BUENOS AIRES.- Alejandra Gils Carbó será indagada por presunto nombramiento irregular de fiscales y abuso de autoridad. Aunque Sebastián Casanello la había sobreseído en 2013, ayer la Cámara Federal porteña revocó la decisión del juez federal y le ordenó que siga adelante. En esta causa, el fiscal Guillermo Marijuán acusa a la ex procuradora general de la Nación de haber nombrado a Carlos Gonella “fiscal general subrogante” sin concurso previo ni acuerdo del Senado. La medida de la Cámara también abarca a Gonella.
El 23 de abril de 2013, el ex senador radical y ex miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación Mario Cimadevilla denunció a Gils Carbó por nombrar fuera de procedimiento a Gonella como titular subrogante de la recién creada Procuraduría General para la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). “La procuradora general de la Nación ha violentado las disposiciones que regulan la estructura del Ministerio Público Fiscal y ha procedido ‘manu militari’ -por sí y ante sí- a la designación de sujetos que, sin concurso de antecedentes y oposición previo y sin acuerdo senatorial, nomina ‘magistrados’”, alegó entonces Cimadevilla.
Sin embargo, en diciembre de 2013 Casanello entendió que no había delito y dictó el sobreseimiento de Gils Carbó y de Gonella. Esa decisión es la que revocaron hoy los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, con el voto en disidencia del juez Mariano Llorens.
En su voto, Bruglia y Bertuzzi argumentaron que al frente de la estructura de la Procelac debía estar un fiscal general de la Procuración General de la Nación, pero Gonella se desempeñaba como subrogante fiscal ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba, con el cargo de secretario de Fiscalía General, cuando fue designado.
Entre las funciones de la Procelac estaba la de intervenir como fiscal en los casos en que no actuaban otras fiscalías. En 2015, Gonella fue procesado por excluir al empresario Lázaro Báez de la etapa inicial de la investigación por la “ruta del dinero K”. Tras el programa en que Jorge Lanata reveló el caso y con Marijuan de viaje, Gonella firmó un dictamen que omitía al contratista público como principal sospechoso del supuesto delito de lavado de dinero. Gils Carbó y Gonella son miembros de Justicia Legítima, la polémica asociación de “democratización de los poderes judiciales de la Argentina”.
Gonella dejó su cargo en abril de 2016. Argumentó que su salida ya estaba en los planes desde hacía tres años y medio. Por su parte, Gils Carbó renunció en octubre de 2017. Había sido duramente cuestionada por su desempeño al frente de los fiscales y su relación con el kirchnerismo.
El caso del edificio
Gils Carbó también está procesada por presuntas irregularidades en la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación. La medida había sido dictada por el juez federal Julián Ercolini y luego fue confirmada por Bruglia y Llorens. Se la acusa del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, que prevé penas de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua.
En su indagatoria, Gils Carbó admitió que hubo un negocio oculto en la transacción pero aseguró que fue ajena a la maniobra. (Télam-Especial)
