Consejeros quieren más poder para calificar a los concursantes

La mayoría de los integrantes del Consejo Asesor de la Magistratura aprobó un aumento del puntaje para la etapa de la entrevista.

21 Nov 2018

Si bien la idea había sido planteada en forma pública por Antonio Estofán, presidente del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), en mayo, los consejeros resolvieron pasar a la acción la semana pasada, en paralelo al desarrollo de una investigación administrativa del caso de Walter Ojeda Ávila (se informa por separado). Las autoridades del órgano de preselección de jueces decidieron aumentar su poder para evaluar a los concursantes que entrevisten, cambio que ha de ser plasmado en una reforma legislativa junto a la iniciativa de incorporar un test psicológico y a otros retoques al proceso vigente (se informa por separado).

La modificación estipula un aumento del puntaje en juego en la fase oral, que en el presente es de 10 puntos. Originalmente, la propuesta de redistribución duplicaba esa cifra mediante la sustracción de cinco unidades a la prueba escrita y a la evaluación del currículum, que reparten 55 y 35 puntos respectivamente (ver tablas de puntajes vigentes y proyectados). Luego de un intercambio de pareceres donde fue determinante la postura intermedia del estamento de los jueces, los consejeros acordaron que una futura ley aumente el 50% del peso de la entrevista y la lleve a 15 unidades. En principio, los cinco puntos extras saldrían de la corrección del currículum, que quedaría en 30.

A diferencia de la reforma relativa a la salud mental de los aspirantes a juez, la pretensión de modificar los puntajes no logró el apoyo unánime de los consejeros presentes. Marcelo Fajre y Diego Vals, representantes de los abogados de la capital y del sur, disintieron con sus pares. La idea prosperó con el apoyo de Estofán; de los jueces Luis Cossio (capital) y Elena Grellet (sur), y de los legisladores oficialistas Fernando Juri y Javier Pucharras -los representantes de la minoría parlamentaria, Fernando Valdez (titular) y Raúl Albarracín (suplente) no asistieron a la sesión-.

La entrevista con los consejeros es la tercera y última etapa del concurso público de antecedentes y de oposición. A ella pasan los postulantes que reúnen los puntajes mínimos exigidos en las fases previas del proceso. La audiencia con los finalistas es pública y, además, el CAM sube los videos a una plataforma digital. Hasta el presente y en general, la entrevista suele ser considerada una formalidad donde la mayoría de los examinados logra entre ocho y 10 puntos. Sólo en contadas oportunidades el resultado de esta etapa alteró el orden de mérito provisorio elaborado con las calificaciones de los antecedentes y de la prueba escrita. Esa tendencia podría cambiar con el aumento del puntaje asignado a la audiencia con los consejeros, máxime en competencias reñidas donde existen diferencias ínfimas entre los postulantes.

Los representantes de la abogacía expresaron sus inquietudes sobre los efectos de la modificación del equilibrio vigente. Entre los profesionales preocupa el aumento de la discrecionalidad en detrimento de los parámetros objetivos, más allá de que la redistribución debatida podría llegar a beneficiar a los propios consejeros que impulsan el replanteo. En una entrevista concedida hace seis meses, Estofán explicó el porqué del cambio. “El esquema de puntos actual (establecido en 2009) fue idea mía: en su momento pensaba que la oposición valía más que todo; que los antecedentes servían para desempatar y que la entrevista estaba en tercer lugar. Hoy me doy cuenta de que esto último es lo más importante. El tipo puede tener un mal día y rendir mal. O rendir bien y ser un ‘perro’ (...). No es un aumento desmedido de la discrecionalidad”, manifestó.

Puntajes vigentes

55 puntos para la corrección de la prueba (1° etapa del concurso)

35 puntos para la corrección del currículum (2° etapa del concurso)

10 puntos para la entrevista con los consejeros (3° etapa del concurso)

Puntajes proyectados

55 puntos para la corrección de la prueba (queda igual)

30 puntos para la corrección del currículum (pierde cinco unidades)

15 puntos para la entrevista con los consejeros (gana cinco unidades)

Obra Pública

El Poder Judicial habilitará las nuevas dependencias de los Tribunales de Monteros

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán inaugurará este jueves 22 de noviembre a las 19 una ampliación edilicia del centro judicial Monteros (calle Crisóstomo Álvarez 346 de esa ciudad). Las nuevas dependencias alojarán dos unidades jurisdiccionales añadidas en forma reciente a esos Tribunales, los juzgados en Documentos y Locaciones, y en lo Civil y Comercial Común, y una oficina para el gabinete de trabajadores sociales.

En el acto de apertura de las instalaciones será presentado el anteproyecto de la siguiente expansión edilicia: la obra correspondiente a la Casa Rubio, cuya construcción comenzará el año próximo. Asistirán al corte de cinta el gobernador Juan Manzur, representantes del Poder Legislativo, y magistrados y funcionarios del Poder Judicial. “Con este acto avanzamos hacia la conclusión de la construcción del centro judicial de Monteros”, explicó Mario Velázquez, juez de Instrucción y de Menores esa sede, según el parte de prensa enviado por la Corte. La obra ejecutada sumará 238 metros cuadrados al edificio original, donde actualmente funciona la institución judicial que sirve a una población de 170.000 habitantes pertenecientes a los departamentos de Famaillá, Simoca, Monteros y los valles. El centro en cuestión fue creado por una ley de 1994 y empezó a funcionar una década más tarde. Las sucesivas ampliaciones le permitieron llegar a las dimensiones que tiene en el presente. “Que tengamos un fuero penal funcionado en la ciudad es el mejor regalo que se le puede hacer a esta comunidad”, expresó en 2004 el entonces legislador oficialista, y hoy ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado (la alusión al “regalo” obedecía al hecho de que el 28 de agosto de aquel año Monteros celebró los 250 años de su fundación). El crecimiento no se detuvo desde entonces y, en julio pasado, la Corte formalizó la compra directa del inmueble de la Casa Rubio que permitirá incorporar otros 1.600 metros cuadrados, donde serán ubicados juzgados, salas de juicio oral y las oficinas de gestión de audiencias.

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