible de hacer, aunque con algunos matices.
Según él, las representaciones de provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe deberían reducirse, pero Tucumán y otros distritos de menor población tendrían que mantener su cupo de diputados.
En otros ámbitos partidarios, se observa que hay artículos del acuerdo por la reforma política que suponen remodelaciones de la estructura municipal que no impactarían en la estructura de la provincia de Buenos Aires.
Afirman que el mínimo de 10.000 habitantes que se exige para el funcionamiento rentado de los Concejos Deliberantes se fijó teniendo en cuenta la realidad de ese estado. Peronistas y radicales bonaerenses pactaron ese diseño, que reflejó la preservación de sus intereses políticos.
En Tucumán, la estrategia mirandista mezcló la baja del gasto político con la reforma constitucional. La reelección urge la combinación, pero la tropa propia del interior no quiere que se toque el aparato estatal. El debate, pues, está inconcluso.
