Por Redacción Política
01 Junio 2004
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El fiscal de Estado, Antonio Estofán, defendió la negociación de la deuda que la Provincia mantenía con la Caja Complementaria de la Actividad Docente y aseguró que no se pagaron los polémicos honorarios por $ 2,6 millones a dos abogados que figuran como mediadores en esa transacción.
"No quiero entrar en polémicas. Obtuvimos un excelente negocio para la Provincia, a la que liberamos de un posible embargo de coparticipación, y todo aquello que objetó el Tribunal de Cuentas, no se pagó. Este tema no da para más, pero ya lo están usando políticamente en contra del Gobierno", indicó el funcionario.
En diálogo con LA GACETA describió el estado de la deuda con la que se encontró. "Los 11 millones que el legislador Ernesto Padilla (FR) menciona como deuda total son sólo una parte. Y no son pesos, sino dólares", dijo.
A eso, el fiscal de Estado sumó títulos Independencia dolarizados, en default, por U$S 7 millones. "Estaban en un juicio ante la Corte nacional que planteaba la inconstitucionalidad de la pesificación. Todavía no desistieron de ese planteo. Y al monto hay que sumarle unos U$S 400.000 en intereses", puntualizó.
Estofán señala que la Caja contaba ya con una sentencia de la Corte nacional, por cupones impagos, que ascendía en diciembre de 2002 a U$S 2,8 millones.
"Y había deuda en pesos por fuera de la consolidación, con intimación de pago, que ascendía a $ 5,8 millones. Si no se llegaba a un acuerdo, nos embargaban la coparticipación", puntualizó.
"Cuando asumo, se presenta el abogado (Walter) Ibri y me dice que, con el abogado (Héctor) Aguirre, viene haciendo gestiones por la deuda", explicó.
"Nunca me presentaron un poder de la Caja Complementaria que los habilitara a litigar en su nombre, pero esta tampoco era la instancia. Sí tenían las notas que lo autorizaban a mediar por este tema", precisó Estofán. Agregó que, efectivamente, los letrados estuvieron con él en varias instancias de la negociación.
"Ellos ofrecieron que pagáramos casi toda la deuda con Consadep (títulos de Consolidación y Saneamiento de la Deuda Pública) y ofertaron traer los títulos Independencia dolarizados a este canje. Incluso, pautaron que a los U$S 2,8 millones con sentencia, que no se pueden pagar con Consadep, iban a pesificarlos a $ 1,40 más CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia)", dijo.
Estofán afirmó que cuando el Tribunal de Cuentas sostuvo que no había elementos suficientes que justifiquen pagar estos honorarios a Ibri y a Aguirre, el Poder Ejecutivo notificó a ambos profesionales y a la Caja Complementaria de la medida. "Ahí terminaron nuestras actuaciones. Ellos amenazan con ir a la Justicia y anular el convenio", concluyó.
Estofán agregó que los honorarios de los letrados no fueron fijados sino acordados. "No conocía a Aguirre y nunca supe que Ibri era empleado de Casa de Gobierno. Eso habría que preguntárselo al ministro del área donde trabaja (es el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez), pero él tampoco tenía por qué saber de este expediente", concluyó.
Ibri trabaja en la sede del Ejecutivo
El ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, admitió que Walter Ibri -uno de los dos abogados que debía cobrar $ 1,5 millón en honorarios por el acuerdo entre la Provincia y la Caja Complementaria para la Actividad Docente- trabaja en una subsecretaría técnica de su cartera. Sin embargo, aseguró que no conoce al profesional, que cumple funciones en la planta baja de la Casa de Gobierno.
"No es familiar y tampoco lo conozco; esto se enmarca dentro de la infamia de la política", señaló Jiménez cuando se le preguntó si tenía algún parentesco con alguno de los dos abogados -Ibri y Héctor Francisco Aguirre-, a quienes el Tribunal de Cuentas les rechazó el pago de honorarios por $ 2,6 millones.
El titular de la cartera política indicó que se interesó por el tema por las publicaciones del diario y porque una de las personas involucradas era empleado de una dependencia del Ministerio de Gobierno. ¿Ibri ingresó a trabajar en el Poder Ejecutivo en esta gestión?, se le consultó. "Sí, en esta gestión", respondió.
