La economía y la política se disputan las prioridades en las decisiones del Estado

"Nuestros problemas económicos pueden resolverse. Para la mayoría de nuestros problemas hay varias soluciones, pero todas esas soluciones tienen la característica de que siempre alguien debe sufrir grandes pérdidas económicas".
La frase pertenece al economista Lester Thurow (ex asesor del presidente Bill Clinton) y se enrola en las definiciones clásicas que sostienen que la economía no puede ser una ciencia neutra. No analizar sus efectos sociales -afirman quienes se enrolan en ese pensamiento- implica desconocer que cualquier decisión económica significa un costo para un sector y un beneficio para otro.
El problema clásico de la economía es la asignación de recursos escasos. El economista argentino Mario Burkún afirma que en momentos de recesión o de depresión, ese proceso de asignación siempre es prioritario. Es decir, que implica colocar una cosa por delante de otra.
En la conducción de un Estado, el desafío de los gobernantes es equilibrar esos intereses y definir cuáles son las prioridades. El mecanismo con el que se resuelve ese proceso, no siempre es del todo claro e implica trastornos para la estructura institucional.
En el caso argentino, este análisis teórico adquiere actualidad a partir de decisiones políticas del presidente Néstor Kirchner, que generaron problemas económicos y sociales para la mayoría de los gobiernos provinciales. En particular, por el decreto que fijó el salario básico en $ 350, marcando la prioridad nacional para atender el reclamo de los trabajadores. El sector tiene sus haberes congelados desde comienzos de la década del 90.
La decisión colocó en problemas a las administraciones provinciales que sostienen que no cuentan con los recursos suficientes para atender esa demanda. Reivindican su derecho a definir sus propias políticas o, lo que es lo mismo, sus prioridades. La reacción de los mandatarios es tan lógica como la de los trabajadores, pero encuentra en las promesas incumplidas un escollo de legitimidad.
En la tradición política Argentina se mencionan entre las funciones clásicas del Estado la educación, la justicia, la salud y la seguridad de los ciudadanos. La dirigencia política construyó su discurso sobre esas prioridades pero, a la luz de los indicadores y de la crisis casi permanente que vive el país, estos objetivos no se tradujeron en la realidad.
Otra punta del debate fue planteada por Oscar Oslak. El especialista en administración pública afirmó que la reforma del Estado no se trata de un problema de falta de recursos. "Las principales fuentes de escasez -aseveró- se deben a pautas culturales inapropiadas, a la discontinuidad del esfuerzo y a la falta de voluntad política para liderar los cambios y definir objetivos".

En Tucumán, ningún sector parece dispuesto a ceder en sus posiciones
En la Ciencia Política se sostiene que, en las democracias, la competencia y el conflicto siempre generan mejores decisiones públicas. Teóricamente se distingue entre los conflictos puros -donde alguien gana y otro pierde- y los impuros -donde a pesar de las diferencias, se encuentran las formas de cooperación y de coordinación-.
El politólogo Guillermo Trejo afirma que la mayoría de las interacciones sociales se caracteriza por este último tipo de conflictos. En Tucumán, sin embargo, la disputa entre los gremios estatales y el Gobierno por el salario básico de $ 350 tiene características que lo asimilan a la disputa pura.
Los trabajadores consideran que su reclamo es legítimo y prioritario. Sostienen que al haber mejorado las condiciones económicas con el aumento de la recaudación, el Gobierno debe priorizar a los empleados, cuyos ingresos están postergados. En algunos casos, hasta alcanzar niveles límite con la pobreza.
Las autoridades políticas de la provincia reconocen que la situación económica mejoró y admiten la legitimidad del planteo. Pero advierten que acceder al reclamo comprometerá las finanzas. Recuerdan que en 2005, los vencimientos por la deuda pública alcanzarán los $ 300 millones y que es prioritario realizar obras públicas para recuperar el empleo.
Las dos posiciones no han encontrado un punto de equilibrio. La Legislatura quiso transformarse en mediadora, pero la falta de definiciones oficiales dejó trunco el intento. Todavía no hay vencedores, ni vencidos. Tampoco coordinación o cooperación en un conflicto que, por ahora, no tiene salida.

PUNTO DE VISTA
"Hay que evitar vivir de la ilusión"
Por Héctor Horacio Madkur - Master en Derecho y Finanzas - Cema - Docente de la UNT
En Tucumán vivimos en la ilusión. Decir que existe superávit fiscal es una falacia. No existe superávit fiscal; por ende la discusión sobre su distribución es una pérdida de tiempo. Y no existe excedente de recaudación a repartir, porque simplemente no estamos cumpliendo nuestros compromisos con el pasado; léase: no estamos pagando nuestras deudas. Decir que tampoco estamos cumpliendo con nuestro futuro es una verdad que nos confronta todos los días; ¿o acaso nos olvidamos de nuestros índices de desnutrición infantil o de la situación educativa?
La discusión actual de aumentar salarios al empleo público plantea un típico problema de inconsistencia intemporal de las decisiones de nuestros gobernantes. Existe inconsistencia porque el Gobierno actual tiene todos los incentivos para aumentar los salarios ("quedar bien") y dejar de pagar las deudas, dado que luego será otro gobierno el que deberá afrontar los compromisos. Para los tucumanos de 2004, está todo muy bien. Pero, ¿qué dirán los tucumanos de 2020? Lo que no vemos es la "hipoteca" que legamos a nuestros hijos. Por ello deben establecerse normas que resuelvan este problema de inconsistencia, tales como crear un fondo anticíclico en la recaudación, como el que prevé la ley provincial N° 7379.
En el supuesto caso de que existiera excedente de recursos fiscales a repartir, en el debate sobre aumentar salarios al empleo público cabe analizar esa decisión desde dos valores: eficiencia y justicia. Y desde esos enfoques no corresponde un aumento indiscriminado para todos. La remuneración, como diría el filosofo Wojciech Sadurski, debe corresponderse con el "mérito"; es decir, con la contribución que el trabajo aporta a la creación de los beneficios sociales o a los bienes públicos.
Tucumán no debe ser tierra de ilusiones, sino tierra de esperanzas. Esto implica el compromiso de las actuales generaciones para con las posteriores y el empeño en un futuro mejor. Quizás no para los tucumanos de hoy -total, como dicen los chicos, nuestra generación, ya fue-.