Una ley de emergencia los hará volver al recinto

Un proyecto del gobernador Manzur solicita la prórroga -hasta diciembre de 2019- del estado de excepción en el sistema eléctrico. Son normas que habilitan procedimientos de compra directa, beneficios en tributos o actuaciones de urgencia, según el caso.

07 Dic 2018
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TRANSPORTE ELÉCTRICO. El sistema troncal que permite el acceso al servicio de energía permanece en estado de emergencia desde hace ocho años. REUTERS

El Poder Legislativo volverá a sesionar antes de Navidad.

Al margen de los proyectos que acuerden los legisladores, el Poder Ejecutivo (PE) solicitó que, durante el 2018 en curso, la Cámara tucumana renueve la prórroga de la ley que declara el estado de emergencia en el Sistema Eléctrico de Transporte por Distribución Troncal, vigente de desde 2010.

Esta norma de excepción caracteriza como “prioritarios” a “los estudios y la inversión en la Provincia vinculados con la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables aplicadas al servicio público, como asimismo el reemplazo de la generación aislada”. Según el texto, que caduca el 31 de diciembre próximo, estas disposiciones contribuyen “a la estructuración de una oferta que aporte al desarrollo económico y social sustentable de la Provincia”.

A partir de este pedido del gobernador Juan Manzur a la Legislatura -al cual se suma un proyecto del oficialista Eduardo Cobos- surgen diversos interrogantes: ¿Cuántas leyes de emergencia de las ocho que estuvieron operativas durante 2018 serán renovadas? ¿Cuál es la más antigua? ¿Y la más reciente? El detalle, a continuación.

1) En lo económico

Para “blindar” las cuentas estatales

La Ley de Emergencia Económica del Estado provincial comenzó a ser aplicada en los 80, y los sucesivos gobiernos la fueron renovando. El sistema actual tomó forma en 2008, y su relevancia está dada en que establece “la inembargabilidad de los fondos del Estado provincial, municipalidades y de comunas rurales”. Tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, a través de la ley 9068. Permite el “blindaje” judicial de las cuentas de la Provincia. Los municipios adhieren a este sistema por ordenanza.

2) Hídrica y social

Por los desastres naturales

La ley de Emergencia Hídrica y Social nació en enero de 2007 por un DNU dictado por el entonces gobernador José Alperovich. La medida, ratificada por el Poder Legislativo, establece beneficios tributarios y garantías en cuanto a la cobertura social y la provisión de servicios públicos a favor de damnificados por desastres climáticos. Vigente a través de la ley 9.066, caduca en diciembre de este año. No tiene dictamen para su renovación.

3) Sistema eléctrico  

Con pedido de renovación del PE

La ley de emergencia en el Sistema Eléctrico de Transporte por Distribución Troncal, sancionada en 2010 y varias veces renovada, tiene validez hasta que el fin de 2018. “El incesante crecimiento de la demanda de energía tanto residencial como industrial por encima de los niveles estadísticos históricos hace necesario prorrogar el estado de emergencia que se propicia”, planteó el gobernador Manzur en un proyecto enviado a la Cámara a finales de noviembre.

4) Por la inseguridad  

Contra delitos y accidentes viales

Hasta noviembre de 2019 será operativa una ley que establece el estado de emergencia en cuatro rubros: en seguridad pública; en situación edilicia de cárceles y de comisarías; en los programas públicos de prevención y lucha contra las adicciones; y en seguridad vial. Determinó la creación de una comisión especial y en la habilitación de realizar contrataciones directas. Es uno de los rubros por los cuales más críticas recibe el PE desde la oposición.

5) Por la mujer

Renovada por dos años, con deudas

La ley que declaró el estado de emergencia en Violencia contra la Mujer, sancionada en 2016. Iba caducar en las próximas semanas, pero fue renovada en la última sesión de la Legislatura, y tendrá validez por dos años más. Dirigentes del oficialismo y de la oposición destacaron la importancia de la norma, aunque coincidieron en que su implementación todavía registra varias deudas, como la construcción de refugios para víctimas que hayan denunciado a agresores.

6) Por el transporte

Subsidios para evitar una suba

La situación expuesta por los integrantes de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) llevó en 2017 al gobierno a impulsar una ley de Emergencia en Transporte en la Provincia, que desde la última sesión habilita el aporte de subsidios por hasta $ 130 millones mensuales (antes eran $ 20 millones) para reducir el costo del boleto a los usuarios, entre otros gastos operativos. De todos modos, Aetat pide una suba en el Concejo capitalino.

7) Por los embargos  

Protección para entidades sociales

El estado de emergencia Económica y Social de Entidades sin fines de Lucro (ley 8.898) tiene vigencia desde 2008 y fue renovada hasta el 31 de diciembre de 2020. Dispone la suspensión de “los embargos y las ejecuciones de sentencias contra el patrimonio de las instituciones comprendidas en la presente norma que se encuentre afectado al desarrollo de actividades deportivas, recreativas, culturales y/o sociales”, como estadios y salones de actos.

08) Para el campo

Un diferimiento para productores

A través de un decreto firmado por el ex gobernador José Alperovich al cierre de su mandato, en septiembre de 2015, cobró vigencia, en el marco de la Emergencia Agropecuaria (ley 8806), el diferimiento del pago de impuestos provinciales por parte de los productores. La norma caducó este año, y no fue renovada por la Legislatura a pesar del pedido de los representantes del sector y de integrantes del cuerpo legislativo, como el radical Raúl Albarracín. ¿Aparecerá en el temario de la última sesión de 2018 o quedará de lado?

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