Los estatales amenazan con llevar su reclamo a la Justicia

Los estatales amenazan con llevar su reclamo de incremento del salario básico a $ 350 a los tres poderes del Estado. Primero buscaron respuestas del Poder Ejecutivo, que mantiene su persistente negativa a aceptar el planteo sindical. Después, llegaron a la Legislatura en busca de una intermediación -que, hasta ahora, no tuvo frutos- y de la sanción de una serie de leyes que impongan las reivindicaciones sectoriales. Ahora advierten que, en caso de no prosperar su planteos ante los legisladores, buscarán que sea la Justicia la que dirima el conflicto.
"Llevaremos nuestro reclamo ante todos los foros, incluso internacionales, porque entendemos que se está violando la Constitución Nacional", afirmó Luis Arroyo (ATE).
El plan de lucha de los empleados públicos generó un caos, durante la mañana de ayer, en el tránsito del microcentro e hizo dificultosa la circulación por la ruta 38. La medida de fuerza fue la primera realizada en forma conjunta por la Unión de Gremios, conformada por la mayoría de los sindicatos del sector.
El reclamo tuvo especial repercusión en el Registro Civil, donde el personal tomó pacíficamente el edificio en demanda del incremento salarial y en repudio de una serie de designaciones realizadas por las actuales autoridades. Arroyo denunció que el martes pasado, funcionarios vinculados al Poder Ejecutivo realizaron una fiesta de cumpleaños en esa repartición y que provocaron daños en el edificio. "Lo que están haciendo es inadmisible", aseveró.
También hubo cortes de calle frente a otras reparticiones y un piquete móvil que llevó la protesta a distintos puntos de la ciudad. En el interior hubo cortes en varios sectores de las rutas 38, 307 y en el puente Lucas Córdoba. El plan de lucha tendrá continuidad con la participación de los maestros de ATEP. El gremio decidió no paralizar la actividad escolar, pero utilizará desde hoy los últimos diez minutos de cada turno para explicar a padres y alumnos las razones de la protesta.
El próximo lunes, los sindicalistas se concentrarán en la Legislatura para pedir que se trate el proyecto para fijar por ley el salario básico en $ 350. El miércoles próximo y el 16 habrá nuevas protestas como la de ayer. Para el 23 se anuncia una nueva marcha con paro provincial.

Se analiza el pedido de una mejora de sueldos
El reclamo de los trabajadores estatales para tener un salario básico de $ 350 no se podría traducir en una ley. La Constitución provincial prohíbe taxativamente a la Legislatura fijar la pauta salarial de los empleados del Poder Ejecutivo.
El artículo 63, inciso dos, de la Carta Magna dispone que "la Cámara no podrá aumentar los sueldos propuestos por el Poder Ejecutivo para los empleados de la dependencia de este". El argumento es sostenido desde la Casa de Gobierno, como la principal barrera jurídica a cualquier norma que aprueben los legisladores en la sesión de la próxima semana. Si avanza la discusión parlamentariamente de este tema, la cuestión se resolvería finalmente en la Justicia.
Pese a la disposición constitucional, la comisión legislativa de Hacienda ratificó el dictamen emitido por la de Legislación Social, y aconsejó la sanción de una ley para imponer un sueldo mínimo de $ 350, tal como solicitan los estatales. El despacho fue firmado ayer por los peronistas Fernando Juri Debo, Beatriz Avila, Víctor Lossi y Alejandro Martínez, y por el republicano José Costanzo. No lo avalaron el justicialista José Alberto Cúneo Vergés ni el radical Jorge Atilio Mendía.
Esta decisión sorprendió al ultraoficialismo. Hasta el martes, la mayoría de los peronistas tenía decidido pronunciarse a través de una resolución (no una ley), por la cual le iban a pedir al PE que se adhiera a la norma nacional fijando el salario estatal de piso y disponga una recomposición salarial. Ayer, el criterio cambió, y muchos lo vinculan a un endurecimiento en las relaciones entre los legisladores peronistas y el Gobierno.
Los legisladores de Hacienda, sin embargo, no cerraron el tema, y dispusieron que la iniciativa sea analizada también por la comisión de Asuntos Constitucionales, donde podría resolverse en forma distinta a la de los otros órganos legislativos.

Falta de presupuesto
El dictamen de la comisión de Hacienda fue firmado a pesar de que los legisladores ya conocían el veto del Poder Ejecutivo a una ley que imponía el pago de la ayuda escolar a los agentes de la administración pública con hijos en el tercer ciclo de la EGB. Este punto es reclamado por los gremios estatales y fue aprobado por la Legislatura en su última sesión, a partir de un proyecto del justicialista José Teri y del radical José Cano. La decisión firmada por el gobernador José Alperovich calificó de nula a la norma, por no prever los recursos para atender el incremento presupuestario.