Por Gustavo Rodríguez
12 Septiembre 2018
Involucran a la delegación comunal de El Cadillal en la venta de terrenos fiscales
La Fiscalía de Estado inició unas 200 demandas; sin embargo, en la repartición gubernamental no se descarta que avancen sobre más casos. El Poder Ejecutivo requirió al comisionado rural que se abstenga de realizar cualquier tipo de acto administrativo.
EMPRENDIMIENTO. Uno de los predios de “Viviendas Leal”, una de las empresas observadas por el Gobierno.
La Fiscalía de Estado avanza en su pelea contra la venta ilegal de terrenos fiscales en El Cadillal. Hasta el momento ha iniciado unas 200 demandas, pero desde ese organismo anticipan que puede haber muchas más. Ese convencimiento está basado en la investigación que realizaron los profesionales de la repartición. Sospechan que desde la comuna de esa localidad podrían haber facilitado documentación para que se realizaran operaciones inmobiliarias irregulares con tierras que pertenecen a la Provincia.
Mucha de esa información fue encontrada en las respuestas que presentaron en la Justicia los denunciados por usurpación. La mayoría de los más de 200 denunciados afirma que adquirió los terrenos a través de cesión de derechos de posesión de las tierras. En los descargos presentaron como pruebas documentación que les habían entregado en la comuna. Por ejemplo, boletas de pago de contribuciones que no están autorizados a cobrar, ya que se trata de terrenos fiscales.
En la causa “Provincia de Tucumán versus Bobba, Norma Beatriz y otros sobre Acción de reivindicación”, María Rosa Contreras, defensora de Jorge Ramón Zárate, uno de los demandados, al realizar el descargo dijo: “mi mandante ha realizado la compra de buena fe y a título oneroso del inmueble objeto de la Litis y realizado todo tipo de actos de posesión pública, pacífica e ininterrumpido durante todos estos años. Realizó todos los pagos y trámites exigidos por la comuna de El Cadillal, organismo descentralizado de la propia actora”.
PRUEBAS. Los denunciados presentaron documentos y facturas de la comuna.
En un extenso escrito, la profesional explicó que su defendido logró quedarse con esa tierra mediante un contrato de cesión de acciones y derechos posesorios del denominado loteo “Tiempo Compartido Pura Vida”. “El inmueble descripto le correspondía al cedente por compra que hiciera a la señora Andrea Soledad Bonanno, mediante contrato de cesión de derechos posesorios de fecha 13 de junio de 2011”, explicó. La vendedora es hija de Carlos Bonanno, actual delegado de la comuna de El Cadillal, quien negó haber participado en la operación. (ver “Es todo ...”)
Contreras recalcó que después de haber realizado la adquisición del inmueble, Zárate se dirigió a la comuna a registrarla y a abonar los servicios correspondientes. “La legalidad y publicidad de la posesión es tal que las mismas autoridades de la comuna de El Cadillal los hicieron firmar notas dirigidas a la Subsecretaría de Regularización Dominial y les otorgaron sus carpetas a los vecinos”, dijo. “Es decir -agregó-, que a la buena fe de los compradores se suma un claro aval de la administración pública (comuna), que cobró y cobra impuestos, aprobó planos de mensuras, instrumentó notas y aprobó los instrumentos de cesión”.
“Por pedido de las autoridades de la comuna, los vecinos firmaron un pedido mediante nota presentada ante el (ex) fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa para ser incluidos en la normativa legal a dictarse por la Legislatura respecto de la regularización y titularización de los lotes ubicados en El Cadillal y de los cuales son poseedores a títulos de dueños”, señaló en el escrito.
La profesional también informó sobre otro dato clave: “la comuna proveyó los formularios para la autorización de los planos. Los instrumentos de cesión fueron firmados por el encargado de Rentas, Walter Arroyo, con sello oficial y tasa de la comuna”.
Otro caso
En la demanda “Provincia de Tucumán versus Ale, Alejandro Oscar S/Acción de Reivindicación”, otra de las causas abiertas, José Fernando Isa, defensor del demandado, también aportó pruebas que complicarían a las autoridades de la comuna. “Como prueba más cabal de que la posesión fue siempre pública, pacífica, continua e ininterrumpida, que fue a la vista de todo el mundo y que nunca fue cuestionada por autoridad alguna, son los instrumentos que acompaño; entre los que se destacan las presentaciones cumplidas ante la comuna de El Cadillal como las correspondientes constancias de pago de contribuciones comunales sobre el predio”, detalló.
Tanto Isa como Contreras argumentaron que sus defendidos pagaron durante varios años las contribuciones comunales. Pero también aclararon que lo hicieron los anteriores cesionarios, Andrea Bonanno, en el caso de Zárate y, Juan Carlos Alderete, en la causa Ale. Ambos argumentaron que en total, realizaron pago de contribuciones por más de 20 años.
Entre las documentaciones que presentaron los demandados, aparecen dos recibos de pago de contribuciones de servicios realizadas por Ale en 2009 por valor de $ 108,06 (en concepto de cuatro cuotas del período 2008) y Zárate en 2012 por un monto total de $ 142,27 (por cuotas de los años 2011 y 2012).
La respuesta
Al encontrarse con estas irregularidades, el ministro del Interior, Miguel Acevedo, y la Fiscalía de Estado, a través de una nota, requirieron al comisionado comunal de El Cadillal, “como así también a todo el personal perteneciente a dicha comuna, que se abstenga de realizar cualquier tipo de hecho o acto administrativo que tiendan a facilitar las situaciones anómalas descriptas”.
En ese sentido, le prohibió a Bonanno a emitir documentación referida a venta, cesiones, transferencias y a cualquier otro acto administrativo referido a inmuebles del Estado. También le pidió que se abstenga de cobrar o percibir tasas o servicios y de pedir a EDET que instale medidores de luz en dichos terrenos.
El Tribunal de Cuentas también observó a Bonanno
LA GACETA no pudo comunicarse con el delegado comunal Carlos Bonanno para que diera a conocer su versión de los hechos. Sí se descubrió que el Tribunal de Cuentas (TC) también cuestionó al funcionario por no haber realizado una obra, a pesar de que cobró fondos por casi $ 1 millón para hacerla. El 8 de agosto, el TC resolvió iniciar acciones legales en contra del comisionado por, supuestamente, no haber realizado la recuperación de alumbrado público, pese a que retiró más de $ 910.000 en febrero de 2017 y $ 70.000 en marzo de ese mismo mes. Los profesionales advirtieron que la obra, que consistía en la recuperación del sistema eléctrico de la villa turística hasta la fecha de la resolución, no había sido iniciada.
“Nunca vendí nada”, aseguró la hija del comisionado
“Desconozco totalmente la causa en la que se me menciona. Nunca fui notificada de absolutamente nada. Nunca vendí nada y, mucho menos, puse mi firma para nada”, explicó Andrea Soledad Bonanno, la hija del delegado de El Cadillal que aparece mencionada en una causa referida a la usurpación de un terreno fiscal en esa villa turística. La joven, que actualmente reside en otra provincia, agregó: “¿Me conoce este señor? ¿Habló conmigo en alguna oportunidad? En la fecha en la que me dicen que se realizó esa acta de sesión no estaba en Tucumán. Me encontraba en Buenos Aires realizando un tratamiento, puesto que estuve muy enferma”. “Si realmente existe una firma podemos ir a un perito para constatar si realmente es mía. Para terminar quiero aclarar que desde que mi padre es delegado son innumerables las cosas que se dicen. Es todo política en contra de él”, concluyó.
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