El gobierno de José Alperovich quiere crear tres nuevas Fiscalías de Instrucción Penal en esta capital (hoy existen diez) y una en el Centro Judicial de Concepción (hay cuatro). También pretende que en esta ciudad haya otra Defensoría de Menores en lo Civil, Penal y del Trabajo (funcionan cuatro). Para cumplir con este objetivo, el Poder Judicial tendría que recibir una ampliación presupuestaria de $ 1,9 millón, porque implementar una nueva oficina judicial demanda $ 395.769.
El Ministerio de Gobierno, que encabeza Edmundo Jiménez, recibió un pormenorizado informe de la Corte Suprema de Justicia. En él se detalla que se requieren $ 282.000 aproximadamente para la designación de personal. Ello serviría para nombrar a ocho personas: un fiscal, un ayudante fiscal, un secretario, un prosecretario, un encargado mayor, uno principal, un auxiliar y un ordenanza.
También se necesitan $ 25.100 como inversión inicial para acondicionar cada despacho. La suma incluye escritorios, sillón para el funcionario judicial, sillas para los empleados y para el público, bibliotecas y demás mobiliario. Para el equipamiento de cada oficina habría que invertir $ 66.200 y para bienes de consumo (útiles e insumo), otros $ 21.600.
El Ejecutivo ya tiene preparado el proyecto de ampliación, que podría ponerse en marcha a partir del próximo año. Para ello, el Poder Judicial tendrá que recibir más dinero del que dispondrá este año (alrededor de $ 67 millones), en el que le asignaron $ 285.000 respecto de 2003.
Dinero asegurado
Dada la preocupación que existe en el país por la inseguridad, algunos legisladores oficialistas pretenden que haya siete fiscalías más en esta capital. "Estamos de acuerdo con que haya muchas, pero hoy sólo disponemos de los recursos necesarios para cuatro fiscalías más y para una Defensoría. No alcanza con trabajar en la faz represiva; hay que poner énfasis en la prevención", afirmó el secretario de Gobierno, Daniel Posse.
El Ministerio de Gobierno, que encabeza Edmundo Jiménez, recibió un pormenorizado informe de la Corte Suprema de Justicia. En él se detalla que se requieren $ 282.000 aproximadamente para la designación de personal. Ello serviría para nombrar a ocho personas: un fiscal, un ayudante fiscal, un secretario, un prosecretario, un encargado mayor, uno principal, un auxiliar y un ordenanza.
También se necesitan $ 25.100 como inversión inicial para acondicionar cada despacho. La suma incluye escritorios, sillón para el funcionario judicial, sillas para los empleados y para el público, bibliotecas y demás mobiliario. Para el equipamiento de cada oficina habría que invertir $ 66.200 y para bienes de consumo (útiles e insumo), otros $ 21.600.
El Ejecutivo ya tiene preparado el proyecto de ampliación, que podría ponerse en marcha a partir del próximo año. Para ello, el Poder Judicial tendrá que recibir más dinero del que dispondrá este año (alrededor de $ 67 millones), en el que le asignaron $ 285.000 respecto de 2003.
Dinero asegurado
Dada la preocupación que existe en el país por la inseguridad, algunos legisladores oficialistas pretenden que haya siete fiscalías más en esta capital. "Estamos de acuerdo con que haya muchas, pero hoy sólo disponemos de los recursos necesarios para cuatro fiscalías más y para una Defensoría. No alcanza con trabajar en la faz represiva; hay que poner énfasis en la prevención", afirmó el secretario de Gobierno, Daniel Posse.







