Los gremios se enojaron con legisladores y advirtieron que habrá un caos social

Treinta y cuatro minutos bastaron para que la buena relación que se había gestado entre la Legislatura y los gremios estatales, mostrara ayer su primer quiebre. Ese fue el tiempo que duró una reunión convocada por tres comisiones legislativas con el objetivo de analizar el pedido de los trabajadores para fijar el básico en $ 350. Todo terminó con un abrupto final cuando los gremialistas se retiraron molestos por la respuesta de los parlamentarios.
Los dirigentes de la Unión de Gremios Estatales concurrieron a la cita con la expectativa de recibir el visto bueno de la Cámara para aprobar un proyecto que facultase al Gobierno a adherirse al decreto nacional que fijó el salario mínimo, vital y móvil.
La frustración comenzó a tomar forma cuando Fernando Juri Debo (PJ) -al frente de la Cámara porque Fernando Juri ejerció en forma interina el Poder Ejecutivo- les anticipó la voluntad de dar una señal política de apoyo a su reclamo, pero sólo con una declaración que no tuviera carácter vinculante. Juri Debo explicó que la Constitución le impide a la Legislatura fijar el salario de los empleados de otros poderes e informó que no contaba con los datos de los ingresos ni de los egresos del Estado para responder si el planteo laboral tenía sustento presupuestario.
A coro, los gremialistas cuestionaron esos argumentos. Víctor Molina (Sutep) mostró sus dudas respecto de que los legisladores no conocieran los datos de las cuentas públicas. "Es extraño, porque hasta nosotros tenemos los números", afirmó, calentando el clima de la reunión. Vicente Ruiz (municipales del interior) acusó a los legisladores de ser cómplices del PE y denunció que sólo se argumentan limitaciones constitucionales cuando se trata de beneficios para los trabajadores.
Antonio Raed -quien acompañó a Juri Debo junto a los legisladores Alejandro Martínez (PJ), Rodolfo Ocaranza (PJ), Alejandro Sangenis (Tres Banderas) y Rolando Alfaro (PJ)- instó a encontrar el camino del diálogo y de la negociación. "Es importante convocar a una paritaria con el Gobierno", afirmó el justicialista, cuando los sindicalistas comenzaron a abandonar la reunión.
En la puerta de la Legislatura y en una suerte de plenario, los estatales ratificaron la continuidad de las medidas de fuerza para el miércoles próximo y del paro provincial para el miércoles 23. Martín Rodríguez (ATE) acusó a los legisladores de dilatar el conflicto. "Alguien está buscando que Tucumán estalle. Pero hay que entender que aquí no hay medias tintas: se está con los trabajadores o se está con este Gobierno", concluyó.