Según Padilla, el pago a abogados "huele a estafa"

"El pago de $ 2,6 millones en honorarios por la deuda de la Provincia con la Caja Complementaria para la Actividad Docente es un escándalo, que huele a presunta asociación ilícita y a supuesta estafa al Estado". Los duros términos son del legislador Ernesto Padilla (FR), quien sostuvo que es "inconcebible" que el Poder Ejecutivo haya pagado esa suma en concepto de "mediación", porque, a su entender, ni siquiera correspondía hacerlo.
El republicano adelantó que en las próximas horas, junto con su par Alejandro Sangenis (Movimiento Peronista Tres Banderas) y con otros parlamentarios de la oposición, impulsarán ante la Fiscalía Anticorrupción un pedido de investigación del hecho.

Términos y plazos
Padilla recordó que el 9 de marzo, el gobernador José Alperovich y el ministro de Economía, Jorge Jiménez, dictaron el decreto 642/3, facultando al fiscal de Estado, Antonio Estofán, a cancelar con Consadep la deuda con esa caja y a fijar los honorarios de sus abogados que pleitearon contra el Gobierno.
"Al día siguiente, en Capital Federal, Estofán llega a un acuerdo con Orlando Aguirre, presidente de la caja complementaria -apunta Padilla-. Se establece que, por todo concepto, la deuda era de $ 11,3 millones".
El legislador relata que el 12 de ese mes se firma el convenio de honorarios. "Se lo hace con un ingeniero (Víctor Guillermo Pan), con domicilio en Perón 3.820 de Capital Federal, quien se presenta en representación de todos los abogados que tuvieron participación", puntualiza.
"En ese documento se fija que la deuda pasaba a ser de $ 26.9 millones, es decir que, en 48 horas, el pasivo se incrementó en $ 15,6 millones", criticó Padilla. Además, distingue dos grupos de abogados en este caso. Por un lado, los seis letrados, todos de Capital Federal, a quienes se fijaron honorarios por $ 1,1 millón. "No hay nada que objetar respecto de ellos. El problema es con Walter Ibri, a quien se decidió pagar $ 1,5 millón, y con Héctor Francisco Aguirre, a quien le asignaron $ 1,1 millón", puntualizó Padilla.
"Estos dos abogados, menores de 30 años, no aparecen mencionados en el contrato principal firmado con la caja complementaria y se les fija honorarios en concepto de mediación, cuando estamos ante un simple canje de deuda, fijado por ley", aseveró.
"El propio Tribunal de Cuentas pide que se explicite qué tareas realizaron, y con qué autorización. Porque el decreto 642/3 sólo autoriza el pago de actuaciones en la Justicia", puntualizó.
"Para peor, estos honorarios se pagaron en efectivo, mientras que la deuda se abona en Consadep", concluyó Padilla.

Proponen que se interpele a Jiménez
El ex legislador Gumersindo Parajón pidió a la Legislatura que interpele al ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, por su presunta vinculación con los abogados que participaron de la negociación con la Caja Complementaria para la Actividad Docente. Según el titular de Pueblo Unido, este caso muestra la corrupción en el Gobierno.
El caso salió a la luz a partir de una observación del Tribunal de Cuentas, sobre un acuerdo alcanzado entre la provincia y la caja previsional de los docentes. El órgano de control avaló el compromiso del Estado para cancelar una deuda con títulos públicos, pero objetó el pago de honorarios por $ 2,6 millones para dos abogados que participaron del proceso.
Según denunció el legislador Alejandro Sangenis, los profesionales beneficiados son Walter Daniel Ibri y Héctor Francisco Aguirre, a los que Parajón vincula con el ministro Jiménez.
"Dos jóvenes profesionales iban a cobrar, sin haber hecho nada, para después repartir el dinero entre otros más poderosos. Es imprescindible que el Gobierno aclare qué pasó con este intento de negociado", concluyó.