El abono social impediría que se corte el agua

La Legislatura no insistiría en la sanción de la ley que prohibía el corte del agua y los desagües cloacales a los usuarios morosos, vetada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, avanzaría con un proyecto para reglamentar el abono social y limitar la restricción del servicio a los sectores de menores recursos. La posibilidad es impulsada por el oficialismo, que decidió no tratar el tema en la sesión del pasado lunes a la espera de que las objeciones planteadas por el Gobierno sean analizadas técnicamente por la Cámara.
El vicegobernador Fernando Juri adelantó ayer que la Legislatura dará una respuesta global al marco regulatorio y reconoció que tanto en el decreto del Ejecutivo como en la ley que fue vetada no estaba clara la situación ante los incumplimientos. "No pretendemos fomentar la cultura del no pago; queremos aprobar un sistema que castigue a los que pueden pagar y no lo hacen y que auxilie a quienes no puedan acceder al servicio", afirmó.
La estrategia del oficialismo para no rechazar el veto del Gobierno no es compartida por los opositores. Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) considera que es prioritario insistir en la norma y después introducir los cambios que hagan falta para imponer el abono social. "Es necesario que se corrijan los errores del decreto del Ejecutivo. El espíritu fue claro: no permitir que a nadie le falte el agua. Eso debe preservarse", afirmó.

Denuncian negociados
Según Alejandro Sangenis (Tres Banderas) -autor de uno de los proyectos de la tarifa social- no caben dudas de que la Legislatura debe dejar sin efecto el veto y después modificar el régimen vigente."Si no lo hacemos, dejaremos en pie la posibilidad de que la Sociedad Aguas del Tucumán corte el servicio a las franjas de menores ingresos y habilitaremos el gran negociado que se esconde detrás de la reconexión", denunció el parlamentario.