La Justicia investiga si hubo algún pago

El fiscal anticorrupción Pedro Gallo inició de oficio una investigación penal para determinar fehacientemente si el Estado pagó $ 2,6 millones a los abogados Walter Ibri y Héctor Aguirre. Este hecho podría configurar un delito contra la administración pública, y caería dentro de la órbita de ese despacho.
La millonaria liquidación de honorarios en beneficio de Ibri y de Aguirre fue vetada por el Tribunal de Cuentas, al considerar que no se había probado gestión alguna para el canje de una deuda con la Caja Complementaria de la Actividad Docente por más de $ 10 millones.
Esa entidad previsional tenía Bonos Independencia Argentina Serie III en default y ahora recibió títulos Consadep. Esta operación fue avalada por la institución de control estatal, que sólo objetó que se afronten honorarios extrajudiciales para los abogados. El Poder Ejecutivo no refutó ese rechazo.

Pesquisa en trámite
Ayer, el fiscal recibió la denuncia que efectuaron los legisladores Ernesto Padilla, Alejandro Sangenis y Juan Roberto Robles (Ver "Opositores..."). Este planteo se acumulará al expediente ya comenzado por decisión propia, a partir de la difusión de la noticia por LA GACETA y por la trascendencia pública del hecho.
La decisión de Gallo ya fue registrada en mesa de entradas, lo que es el primer paso para la pesquisa.
El fiscal tiene decidido solicitar a la Fiscalía de Estado el acuerdo firmado con la Caja Complementaria y una serie de informes sobre los pasos administrativos dados para alcanzar ese pacto, a fin de precisar la actuación de las distintas partes. También preguntaría si es verdad que Ibri trabaja en el ámbito del Ministerio de Gobierno de la Provincia.
En particular, buscaría determinar si se concretó algún desembolso de dinero del Gobierno para los abogados mencionados, lo que implicaría un perjuicio y permitiría su intervención. Sin embargo, podría no haber salida alguna de fondos pero sí la posible comisión de un ilícito en grado de tentativa, como lo denunciaron los legisladores. En este último supuesto, el expediente tendría que pasar a una fiscalía penal ordinaria, ya que no sería de competencia de la Fiscalía Anticorrupción.
Gallo también solicitará al Tribunal de Cuentas los acuerdos 566 y 848, emitidos en contra del reconocimiento a los letrados, y del resto de la información de soporte que tuviera el organismo.

Opositores hicieron una denuncia penal
Tres legisladores de la oposición denunciaron penalmente el intento de pago de honorarios por $ 2,6 millones a dos abogados en forma particular, por parte del Estado. Esta situación configuraría el presunto delito de estafa en perjuicio de la administración pública, en grado de tentativa.
La presentación fue efectuada ante el fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, por Alejandro Sangenis (Movimiento Peronista Tres Banderas), Juan Roberto Robles (UCR) y Ernesto Padilla (FR).
Los legisladores pidieron que se determine la responsabilidad de los funcionarios que intervinieron en las transacciones con la Caja Complementaria de la Actividad Docente. Por operaciones extrajudiciales, se computaron montos millonarios en favor de Walter Ibri y de Héctor Aguirre, que no se habrían pagado por objeción del Tribunal de Cuentas.
Según los opositores, "hubo un trámite de inusitada agilidad en los acuerdos y la liquidación de honorarios, en una operación que habría sido realizada por letrados de escasa experiencia, que tendrían vinculaciones con el PE y la Caja Complementaria".

Canje de títulos públicos
"La mediación no es el modo alternativo de resolución de conflictos aplicable a este caso, ni era necesario. Los abogados no están mencionados en el convenio de refinanciación ni firman el instrumento, y se paga por un canje de deuda, cuando es un canje de títulos públicos", dijeron.
"Se autorizó el pago indebido a quienes no tuvieron ninguna intervención judicial", aseguró Robles. "Ya hemos pedido informes al Gobierno sobre este hecho, para determinar quiénes fueron los instigadores, los encubridores y los autores materiales", remarcó.
Padilla dijo que, según le informaron, el gobernador José Alperovich le iniciará una acción penal por sus opiniones. "Me basé en la documentación existente. Esta situación mella la credibilidad del Estado en el manejo de fondos públicos", aseveró.
"El fiscal de Estado, Antonio Estofán, no es un lego y sabe que hubo un manifiesto intento de estafar al Estado", afirmó Sangenis. "No me importa que Alperovich se enoje. El 25 de mayo premió a los sospechados de corrupción, abrazándolos y casi llevándolos en andas", se quejó, en referencia al aval dado al interventor del IPSS, Mario Koltan.

Ibri renunció al cargo que ocupaba en el PE
El abogado Walter Ibri, uno de los letrados que debía cobrar parte de $ 2,6 millones en honorarios extrajudiciales por un convenio entre la Provincia y la Caja Complementaria de la Actividad Docente, renunció el lunes, a las 13.20, al cargo que ocupaba en una subsecretaría técnica del Ministerio de Gobierno.
El profesional presentó su dimisión aduciendo razones particulares para justificar su decisión. El expediente está en trámite y pendiente de una resolución, según se indicó en la cartera política. El ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, es quien debe aceptar la renuncia. El lunes, el funcionario, casi a la misma hora en que Ibri presentaba su dimisión, confirmaba a la prensa que el abogado cumplía funciones en el Poder Ejecutivo y que había ingresado en esta gestión.
"Estoy preparando una querella", le dijo ayer Ibri a LA GACETA, en un breve diálogo. El profesional optó por mantenerse en silencio, por el momento.