Intercederán por los estatales

La Legislatura se transformará en el enlace entre los empleados públicos, que reclaman un sueldo básico de $ 350, y el Poder Ejecutivo, que niega la posibilidad de conceder ese aumento.
Ayer, mientras la Legislatura sesionaba, el vicegobernador Fernando Juri y el legislador peronista Alejandro Martínez atendieron a un grupo de sindicalistas que reclamaban que se trate con urgencia y sobre tablas el proyecto de ley relacionado con el aumento de haberes. No lograron su objetivo, pero se fueron con el compromisos de que en la próxima sesión se debatirá este asunto junto con los vetos del PE a las leyes sancionadas por la Legislatura. También acordaron una reunión con las comisiones de Asuntos Constitucionales, Hacienda y Legislación Social, el jueves, a las 10.
Los legisladores esperarán hasta pasado mañana un informe del Ministerio de Economía (fue pedido por el peronista Fernando Juri Debo) sobre la disponibilidad de fondos para otorgar la mejora salarial. Todos suponen que la respuesta será negativa. Pese a esa presunción, Juri dijo que en la Legislatura existe la intención de reclamar con prudencia y dentro de la ley.
El encuentro acordado y las palabras no tranquilizaron a los gremialistas. La conversación con Juri y con Martínez fue muy dura, según reconoció el vicegobernador. En algún momento un gremialista preguntó incluso si era necesario "incendiar Tucumán" para que los reclamos sean atendidos. Trascendió que Juri aclaró que ni es enemigo ni está enfrentado con el gobernador José Alperovich, y recordó que si se rechaza la ley, no se puede insistir con el tema por un año. De todas maneras, se maneja la posibilidad de que la Cámara se pronuncie en adhesión a la ley nacional que fija el básico de $ 350 para los estatales.
Los gremios anunciaron que seguirán protestando . "Mañana la capital estará sitiada porque se cortarán todos los accesos, y en el interior bloquearemos las rutas", advirtió el dirigente municipal del sur Vicente Ruiz.

Prorrogan el mandato del ombudsman
Hasta principios de setiembre Luis Acosta será el defensor del pueblo de Tucumán. La Legislatura le prorrogó el mandato por 90 días (ayer vencía la designación transitoria dispuesta en diciembre) y prometió usar los tres meses para sancionar un nuevo sistema de cobertura para el cargo.
En la sesión de ayer, los legisladores justificaron por qué en los últimos seis meses no se modificó el régimen de elección del ombudsman. El peronista Rodolfo Ocaranza detalló las tareas que ocuparon a la Cámara. "Podríamos haber designado (definitivamente) al actual defensor del pueblo o a cualquier otro por el plazo que prevé la ley (seis años). Probablemente, hasta existía un consenso al respecto; pero se optó por disponer de un nuevo plazo para elaborar otra ley", dijo.
"Me hubiera gustado que continúe Acosta y quiero que participe en el futuro, aunque seguramente habrá otros que se inscriban (para el cargo)", reconoció el bussista Ernesto Padilla.
José Cúneo Vergés (PJ) reclamó que no se cedan espacios, porque política y moral no son términos que se opongan. Pero sugirió que el defensor del pueblo podría ser, en los comicios generales, hasta un cargo electivo más.
El justicialista Antonio Raed rechazó los proyectos partidarios de que la Legislatura delegue su facultad de designar al ombudsman. "El es un alto comisionado parlamentario y político con funciones técnicas. No es oportuno crear una verdadera corporación de entidades intermedias, como el Consejo Asesor de la Magistratura, que terminó apropiándose de la designación de los jueces y que, por suerte, se suprimió. Sí podemos imponer un sistema de preselección", afirmó.Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) aclaró que su proyecto atribuye a la Legislatura la potestad de seleccionar y elegir al ombudsman entre los candidatos inscriptos en un registro.