Intimarán al personal en condiciones de jubilarse

Un relevamiento del Poder Ejecutivo detectó que 1.700 empleados, pertenecientes a la administración central y a las comunas, están en condiciones de jubilarse por la edad (60 años para las mujeres y 65 años para los hombres), de acuerdo con lo establecido por la Ley 24.241. Sin embargo, de ese total, un poco más del 50% tiene la antigüedad laboral en el Estado exigida para acogerse al beneficio de la jubilación. Estos trabajadores serían intimados por el Gobierno para que inicien los trámites correspondientes.El PE invitaría a las municipalidades del interior y a los entes autárquicos a sumarse a la iniciativa, para jubilar al personal que reúna los requisitos fijados por la ley.Al resto de los empleados de la administración central y de comunas que tienen la edad, pero no la cantidad de años suficientes en el Estado para acceder a la jubilación, se los asesorará para que sumen el tiempo que hayan acumulado en otros trabajos (la legislación actual facilita esa instancia) ya que se habría comprobado que la mayoría tuvo otras funciones laborales.

Denuncian en la Nación que hay persecuciones políticas
Dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Construcción (Sitracon) y de las Asambleas Barriales denunciaron, ante el Ministerio de Asuntos Sociales de la Nación, la persecución política del Gobierno de la provincia.
Luis Quiroga y Celso Sosa afirmaron que las maniobras de intimidación se manifiestan en la exclusión de beneficiarios de planes sociales pertenecientes de esas organizaciones y en la demora del pago a obreros de Sitracon que trabajaron en la reparación de escuelas. También se quejaron por la suspensión del proyecto de saneamiento del Río Salí en el que trabajaban 600 personas.
Sosa y Quiroga advirtieron que el Gobierno quiere eliminar a las organizaciones intermedias, para controlar el manejo de los recursos de los planes sociales. "Separaron del padrón a personas que venían recibiendo el Módulo Alimentario, a pesar de que son mayores de edad y algunos son menores sin carga familiar que no tienen ningún tipo de ayuda social", afirmaron.
La denuncia fue recibida por funcionarios nacionales, quienes prometieron investigar cada caso. Se comprometieron además a entregar los instructivos para que esas organizaciones de desocupados participen del programa "Manos a la Obra".