El PJ y Cambiemos culpan a la Corte por la mora en aplicar en nuevo régimen penal

La Legislatura aceptó los pedidos de la Justicia provincial y sancionó una serie de proyectos con impacto directo en el fuero penal.

En principio, entre críticas de oficialistas y de opositores, se ratificó la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT) a partir del 6 de mayo próximo, sólo en el Centro Judicial de Concepción. En cambio, se prorrogó su aplicación en los tribunales penales de la Capital y de Monteros hasta el 4 de mayo de 2020. “Esto no es responsabilidad de los poderes políticos. La Legislatura aprobó las leyes (necesarias) y el Poder Ejecutivo (PE) las promulgó”, advirtió el legislador Marcelo Caponio (PJ), presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales.

En ese sentido, el peronista cuestionó la decisión del máximo tribunal de instaurar un régimen procesal penal en “La Perla del Sur” y otro en el resto de Tucumán. “Es la Corte quien no ha logrado implementar esta normativa en varios años, por un sinnúmero de, creo, yerros. No puedo dar otra palabra”, indicó. Y destacó la importancia que tendrán los institutos previstos en el CPPT, sancionado en 2016. “Esta normativa permitirá que delincuente sea investigado, juzgado y, si correspondiere, condenado. Todo eso en un plazo razonable”, señaló.

El vicepresidente de Asuntos Constitucionales, el radical José Canelada (Cambiemos), se sumó a esos cuestionamientos. “La Corte no puede seguir poniendo pretextos; debe ser responsable y coherente con la expectativa que este Código ha generado entre los tucumanos”, apuntó. Y agregó: “en algún lugar está faltando la decisión política (para ello), y no es en este cuerpo colegiado”.

Hasta allí llegaron las coincidencias entre el oficialismo y la oposición. Uno de los puntos de tensión fue la modificación de la norma que regula los alcances de las funciones del fiscal auxiliar. Esta figura había sido objetada en procesos penales, entre otras razones, por el ejercicio de potestades constitucionales por parte de un funcionario designado de manera discrecional. “Los auxiliares de fiscales podrán realizar todos los actos autorizados a los fiscales penales por el Código Procesal Penal de Tucumán vigente en cada una de las circunscripciones jurisdiccionales de la Provincia, mediante la respectiva delegación de funciones. Se exceptúa de dicha delegación los requerimientos de elevación a juicio y de sobreseimiento; el hecho diverso y la ampliación del requerimiento de acusación; como así también los pedidos de absolución, condena y pena”, indica el texto aprobado ayer.

Canelada consideró que ese párrafo es “escandaloso”, ya que se eliminó de la redacción el requisito de que ese rol sólo pueda ser ocupado por un abogado con al menos dos años de ejercicio. “Salvo que a la bolsa de trabajo del ministro fiscal (Edmundo) Jiménez se le hayan acabado los familiares con título de abogado, no se entiende esta decisión. Es una locura y un peligro para los tucumanos que deban someterse a un proceso penal”, afirmó el radical.

Luego, el alfarista Alfredo Toscano (PJS-Cambiemos) le preguntó a Caponio si, en efecto, “ya no se necesita título de abogado” para cumplir ese rol, y el nombramiento de los fiscales auxiliares puede recaer en “un ingeniero civil, un contador o alguien sin título universitario”. El legislador peronista rechazó esa versión.

Sin embargo, el radical Eudoro Aráoz, se sumó a los cuestionamientos. “Jiménez diseñó la Justicia sometida que hizo el alperovichismo. Es la Justicia penal que no investiga ni un caso de corrupción. Esa Justicia que puede designar ayudantes fiscales sin concurso, cuando un abogado, para ingresar a tribunales, debe rendir un examen”, aseveró el ex presidente del Colegio de Abogados.