Avalan el test psicológico para el aspirante a juez

Avalan el test psicológico para el aspirante a juez

Los consejeros dieron el visto bueno a la incorporación de un examen practicado por psicólogos antes de la fase oral del concurso. La modificación, que es impulsada por el presidente Estofán, debe ser plasmada en una reforma a la legislación del CAM.

LA ÚLTIMA SESIÓN. Desde la izq.: los consejeros Tejerizo, Heredia, Grellet, Cossio, Estofán, Juri, Pucharras, Cativa, Vals (en uso de la palabra) y Fajre. prensa cam LA ÚLTIMA SESIÓN. Desde la izq.: los consejeros Tejerizo, Heredia, Grellet, Cossio, Estofán, Juri, Pucharras, Cativa, Vals (en uso de la palabra) y Fajre. prensa cam

El Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) consintió que los aspirantes a juez, fiscal y defensor oficial de la provincia pasen por un examen psicológico. Esta remodelación del proceso de preselección de magistrados fue abordada en la sesión de la semana pasada a instancias del presidente Antonio Estofán, que en diciembre había anticipado su intención de incorporar el test. La iniciativa logró la adhesión en pleno de la mesa de autoridades del órgano encargado de confeccionar ternas para que el Poder Ejecutivo cubra vacantes judiciales. En la misma reunión, pero con las disidencias de los representantes de los abogados de la capital y del sur, Marcelo Fajre y Diego Vals, los consejeros acordaron que su evaluación de los postulantes en la etapa oral otorgue mayor puntaje que en el presente (se informa por separado).

El examen psicológico será practicado a los candidatos a la magistratura que pasen a la audiencia con las autoridades del Consejo, última fase del concurso público de antecedentes y de oposición. Ello quiere decir que sólo serían analizados desde el punto de vista psíquico los concursantes que en la calificación de la prueba y del currículum reúnan los puntajes mínimos exigidos para seguir en carrera. Apoyaron ese criterio los consejeros presentes en la sesión: Estofán; los jueces Elena Grellet, Ivonne Heredia (suplente) y Luis Cossio; los legisladores oficialistas Fernando Juri, Javier Pucharras y Roque Cativa (suplente), y los abogados Fajre, Julieta Tejerizo (suplente) y Vals.

Fuentes del CAM anticiparon que los cambios aprobados la semana pasada serán plasmados mediante una reforma legal promovida por los consejeros que representan a la Legislatura. Esto implicaría que su formulación final y aplicación pasaría para el año próximo en atención a las previsiones de la agenda legislativa para lo que queda de 2018. Al lote de retoques a la ley del CAM (8.197), que en 2019 cumplirá una década en vigencia, sería añadido el deber de permanecer en el cargo al menos tres años antes de volver a concursar, período de servicio promovido por Juri, vicepresidente del Consejo y número dos de la Legislatura.

“Idoneidad también es ser ‘sanito’ porque un concurso cuesta mucha plata para que el juez que resulta elegido después me esté faltando y pidiendo licencia. Si así funcionamos, en los hechos no hemos cubierto ninguna vacante”, había observado Estofán hace casi un año, durante su primera entrevista como presidente del CAM. En ese momento, el vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán presentó el cambio como una innovación que iba a permitir aumentar los niveles de idoneidad de la magistratura. En mayo, Estofán insistió en la necesidad de disponer de instrumentos que permitan determinar si el concursante con un buen desempeño en los concursos era, por ejemplo, un esquizofrénico.

Psicotécnico o psicofísico

Los contornos y efectos del examen psicológico todavía no fueron precisados, y la discusión proseguiría en la sesión de hoy. Estofán había propuesto originalmente un test psicofísico que incluyera un análisis del estado general de salud del postulante. Pero entre los consejeros habría dudas sobre las posibles vicisitudes discriminatorias de una examinación de tal amplitud. El acuerdo alcanzado abarcaría sólo el testeo de las aptitudes psicotécnicas de los futuros magistrados. Tampoco quedó definido qué valor tendría el informe de los psicólogos y qué mecanismos dispararía un eventual dictamen de falta de aptitud.

El otro aspecto delicado del examen psicológico es quién lo haría y cómo. Aparentemente los consejeros tucumanos tienen la intención de organizar un equipo de profesionales que intervenga en la preselección de jueces, pero que también preste servicios al Poder Judicial y a otras áreas del Estado que requieran la práctica de los tests.

El debate relativo a la conveniencia de analizar la salud mental de los aspirantes a juez existe en el CAM desde la creación del órgano. Dicho examen está vigente en el Consejo de la Magistratura de la Nación, instituto que preselecciona a los jueces federales. El artículo 42 del reglamento vigente en esa institución dispone: “con carácter previo a la entrevista, la Comisión requerirá que se efectúe un examen psicológico y psicotécnico a los postulantes (que hayan pasado a la entrevista personal). (El test) tendrá por objeto determinar su aptitud para el desempeño del cargo que en cada caso se concurse. El resultado de estos exámenes será reservado. Cada postulante, cuando así lo solicite, podrá conocer los resultados que le conciernan personalmente (...)”. El artículo 43 excluye automáticamente del concurso al postulante que sin causa justificada falte a la entrevista personal, o no se someta al examen psicológico y psicotécnico.

Control

El Consejo requirió papeles originales a Ojeda Ávila

Walter Ojeda Ávila, el concursante que desistió de ser nombrado vocal interino de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, ha de exhibir los certificados originales de los antecedentes que presentó al Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). El órgano exigió los papeles en el ámbito de la investigación administrativa que abrió luego de que trascendiera que los currículos de Ojeda Ávila contenían abundantes inconsistencias. En particular, el abogado se presentó como graduado de un programa de Máster de la Universidad de Barcelona, condición desmentida por autoridades de esa institución, que indicaron a LA GACETA que el título era apócrifo. El plazo otorgado a Ojeda Ávila para presentar los originales vencería hoy. A partir de allí, el Consejo quedaría habilitado para definir si aplica o no una sanción.

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