Llegó ayer a las 11.50, en el vuelo 1490 de Aerolíneas Argentinas, junto con el abogado Ignacio Irurzun. En el aeropuerto fue recibida por Emilio Mrad (abogado tucumano). Se dio tiempo para visitar a una amiga -según dijo, en referencia a Marcela Terán- y luego fue a declarar en los tribunales federales durante una hora y quince minutos.
Allí, la ex primera dama Evangelina Salazar negó tener responsabilidad en el presunto desvío de fondos nacionales remitidos a la Fundación Esperanza en 1994. Sostuvo que en ese momento se encontraba de licencia en el cargo de conducción.
La esposa del ex gobernador Ramón Ortega (1991-95) declaró en carácter de imputada ante el juez federal, Felipe Terán, quien investiga el destino de una partida de $ 150.000 que recibió esa organización no gubernamental. En la causa también están involucradas la ex tesorera de la fundación, Silvana de Terán; la ex encargada del plan Volver, Aída Griselda Lugones, y la ex dirigente de esa ONG, Clara Farb de Mirkin.
La situación presuntamente irregular se habría iniciado en 1994, cuando el entonces secretario nacional de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), Alberto Lestelle, le otorgó un subsidio por $ 150.000 a la entidad, destinado a poner en marcha un programa especial contra las adicciones.
El proyecto contemplaba una granja de recuperación y tareas de prevención. Ahora, Salazar definió como injusta la imputación en su contra. "El dinero está; se compraron dos inmuebles y el dinero sobrante se devolvió", afirmó.
En esa línea, Irurzun remarcó que ella no tiene responsabilidad en los hechos denunciados. "Hemos presentado documentación referida a que, al momento de la compra de los inmuebles y de la rendición de cuentas la señora Evangelina Salazar, por acta de directorio, no era presidenta de la fundación. Eso desincrimina su conducta", afirmó el abogado.Entonces, ¿sobre quiénes recae la responsabilidad?, se le interrogó al letrado. "En esto quiero ser muy cuidadoso y será el juez quien lo investigue", resaltó.
Más tranquila
"Estoy más tranquila porque tuve la posibilidad de explicar mis razones ante el juez. Antes he preferido el silencio para no responder por los medios a cada cosa injuriosa que se decía", remarcó la esposa de Ortega.
Admitió que su familia fue afectada por la situación. "Nuestro lema era no contestar, para no entrar en el juego que se hacía grande y feo", señaló.
También defendió la labor del resto de los integrantes de la fundación. "Es gente honorable, y todo se agranda porque se trata de personas públicas", afirmó.
Finalmente manifestó que el juez le dijo que no necesariamente debe venir para prestar una nueva declaración. Sin embargo, aseguró que está a plena disposición de la Justicia.
Allí, la ex primera dama Evangelina Salazar negó tener responsabilidad en el presunto desvío de fondos nacionales remitidos a la Fundación Esperanza en 1994. Sostuvo que en ese momento se encontraba de licencia en el cargo de conducción.
La esposa del ex gobernador Ramón Ortega (1991-95) declaró en carácter de imputada ante el juez federal, Felipe Terán, quien investiga el destino de una partida de $ 150.000 que recibió esa organización no gubernamental. En la causa también están involucradas la ex tesorera de la fundación, Silvana de Terán; la ex encargada del plan Volver, Aída Griselda Lugones, y la ex dirigente de esa ONG, Clara Farb de Mirkin.
La situación presuntamente irregular se habría iniciado en 1994, cuando el entonces secretario nacional de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), Alberto Lestelle, le otorgó un subsidio por $ 150.000 a la entidad, destinado a poner en marcha un programa especial contra las adicciones.
El proyecto contemplaba una granja de recuperación y tareas de prevención. Ahora, Salazar definió como injusta la imputación en su contra. "El dinero está; se compraron dos inmuebles y el dinero sobrante se devolvió", afirmó.
En esa línea, Irurzun remarcó que ella no tiene responsabilidad en los hechos denunciados. "Hemos presentado documentación referida a que, al momento de la compra de los inmuebles y de la rendición de cuentas la señora Evangelina Salazar, por acta de directorio, no era presidenta de la fundación. Eso desincrimina su conducta", afirmó el abogado.Entonces, ¿sobre quiénes recae la responsabilidad?, se le interrogó al letrado. "En esto quiero ser muy cuidadoso y será el juez quien lo investigue", resaltó.
Más tranquila
"Estoy más tranquila porque tuve la posibilidad de explicar mis razones ante el juez. Antes he preferido el silencio para no responder por los medios a cada cosa injuriosa que se decía", remarcó la esposa de Ortega.
Admitió que su familia fue afectada por la situación. "Nuestro lema era no contestar, para no entrar en el juego que se hacía grande y feo", señaló.
También defendió la labor del resto de los integrantes de la fundación. "Es gente honorable, y todo se agranda porque se trata de personas públicas", afirmó.
Finalmente manifestó que el juez le dijo que no necesariamente debe venir para prestar una nueva declaración. Sin embargo, aseguró que está a plena disposición de la Justicia.