Consultas
Jiménez apuntó que hizo consultas en la Fiscalía de Estado por el convenio, a causa de la repercusión pública que tomó el tema. "Me dijeron que no se pagó nada, que se trataría de un reclamo de hace más de un año, que se hizo una propuesta de arreglo, que hubo un convenio y que el Tribunal de Cuentas lo rechazó", resumió por último.
"No quiero entrar en polémicas. Obtuvimos un excelente negocio para la Provincia, a la que liberamos de un posible embargo de coparticipación, y todo aquello que objetó el Tribunal de Cuentas, no se pagó. Este tema no da para más, pero ya lo están usando políticamente en contra del Gobierno", indicó el funcionario.
En diálogo con LA GACETA describió el estado de la deuda con la que se encontró. "Los 11 millones que el legislador Ernesto Padilla (FR) menciona como deuda total son sólo una parte. Y no son pesos, sino dólares", dijo.
A eso, el fiscal de Estado sumó títulos Independencia dolarizados, en default, por U$S 7 millones. "Estaban en un juicio ante la Corte nacional que planteaba la inconstitucionalidad de la pesificación. Todavía no desistieron de ese planteo. Y al monto hay que sumarle unos U$S 400.000 en intereses", puntualizó.
Estofán señala que la Caja contaba ya con una sentencia de la Corte nacional, por cupones impagos, que ascendía en diciembre de 2002 a U$S 2,8 millones.
"Y había deuda en pesos por fuera de la consolidación, con intimación de pago, que ascendía a $ 5,8 millones. Si no se llegaba a un acuerdo, nos embargaban la coparticipación", puntualizó.
"Cuando asumo, se presenta el abogado (Walter) Ibri y me dice que, con el abogado (Héctor) Aguirre, viene haciendo gestiones por la deuda", explicó.
"Nunca me presentaron un poder de la Caja Complementaria que los habilitara a litigar en su nombre, pero esta tampoco era la instancia. Sí tenían las notas que lo autorizaban a mediar por este tema", precisó Estofán. Agregó que, efectivamente, los letrados estuvieron con él en varias instancias de la negociación.
"Ellos ofrecieron que pagáramos casi toda la deuda con Consadep (títulos de Consolidación y Saneamiento de la Deuda Pública) y ofertaron traer los títulos Independencia dolarizados a este canje. Incluso, pautaron que a los U$S 2,8 millones con sentencia, que no se pueden pagar con Consadep, iban a pesificarlos a $ 1,40 más CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia)", dijo.
Estofán afirmó que cuando el Tribunal de Cuentas sostuvo que no había elementos suficientes que justifiquen pagar estos honorarios a Ibri y a Aguirre, el Poder Ejecutivo notificó a ambos profesionales y a la Caja Complementaria de la medida. "Ahí terminaron nuestras actuaciones. Ellos amenazan con ir a la Justicia y anular el convenio", concluyó.
Estofán agregó que los honorarios de los letrados no fueron fijados sino acordados. "No conocía a Aguirre y nunca supe que Ibri era empleado de Casa de Gobierno. Eso habría que preguntárselo al ministro del área donde trabaja (es el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez), pero él tampoco tenía por qué saber de este expediente", concluyó.
El ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, admitió que Walter Ibri -uno de los dos abogados que debía cobrar $ 1,5 millón en honorarios por el acuerdo entre la Provincia y la Caja Complementaria para la Actividad Docente- trabaja en una subsecretaría técnica de su cartera. Sin embargo, aseguró que no conoce al profesional, que cumple funciones en la planta baja de la Casa de Gobierno.
"No es familiar y tampoco lo conozco; esto se enmarca dentro de la infamia de la política", señaló Jiménez cuando se le preguntó si tenía algún parentesco con alguno de los dos abogados -Ibri y Héctor Francisco Aguirre-, a quienes el Tribunal de Cuentas les rechazó el pago de honorarios por $ 2,6 millones.
El titular de la cartera política indicó que se interesó por el tema por las publicaciones del diario y porque una de las personas involucradas era empleado de una dependencia del Ministerio de Gobierno. ¿Ibri ingresó a trabajar en el Poder Ejecutivo en esta gestión?, se le consultó. "Sí, en esta gestión", respondió.
Consultas
Jiménez apuntó que hizo consultas en la Fiscalía de Estado por el convenio, a causa de la repercusión pública que tomó el tema. "Me dijeron que no se pagó nada, que se trataría de un reclamo de hace más de un año, que se hizo una propuesta de arreglo, que hubo un convenio y que el Tribunal de Cuentas lo rechazó", resumió por último.
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