Koltan insiste en que recibió órdenes

"El Poder Ejecutivo debe responder en este caso (por la entrega de $ 27.627 al empresario Oscar Macías). Ellos pidieron los recursos, dispusieron de la plata y la reintegraron. Nosotros cumplimos con los requerimientos que nos hicieron", afirmó ayer el interventor del Instituto de Previsión y Seguridad Social (IPSS), Mario Koltan.
La frase sintetiza el eje del escrito que ayer presentó contra la resolución del fiscal anticorrupción, Pedro Gallo. Este pidió un juicio oral contra el titular del IPSS y otros cuatro integrantes del organismo por el dinero que se otorgó a Macías, quien no es afiliado a la obra social oficial.
La causa está caratulada como administración fraudulenta calificada en dos oportunidades, por la entrega de dos cheques que permitieron el traslado aéreo de Macías en avión sanitario a la Capital Federal y su internación en el instituto Fleni.
Koltan insistió en que no cometió ningún delito y en que la responsabilidad es del PE. Su abogado, Jorge Posse (es el mismo del subinterventor del IPSS, Medardo Benítez), pidió la nulidad del proceso y el sobreseimiento de todos los imputados, incluso de los empleados Eduardo Jatib, José Carullo y Gerardo Tripolone, pese a que ellos tienen su propio defensor, Julio Picabea. Estos últimos también cuestionaron ayer la resolución del fiscal.
"La presentación abarca a todos, porque somos un equipo y nadie puede salvarse solo. No estamos uno contra el otro; todos queremos construir y estimular el debate para que no haya autoritarismo", remarcó Koltan.

Sanción recurrida
El interventor cuestionó que Gallo incluya entre los fundamentos del pronunciamiento la sanción de dos meses de sueldo que le impuso el Tribunal de Cuentas por no haber cumplido con todos los trámites legales antes de aprobar la salida del dinero. "Esa resolución no está firme, porque fue recurrida y se está discutiendo el castigo. No puede servir de elemento de sustento ni documento de acusación", dijo.
"Actuamos en el marco de la ley y somos inocentes. La Justicia tiene todos los documentos que así lo prueban. No hubo daño patrimonial al IPSS ni al Estado; no hubo malversación de fondos ni nada que justifique la calificación del fiscal, más allá de que él hizo lo que creía que debía hacer. Desde el primer día está claro que el pedido vino de la Secretaría General de la Gobernación, que era un anticipo financiero reintegrable que efectuaba el PE para cubrir la situación de extrema gravedad de una persona. El IPSS no tuvo ninguna relación con ningún particular", señaló.
Koltan admitió que en los considerandos de la resolución en la que se autoriza la salida de fondos del IPSS se menciona a Macías, pero insistió en que la plata no fue entregada a esa persona, sino al Gobierno. "No tenemos por qué indagar lo que va más allá del requerimiento del PE, que luego devolvió los recursos. El efecto contable es neutro", concluyó el funcionario.