Proponen que los jueces y empleados del Poder Judicial paguen Ganancias

El proyecto de los diputados de la UCR ya ingresó a la mesa de entrada de la Cámara baja. Pretende robustecer el principio de equidad ante la ley. Cano dijo que hay que romper con los privilegios.

Poder Judicial Poder Judicial ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
18 Octubre 2018

Los jueces y empleados del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Nación y de las provincias podrían pagar el impuesto a las Ganancias sin excepción. Eso es lo que propusieron los diputados nacionales por la UCR.

El proyecto, que ya ingresó por mesa de entradas de la Cámara baja, busca sustituir un inciso de la ley 20.628 de impuesto a las ganancias" con el fin de incluir a los magistrados, funcionarios y empleados del poder judicial y del Ministerio Público (Fiscal y de la Defensa) de la Nación y de las provincias de tributar impuesto a las Ganancias, sin excepción".

Según el texto, constituyen ganancias de cuarta categoría las provenientes "del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los Poderes Ejecutivos y Legislativos y los Magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos".

“Con esta iniciativa, intentamos que la medida tienda a generalizar el principio de igualdad ante la ley, ya que no solamente los jueces deberán abonar Ganancias, sino también los empleados del Poder Judicial que tienen una escala salarial mayor que el resto de los trabajadores”, indicó a LA GACETA el diputado tucumano José Cano. La medida también alcanzaría a los organismos de control que, por acordadas, también se ampararon en los regímenes de excepción al pago de Ganancias.

Cano expresó que, con esta medida, el Gobierno nacional podría mejorar sus ingresos en unos $ 10.000 millones anuales. “Un poder fundamental como el Judicial avanzaría en un sentido de equidad y de jerarquización, ya que se eliminarían los privilegios”, puntualizó el tucumano.

El monto llega a los 10.000 millones. Y esto pondría en un plazo de igualdad. Un poder fundamental como el judicial avanzaría en un sentido de equidad y de jerarquizarse de que no haya privilegios.

En 1996 la Corte Suprema de Justicia dictó una acordada en la que declaró el carácter de inaplicable del Artículo 1 de la Ley 24.631, en cuanto derogaba las exenciones tributarias -en relación al impuesto a las Ganancias- para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación.

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Sin embargo, en 2016 el Congreso aprobó una ley que dispuso que aquellos cuyo nombramiento estuviese vigente a partir del 1 de enero de 2017 en adelante, están obligados a tributar el mencionado impuesto, pero no así los designados antes de esa fecha.

Fundamentos

De acuerdo a la iniciativa, esa situación "acarrea una doble violación al principio constitucional fundamental como lo es el de igualdad ante la ley, más específicamente el de igualdad como base de los impuestos y las cargas públicas, y el de igual remuneración por igual tarea".

"En una sociedad democrática es inimaginable sostener cuanto menos, que una persona que ocupa el mismo cargo, con iguales funciones, carga horaria y tareas que otra, cobre más por el simple hecho de haber sido designada con anterioridad o posterioridad a una fecha determinada", indican los diputados en los fundamentos del proyecto.

"Nos encontramos en la actualidad con una notoria disparidad en cuanto a la carga fiscal de los ciudadanos, reflejada en que parte de los funcionarios, magistrados y empleados señalados no tributan impuesto a las ganancias sobre las rentas obtenidas por el trabajo personal, como sí lo hacen los demás trabajadores contenidos en la cuarta categoría de la ley en análisis", destacó el proyecto en los fundamentos.

Finalmente, los parlamentarios radicales insisten en colaborar para que el esfuerzo fiscal sea equitativo. “En los tiempos actuales, en el cual el país necesita de la colaboración de todos sus habitantes, especialmente de los miembros de los poderes del Estado, admitir esta excepción resulta abalar no sólo una discriminación arbitraria respecto de los demás ciudadanos sino convalidar privilegios de un pequeño sector de la sociedad que lejos está de lograr la tan preciada equidad social y justicia”, puntualizan.

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