“Los asentamientos informales cristalizan en el espacio y en la ciudad una problemática que tiene que ver con la desigualdad”, afirma Paula Boldrini, arquitecta que trabaja como investigadora del Conicet en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT. Forma parte del Centro de Estudios sobre el Territorio y el Hábitat Popular analizando las dinámicas de las urbanizaciones informales, conoce el tema en profundidad y se desenvuelve con soltura en sus explicaciones.
“Si vemos el área metropolitana nos damos cuenta de cómo hacia el oeste, hacia los sectores que tienen mejores condiciones ambientales se ubican los sectores con mayor poder adquisitivo y las urbanizaciones cerradas. Y cómo sobre los canales, sobre el río Salí contaminado, sobre las áreas que el mercado inmobiliario descarta, tenemos concentrados los asentamientos informales”, analiza.
Se refiere a la urbanización informal, concepto que abarca las villas (que surgen de migraciones rurales-urbanas), asentamientos (que surgen de manera espontánea como fruto de migraciones urbanas) y barrios populares (terminología usada por el Gobierno Nacional para referirse a urbanizaciones que cumplen con determinados requisitos). Lo que tienen en común los tres conceptos es que los habitantes de estos barrios no son dueños del terreno, sino que se trata de sectores que pertenecen al Estado o a otros dueños privados.
Actualmente, la Nación está promoviendo una serie de medidas que buscan mejorar el hábitat urbano de unas 800.000 familias en todo el país. En el caso de Tucumán, el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) tiene contabilizados 203 barrios que cumplen con los requisitos para ser considerados como tales: urbanizaciones de más de 8 familias en las que al menos la mitad de las viviendas carecen de título de propiedad y tampoco cuentan con acceso formal a por lo menos dos de los tres servicios considerados básicos: agua, luz y cloacas.
Los habitantes de un barrio popular tienen acceso a ciertos beneficios, como pedir un certificado de vivienda familiar que les sirva para probar su domicilio y realizar diversos trámites sociales.
Como lo señaló Sebastián Welisenjko, funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Renabap es la primera capa de la informalidad habitacional, lo que implica que su área reconoce que este registro no puede ser considerado la solución definitiva a los problemas urbanos de los sectores vulnerables. “Puede haber muchas situaciones grises que no entraron en el registro, lo que no quiere decir que no tengan una situación de vulnerabilidad del hábitat”, aclara Welisenjko, que subraya el hecho de que los requisitos para que un barrio se inscriba en el Renabap son muy estrictos.
En ese contexto, la Provincia maneja criterios más amplios (que no fueron especificados) y, al referirse a la urbanización informal, estima una cifra de 300 barrios en terrenos fiscales o de terceros. Así lo comentó Fernando Rogel, director de Regulación Dominial y Hábitat provincial. “No hay algo que esté estipulado (sobre requisitos para ser considerado asentamiento)”, explica el funcionario provincial.
