Más de 900 personas dejaron de cobrar el subsidio de $ 150

Desde que estalló el escándalo por el manejo irregular en la distribución de los planes sociales para desocupados en marzo pasado, a raíz de los casos publicados en LA GACETA, más de 900 beneficiarios de Tucumán fueron dados de baja. En el registro oficial del Ministerio de Trabajo de la Nación figuraba un total de 76.319 tucumanos autorizados a cobrar los $ 150 mensuales del programa "Jefes y Jefas de Hogar Desocupados".
Esa cifra corresponde al listado de marzo pasado. Sin embargo, cuando LA GACETA comenzó a revelar las polémicas entregas del subsidio a personas a las que no les correspondía según las disposiciones legales del Gobierno nacional, un total de 931 beneficiarios quedaron fuera del sistema.
En algunos casos, fueron los propios involucrados quienes presentaron su renuncia al plan social, aunque la mayoría fue desplazado del programa por resoluciones emitidas desde la cartera laboral de la Nación.

El primer caso
La seguidilla de dirigentes políticos inscriptos como beneficiarios se conoció a partir del 28 de marzo pasado, cuando LA GACETA publicó el primer caso que involucró a la comisionada rural de San Andrés, Carla Elizabeth Martín (PJ).
La funcionaria había reconocido que estaba entre los beneficiarios. Lo curioso es que ella reside en San Andrés, pero se había inscripto en la comuna de Delfín Gallo y retiraba el dinero ($ 150 mensuales) en Banda del Río Salí.
La mujer había asegurado que al momento de asumir en noviembre del año pasado, renunció al beneficio, pero en el registro oficial seguía apareciendo sin modificaciones. "El ex delegado comunal de Delfín Gallo (José Gallardo) me puso en el plan porque él me debía plata. Yo estaba trabajando para él y me hizo ingresar sin que lo sepa. Yo estaba embarazada y me correspondía; pero no sabía que él me había inscripto. Después me enteré y lo cobré", explicó.
Luego se conoció también que su esposo Matías Nanterne también cobraba un plan social y que, además, había sido nombrado por su esposa como empleado de la comuna.
Los familiares de Carla Martín quedaron envueltos en un gran revuelo político cuando se supo que Adela Segunda Victorio, la madre de la funcionaria, también recibía el beneficio para desempleados. Ella sigue percibiendo el subsidio hasta la fecha, según lo detalla el registro nacional.

Piden que se investigue a funcionarios públicos
El caso Arancibia también repercutió en el ámbito político de la capital, a partir de que el ex senador nacional Pablo Walter habló de la existencia de organizaciones delictivas en la provincia.
"Al margen de la investigación judicial, el gobernador (José) Alperovich y el senador (Ricardo) Bussi no pueden hacerse los distraídos, porque el hecho refleja las irregularidades en Concepción y la existencia de organizaciones delictivas en toda la provincia, sin distinción partidaria, que malversan recursos de los planes sociales", había aseverado el dirigente de Recrear.
Walter remarcó no cree en la teoría del suicidio. "Este tipo de planes sociales es funcional a un sistema político, que se aprovecha de la poca transparencia en las cuentas públicas y de la excesiva burocracia estatal, para generar clientelismo y lucrar políticamente con la necesidad de la gente", resaltó.
"Se debe alentar la prosecución de las investigaciones contra los beneficiarios ilegítimos y contra los funcionarios intervinientes en el otorgamiento; pero también debe esclarecerse lo que realmente sucedió con Arancibia", señaló.