Por Redacción Política
03 Junio 2004
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"Les pedí a los ministros que den de baja al 30% de los abogados, técnicos o personal de gabinete que ingresó en esta gestión". Así lo reconoció ayer a LA GACETA el gobernador José Alperovich, luego de una reunión de minigabinete.
La decisión del mandatario está relacionada con la polémica que se generó a partir de que se conoció que uno de los abogados (Walter Ibri) que debía cobrar $ 1,6 millón en honorarios extrajudiciales por un convenio entre la Provincia y la Caja Complementaria de la Actividad Docente, pertenecía a la planta de personal del Ministerio de Gobierno. "No quiero más sorpresas", acotó Alperovich. Esa misma frase la habría deslizado, aunque en un tono de disgusto, ante sus colaboradores.
Sin embargo, no dio precisiones sobre el mecanismo de selección que se aplicará para dar de baja a parte del personal.En un breve diálogo con el periodista de nuestro diario, el titular del Poder Ejecutivo admitió que la situación -conocer que Ibri cumplía tareas en una subsecretaría técnica de la cartera política- lo tomó por sorpresa, lo mismo que al ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez. "El no sabía que trabajaba en la Casa de Gobierno", aseguró para deslindar de cualquier responsabilidad al funcionario en la incorporación del letrado a la estructura del Ejecutivo.
Respecto de las versiones que hablan de posibles cambios en el PE, a raíz de esta situación, Alperovich aseguró que no tiene previsto ningún reemplazo. "Tengo un gabinete de lujo", manifestó. "Son sólo rumores; ahora me están corriendo ministros todos los días", añadió sonriendo.
Secuencia
La polémica se configuró a partir del rechazo del Tribunal de Cuentas al pago de honorarios por $ 2,6 millones a los abogados Ibri y Héctor Aguirre por gestiones realizadas en una negociación entre el PE y la Caja Docente. El Gobierno aseguró que no pagó esa suma por la decisión del organismo de control.
Sin embargo, para los legisladores Alejandro Sangenis, Ernesto Padilla y Juan Roberto Robles, la situación configura un presunto delito de estafa en perjuicio del Estado, por lo que el martes hicieron una denuncia en la Justicia.
La situación adquirió un cariz más controversial al conocerse que Ibri trabajaba en la sede del PE. Este renunció a su cargo el lunes, a partir de la crisis generada en Gobierno.
A Ibri no le aceptaron la renuncia y lo suspendieron
El Poder Ejecutivo no quiere que el joven abogado Walter Daniel Ibri se desvincule del Estado sin que dé explicaciones. El secretario de Gobierno, Daniel Posse, rechazó ayer la renuncia que el letrado presentó el lunes pasado, lo suspendió por 45 días y ordenó una investigación administrativa en su contra. Ibri se desempeñaba con categoría 21 en la Subsecretaría de Asuntos Técnicos del Ministerio de Gobierno. No obstante, participó en las negociaciones de la millonaria deuda de la Provincia con la Caja Complementaria de la Actividad Docente. El fiscal de Estado, Antonio Estofán -representaba los intereses de Tucumán-, afirma que desconocía que el abogado prestaba funciones en la administración pública. "El traía cartas de la Caja, notas y hasta nos acercó el borrador del convenio que firmamos. No tenía idea de que trabajaba en el Ministerio de Gobierno y el titular de esa cartera (Edmundo Jiménez) tampoco conocía el expediente que nosotros estábamos tramitando. Fue una maldita casualidad", aseguró el funcionario a LA GACETA.
Luego de que se selló el acuerdo por el cual la deuda se redujo de $ 40 millones a $ 26,5 millones, el Poder Ejecutivo emitió un decreto en el que se establecía que, por sus actuaciones, Ibri recibiría $ 1,5 millón en honorarios y Héctor Aguirre, casi $ 1,1 millón. El Tribunal de Cuentas (TC) objetó tal decisión (no así los honorarios acordados a otros seis abogados), por considerar que no estaba acreditada una actuación profesional que justificara semejante asignación.
En concordancia con el órgano de contralor y mediante un nuevo decreto, el PE no autorizó los pagos para Ibri y Aguirre. Tres legisladores de la oposición presentaron una denuncia ante el fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, por considerar que el PE intentó consumar una estafa, que fue conjurada por la actuación del TC.
"De las publicaciones efectuadas en diarios de la provincia surgiría una presunta implicancia de Ibri en los hechos que son de público conocimiento", argumentó Posse al suspender a Ibri.
Posible incompatibilidad
Posse aclaró que el sumario determinará si le cabe alguna responsabilidad al letrado. "Existe una presunción de que podría haber incurrido en incompatibilidades en el ejercicio de sus funciones", manifestó.
La causa pasó a la Dirección de Sumarios. El estatuto del empleado público, para el caso de las transgresiones a las normas estatuidas en él, prevé amplias sanciones, que van de la amonestación hasta la cesantía.
"Si le aceptábamos la renuncia, lo desvinculábamos de la administración pública. En ese caso, nos quedábamos sin la posibilidad de hacer una investigación sumaria que, finalmente, podría derivar en alguna sanción", dijo Posse.
