Desisten de crear un organismo con un presidente remunerado como juez y blindado como legislador

El proyecto había sido incorporado al orden del día de hoy, y llevaba las firmas del vicepresidente 2° de la Legislatura, Ariel García (UCR), y del presidente del bloque oficialista Tucumán Crece, Ramón Santiago Cano (PJ). Sin embargo, a unas 15 horas del inicio de la sesión, el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, anunció que esa propuesta no prosperará en el recinto. Así, el cuerpo colegiado desistirá de crear el Observatorio de Desarrollo Sostenible (ODS), cuyo presidente iba a tener una remuneración equivalente a la de un vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) y un “blindaje” similar al de los propios legisladores.

“(Esta iniciativa) reafirma el compromiso (del Poder Legislativo) con el desarrollo sustentable, ya que considera de relevancia estratégica la creación del Organismo para el Desarrollo Sostenible para que vele en la implementación de acciones, actividades y normativas alineadas a la agenda global de desarrollo sustentable por medio del diseño de estrategias que permitan a nuestra Provincia avanzar en un corpus legal orientado al bien común por medio del desarrollo económico, ético, sostenible en el largo plazo, socialmente equitativo y ecológicamente saludable”, expresa en sus fundamentos la propuesta.

Con dictamen favorable

El proyecto ingresó por mesa de entradas el 17 de diciembre; ese día obtuvo el dictamen de la comisión de Legislación General -encabezada por el peronista Roque Cativa-, que ratificó el texto original.

¿Cuáles eran los objetivos de la frustrada creación del Observatorio de Desarrollo Sustentable? “Deberá velar por un ambiente sano, socialmente responsable y económicamente sostenible, trabajando en red, con acciones y en cooperación con organismos regionales, nacionales e internacionales, la sociedad civil, el sector privado y el gobierno, articulando los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de la Agenda Global de Desarrollo Sustentable”, reza el articulado. Y prevé que el ODS tenga facultades de autoridad de aplicación “en materia ambiental en el ámbito de la Provincia, como entidad autárquica de derecho público, con capacidad para actuar de forma pública y/o privada dentro de la competencia asignada” por la normativa.

El texto incluye 25 incisos de funciones y facultades destinadas a cumplir con distintas metas. Luego, fija que la conducción del ente quedaría en manos de un presidente, designado por resolución de la Legislatura “con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros, en sesión especial y pública convocada” para ese fin. Además de detallar un régimen de inscripción y de impugnaciones, el proyecto proponía que el titular del ODS tuviera una duración de cinco años con posibilidad de reelección; que pudiera nombrar a dos adjuntos -y fijar sus haberes-; y que su destitución sólo fuera posible mediante el sistema de juicio político señalado en el artículo 47 de la Constitución provincial. “Goza de las mismas inmunidades y prerrogativas de los legisladores y sólo puede ser removido por las causales establecidas en la presente ley. Percibe un compensación por sus servicios equivalente a la remuneración que, por todo concepto, recibe un vocal de la Corte Suprema de la Provincia”, añade el proyecto firmado por García y por Cano.

Como cláusula transitoria, y hasta tanto el Ejecutivo reglamentara la norma, se facultaba al presidente de la Legislatura a designar “con carácter de excepción y por esta única vez” al titular del ODS.

Sin embargo, el propio Jaldo confirmó que la propuesta no tendrá fuerza de ley. “El bloque Tucumán Crece (tiene mayoría) no va a acompañar ese proyecto. Este tema no fue consensuado ni analizado por los miembros de la bancada. Por lo tanto, no lo vamos a apoyar”, afirmó. Añadió que la situación actual amerita “austeridad”.

García reivindicó al ODS y se mostró confiado en su sanción. “Tiene como objetivo principal establecer en Tucumán una verdadera política de Estado que cumpla los objetivos de la Agenda Global 2030, fijada por Naciones Unidas (ONU) desde 2015. Es una gran oportunidad para que la sociedad emprenda un nuevo camino, y así mejorar la vida de todos. Las metas principales incluyen la eliminación de la pobreza, acciones tendientes a frenar los cambios climáticos, elevar la calidad educativa, promover la igualdad de género y proteger nuestra casa común, que es la Tierra”, indicó a LA GACETA. Y se mostró abierto a discutir la iniciativa. “Si observamos que debemos hacer modificaciones para darle mayor transparencia y claridad a toda la población y enriquecer el trabajo que venimos haciendo, vamos a realizarlas”, indicó.

Pese al anuncio de Jaldo, opositores expresaron su descontento por la iniciativa. “Menos mal que el vicegobernador puso cordura a una situación bochornosa. Esto no es un descuido: está claro que un sector del bloque oficialista-peronista y del bloque radical aliado tienen convivencia; este proyecto es de autoría de ambos sectores, con dictamen de ellos”, afirmó Alfredo Toscano (PJS-Cambiemos).

Alberto Colombres Garmendia (PRO) criticó que se pretendiera “aumentar el gasto político”. “Es grotesco, obsceno e inaudito que el autor de esta trasnochada iniciativa pretenda que los directivos del ente perciban un sueldo equiparable a un vocal de la Corte”, objetó. Y agregó: “se pretende resguardar de la intrascendencia política a quien durante estos años fue un servil y obsecuente alfil del poder de turno”. Luis Brodersen, también del PRO, sumó críticas. “La imposición de inmunidad y el deseo de equipararse con altos cargos judiciales desnuda la ambición desmedida de quienes no se fijan en gastos, siempre que se paguen con la plata de quienes los votaron. ODS podrían ser las siglas de ‘Obediencia Devuelta con Sueldos’”, ironizó.