Un juez ordenó una auditoría en Famaillá

Finalmente, el Tribunal de Cuentas (TC) deberá auditar las cuentas de Famaillá, como pretendía el fiscal anticorrupción, Pedro Gallo. El juez de Instrucción de la I Nominación, Alfonso Zottoli, ordenó al órgano de control que determine el destino de los fondos extraídos de la cuenta corriente que el municipio, que encabeza el justicialista José Fernando Orellana, posee en el Banco del Tucumán (BT).
En mayo, Gallo requirió al TC que envíe una delegación a la sureña ciudad. El funcionario judicial efectuó el requerimiento por la investigación que inició tras la presentación judicial del ex contador general del municipio, Alberto Musa. Este, tras presentar la renuncia, denunció que Orellana retiraba diariamente $ 160 -cifra que supuestamente se duplicaba en las vísperas de los fines de semana- sin rendir cuentas del destino que daba a los fondos, pese a los reiterados pedidos de que presentara las facturas.
Al solicitar la presencia del TC, Gallo invocó el artículo 149 de la Ley de Contabilidad. Esta norma autoriza a los jueces, cuando lo consideren necesario, a que requieran al órgano de control de la provincia que colabore en la producción de pruebas, peritajes u otra clase de actuaciones judiciales.
El TC, que encabeza Darío Domingo de Prada, devolvió la solicitud a Gallo por considerar que un requerimiento de esa clase sólo podía ser realizado por un juez. Por esta razón, Gallo elevó el pedido a Zottoli, quien, finalmente, dio la orden.

Cuantiosa suma
El magistrado, al disponer la auditoría, se preocupó por aclarar que el TC deberá informar sobre el movimiento de fondos y si este se ajustó a la normativa vigente. De acuerdo con la denuncia de Musa, sólo entre noviembre y enero Orellana habría manejado unos $ 200.000.
"La auditoría también debe comprobar la recepción, empleo y legalidad de los fondos de orden nacional que fueron recibidos", aseveró Zottoli.
El juez también precisó que el TC no deberá concretar la auditoría en el marco de un juicio de responsabilidad ni de las atribuciones jurídico-administrativas que le corresponden al órgano de control. La actuación responde a un pedido judicial que busca que, desde el punto de vista técnico-contable, se establezca si los fondos fueron usados de conformidad con la ley.

Un paso clave
Gallo considera fundamental la intervención del TC para poder avanzar con la investigación. Hasta el momento fueron imputados Orellana; los secretarios de Hacienda, Pedro Yaffa, y de Gobierno de Famaillá, Juan Villafañe, y el propio Musa. Este, no obstante haber hecho la denuncia que abrió la causa, quedó involucrado por haber firmado los cuestionados libramientos en favor del intendente.
La auditoría también servirá para saber si Musa tiene razón cuando afirma que Orellana recibió fondos nacionales y que tomó créditos por U$S 5 millones.