El Tribunal de Cuentas rechazó el pedido que les hizo el fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, para que efectúen una auditoría en el municipio de Famaillá. El funcionario judicial pretendía que el órgano de control determine si hubo irregularidades en el manejo de fondos por parte de la actual intendencia de aquella ciudad, el justicialista José Orellana.
Los vocales del Tribunal, que preside Darío Domingo de Prada, devolvieron la solicitud a Gallo, por considerar que un requerimiento de ese tenor sólo podía ser efectuado por un juez penal, según dispone el artículo 138 de la Ley de Administración Financiera. Si se complementa ese requerimiento legal, se podría realizar el relevamiento.
El fiscal había solicitado en dos oportunidades la auditoría en el marco de la investigación que lleva adelante por el presunto retiro de $ 160 diarios por parte del intendente, según la denuncia que efectuó el ex contador general del municipio, Alberto Musa. Este aseguró que Orellana sacaba la plata, pero que no presentaba la documentación que acreditara los gastos realizados. Sólo entre noviembre y enero la suma dispuesta alcanzaría los $ 200.000.
En el expediente están imputados Orellana; los secretarios de Hacienda, Pedro Yaffa, y de Gobierno, Juan Villafañe, y el propio Musa. Este, no obstante haber formulado la denuncia que originó la investigación, quedó involucrado por haber firmado los cuestionados libramientos.
El organismo de control recibió la resolución 15/04 del Concejo Deliberante de Famaillá mediante la cual los ediles también solicitaban una investigación financiera y contable en la Municipalidad. Esta decisión fue tomada el 13 de mayo, pero se la concretó formalmente hace pocos días. En el mismo pronunciamiento, los concejales pedían al Poder Ejecutivo que audite las cuentas de Orellana.
Confianza
Musa, quien renunció tras haber realizado la denuncia, insiste en que él no tiene nada que ver. Tras reiterar su confianza en el Tribunal de Cuentas, el contador insistió en la necesidad de que este actúe en la causa. "Sólo esta institución me da garantías en sus conclusiones por su independencia y porque no es un órgano político. Quiero impulsar y colaborar en serio con la investigación, para lo cual se requiere un informe que nos proporcione la verdad de los hechos", manifestó.
El ex funcionario afirmó que la auditoría es imprescindible y que debería abarcar desde la primera gestión de Orellana, en 1995, para que se pueda demostrar que su conducta fue siempre la misma. "Urge que se sepa dónde fueron a parar los fondos que llegaron de la Nación y los créditos que tomó por U$S 5 millones. En mi gestión traté de que se trabaje como corresponde, pero no pude cambiar su forma de ser y me fui", concluyó Musa.
Los vocales del Tribunal, que preside Darío Domingo de Prada, devolvieron la solicitud a Gallo, por considerar que un requerimiento de ese tenor sólo podía ser efectuado por un juez penal, según dispone el artículo 138 de la Ley de Administración Financiera. Si se complementa ese requerimiento legal, se podría realizar el relevamiento.
El fiscal había solicitado en dos oportunidades la auditoría en el marco de la investigación que lleva adelante por el presunto retiro de $ 160 diarios por parte del intendente, según la denuncia que efectuó el ex contador general del municipio, Alberto Musa. Este aseguró que Orellana sacaba la plata, pero que no presentaba la documentación que acreditara los gastos realizados. Sólo entre noviembre y enero la suma dispuesta alcanzaría los $ 200.000.
En el expediente están imputados Orellana; los secretarios de Hacienda, Pedro Yaffa, y de Gobierno, Juan Villafañe, y el propio Musa. Este, no obstante haber formulado la denuncia que originó la investigación, quedó involucrado por haber firmado los cuestionados libramientos.
El organismo de control recibió la resolución 15/04 del Concejo Deliberante de Famaillá mediante la cual los ediles también solicitaban una investigación financiera y contable en la Municipalidad. Esta decisión fue tomada el 13 de mayo, pero se la concretó formalmente hace pocos días. En el mismo pronunciamiento, los concejales pedían al Poder Ejecutivo que audite las cuentas de Orellana.
Confianza
Musa, quien renunció tras haber realizado la denuncia, insiste en que él no tiene nada que ver. Tras reiterar su confianza en el Tribunal de Cuentas, el contador insistió en la necesidad de que este actúe en la causa. "Sólo esta institución me da garantías en sus conclusiones por su independencia y porque no es un órgano político. Quiero impulsar y colaborar en serio con la investigación, para lo cual se requiere un informe que nos proporcione la verdad de los hechos", manifestó.
El ex funcionario afirmó que la auditoría es imprescindible y que debería abarcar desde la primera gestión de Orellana, en 1995, para que se pueda demostrar que su conducta fue siempre la misma. "Urge que se sepa dónde fueron a parar los fondos que llegaron de la Nación y los créditos que tomó por U$S 5 millones. En mi gestión traté de que se trabaje como corresponde, pero no pude cambiar su forma de ser y me fui", concluyó Musa.







