Una reunión en la Caja Popular será clave para levantar el paro

La cámara empresaria asegura que se requiere un crédito de $ 100 millones para abonar los haberes. Además, exigen un nuevo aumento del boleto. La entidad crediticia dispondría un préstamo para pagar la deuda a los trabajadores.

19 Dic 2018 Por Martín Dzienczarski
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EN EL CONCEJO. Los colectivos rodearon el Concejo y la Municipalidad. la gaceta / foto de diego aráoz

Un crédito de la Caja Popular de Ahorros será la llave para que el paro de colectivos no se extienda por más tiempo.

Los choferes del transporte público se encuentran de paro desde ayer a las 16, en reclamo por el pago de dos ítems salariales adeudados -fijados en la última paritaria-. César González, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), exigió el pago de un incremento no remunerativo de noviembre de $ 3.200 y una suma no remunerativa $ 3.814.

Los empresarios de colectivos, agrupados en la Asociación de Empresarios de Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), mantienen la expectativa en una reunión que tendrán al mediodía junto al interventor de la Caja Popular, José Díaz, para obtener un préstamo por $ 100 millones para hacer frente a los pagos adeudados. “Si no se trata la suba de las tarifas tampoco vamos a aceptar el crédito, porque pondríamos como garantía los fondos a recibir. Sin el crédito y sin actualización, es imposible resolver este problema”, advirtieron Daniel Orell y Jorge Berreta, presidente y vice de Aetat. Y agregaron: “(el préstamo) no tiene sentido si el Concejo y el intendente (Germán Alfaro, Cambiemos) no se sientan con nosotros para sincerar las tarifas. Estamos dispuestos a resignar, pero con las tarifas desfasadas en un 70% no podemos continuar”.

“Hasta que depositen”

La audiencia de mediación en la Secretaría de Trabajo de la provincia estuvo marcada por la tensión. “Si no traen buenas noticias los invito a pasar las fiestas en la vía pública”, chicaneó González a los empresarios apenas comenzó el encuentro. Tras una hora de reunión, los funcionarios de la dependencia provincial comenzaron a leer el acta en voz alta. Los delegados de todas las empresas de colectivos comenzaron a agruparse. Escucharon acodados en los tabiques divisores de oficinas. Los empleados de la Secretaría de Trabajo se pararon cuando escucharon “(...) adoptando una medida de acción directa, paro de actividades de manera inmediata al culminar la presente audiencia”.

“Los trabajadores quieren cobrar en su totalidad la diferencia de remuneraciones. Se determinó que desde las 16 se cortará el servicio hasta que los empresarios hagan efectivo el pago”, dijo González con contundencia al salir de la Secretaría de Trabajo.

Los empresarios salieron ofuscados del despacho oficial. “Los resultados fueron negativos, como era de esperar ante la indiferencia (que se le tiene) al sector”, expresó Berreta. “Esta mañana (por ayer) estuvimos en gestiones en la Casa de Gobierno junto al ministro de Economía (Eduardo Garvich) y hay un posible crédito de la Caja Popular. Esperamos reunirnos con el interventor de la entidad para tratar de obtener ese crédito, ese préstamo para poder afrontar los compromisos salariales. Sin embargo, si no hay una actualización de la tarifa, es imposible asumir responsabilidades”, agregó con firmeza.

Los empresarios volvieron a presentar esta semana un pedido de aumento, el cuarto del año. En noviembre, los empresarios habían solicitado llevar la tarifa desde los $ 15,50 actuales hasta $ 27,10. Ahora, aseguran que el boleto debe subir hasta $ 28,50. En enero, el boleto costaba $ 9,35. Luego se lo llevó a $12,50, y en noviembre a $ 15,50.

El presidente del Concejo, Armando Cortalezzi, reiteró que no tratará el pedido de suba hasta marzo. “Ellos piden una reunión, pero no los voy a recibir hasta que no saquen los colectivos del Concejo. Parece un acto mafioso. A mí no me van a presionar. No me voy a dejar presionar. No vengan de apretadores para pedir una reunión. Voy a pedir sanciones para cada colectivo que está en la calle por la protesta”, sentenció el peronista.

Conciliación obligatoria

Una discusión jurídica sobre el paro

Funcionarios de la Provincia informaron por lo bajo que el dictado de la conciliación obligatoria traería aparejado una discusión jurídica. Se trata de un instrumento jurídico para citar a las partes en conflicto para que cesen las medidas de fuerza, en especial cuando se entorpece un servicio público. Sin embargo, la jurisprudencia laboral establece que la conciliación no puede dictarse para casos en donde se reclama el pago vencido de ítems salariales, por el cariz alimentario de los sueldos.

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