Estofán reconoció que el domingo se enteró de que Ibri trabajaba para el Estado y aclaró que no lo ve desde fines de abril.
La decisión del mandatario está relacionada con la polémica que se generó a partir de que se conoció que uno de los abogados (Walter Ibri) que debía cobrar $ 1,6 millón en honorarios extrajudiciales por un convenio entre la Provincia y la Caja Complementaria de la Actividad Docente, pertenecía a la planta de personal del Ministerio de Gobierno. "No quiero más sorpresas", acotó Alperovich. Esa misma frase la habría deslizado, aunque en un tono de disgusto, ante sus colaboradores.
Sin embargo, no dio precisiones sobre el mecanismo de selección que se aplicará para dar de baja a parte del personal.En un breve diálogo con el periodista de nuestro diario, el titular del Poder Ejecutivo admitió que la situación -conocer que Ibri cumplía tareas en una subsecretaría técnica de la cartera política- lo tomó por sorpresa, lo mismo que al ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez. "El no sabía que trabajaba en la Casa de Gobierno", aseguró para deslindar de cualquier responsabilidad al funcionario en la incorporación del letrado a la estructura del Ejecutivo.
Respecto de las versiones que hablan de posibles cambios en el PE, a raíz de esta situación, Alperovich aseguró que no tiene previsto ningún reemplazo. "Tengo un gabinete de lujo", manifestó. "Son sólo rumores; ahora me están corriendo ministros todos los días", añadió sonriendo.
Secuencia
La polémica se configuró a partir del rechazo del Tribunal de Cuentas al pago de honorarios por $ 2,6 millones a los abogados Ibri y Héctor Aguirre por gestiones realizadas en una negociación entre el PE y la Caja Docente. El Gobierno aseguró que no pagó esa suma por la decisión del organismo de control.
Sin embargo, para los legisladores Alejandro Sangenis, Ernesto Padilla y Juan Roberto Robles, la situación configura un presunto delito de estafa en perjuicio del Estado, por lo que el martes hicieron una denuncia en la Justicia.
La situación adquirió un cariz más controversial al conocerse que Ibri trabajaba en la sede del PE. Este renunció a su cargo el lunes, a partir de la crisis generada en Gobierno.
El Poder Ejecutivo no quiere que el joven abogado Walter Daniel Ibri se desvincule del Estado sin que dé explicaciones. El secretario de Gobierno, Daniel Posse, rechazó ayer la renuncia que el letrado presentó el lunes pasado, lo suspendió por 45 días y ordenó una investigación administrativa en su contra. Ibri se desempeñaba con categoría 21 en la Subsecretaría de Asuntos Técnicos del Ministerio de Gobierno. No obstante, participó en las negociaciones de la millonaria deuda de la Provincia con la Caja Complementaria de la Actividad Docente. El fiscal de Estado, Antonio Estofán -representaba los intereses de Tucumán-, afirma que desconocía que el abogado prestaba funciones en la administración pública. "El traía cartas de la Caja, notas y hasta nos acercó el borrador del convenio que firmamos. No tenía idea de que trabajaba en el Ministerio de Gobierno y el titular de esa cartera (Edmundo Jiménez) tampoco conocía el expediente que nosotros estábamos tramitando. Fue una maldita casualidad", aseguró el funcionario a LA GACETA.
Luego de que se selló el acuerdo por el cual la deuda se redujo de $ 40 millones a $ 26,5 millones, el Poder Ejecutivo emitió un decreto en el que se establecía que, por sus actuaciones, Ibri recibiría $ 1,5 millón en honorarios y Héctor Aguirre, casi $ 1,1 millón. El Tribunal de Cuentas (TC) objetó tal decisión (no así los honorarios acordados a otros seis abogados), por considerar que no estaba acreditada una actuación profesional que justificara semejante asignación.
En concordancia con el órgano de contralor y mediante un nuevo decreto, el PE no autorizó los pagos para Ibri y Aguirre. Tres legisladores de la oposición presentaron una denuncia ante el fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, por considerar que el PE intentó consumar una estafa, que fue conjurada por la actuación del TC.
"De las publicaciones efectuadas en diarios de la provincia surgiría una presunta implicancia de Ibri en los hechos que son de público conocimiento", argumentó Posse al suspender a Ibri.
Posible incompatibilidad
Posse aclaró que el sumario determinará si le cabe alguna responsabilidad al letrado. "Existe una presunción de que podría haber incurrido en incompatibilidades en el ejercicio de sus funciones", manifestó.
La causa pasó a la Dirección de Sumarios. El estatuto del empleado público, para el caso de las transgresiones a las normas estatuidas en él, prevé amplias sanciones, que van de la amonestación hasta la cesantía.
"Si le aceptábamos la renuncia, lo desvinculábamos de la administración pública. En ese caso, nos quedábamos sin la posibilidad de hacer una investigación sumaria que, finalmente, podría derivar en alguna sanción", dijo Posse.
Estofán reconoció que el domingo se enteró de que Ibri trabajaba para el Estado y aclaró que no lo ve desde fines de abril.
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