La Cámara afianza la idea de fijar un sueldo básico de $ 350

La comisión de Legislación Social de la Legislatura dio dictamen favorable a un proyecto de ley para fijar en $ 350 el salario básico de la administración pública provincial. La resolución, que fue avalada por seis legisladores, se encuentra en condiciones reglamentarias para ser incluida en el orden del día en la próxima sesión de la Cámara prevista para la primera quincena de junio.
La comisión analizó dos proyectos presentados por los legisladores justicialistas Rolando Alfaro y José Teri y por el radical Ramón Graneros. Las iniciativas pidieron que la Provincia se adhiera al decreto nacional que modificó el monto del salario mínimo, vital y móvil a fines del año pasado y que lo fijó en $ 350. El tema fue postergado hasta la semana pasada, cuando se acordó el texto definitivo del dictamen que será puesto a consideración de la Cámara.
La propuesta fija en $ 350 el salario básico mensual para todo el personal de la administración publica en sus tres poderes, en los organismos autárquicos, descentralizados y en las comunas rurales.
También faculta al Poder Ejecutivo a realizar las compensaciones presupuestarias para cumplir con el incremento e invita a las municipales a adherirse al régimen. El dictamen tiene la firma de los oficialistas Alfaro, Antonio Alvarez, Antonio Raed, Juan Orellana y Marta Zurita y de Graneros.
Por ahora, la Legislatura actuó como intermediaria en el conflicto que mantienen los trabajadores estatales con el Gobierno por el incremento salarial. La gestión del vicegobernador Fernando Juri posibilitó el acuerdo que llevó a la conciliación obligatoria al sindicato de la sanidad (ATSA).
Sin embargo, los gremios reclamaron a la Cámara que analice otros proyectos incluidos en el petitorio del reclamo, como la equiparación de las asignaciones familiares a la Nación -que son de $ 40, mientras que en Tucumán son de $ 20- o el pago de la ayuda escolar para el tercer ciclo de la EGB. Sobre esos puntos no hay proyectos presentados, pero el dictamen de la comisión por los $ 350 podría acelerar el debate.
Juri reconoció la legitimidad del reclamo laboral, pero instó a buscar un punto de equilibrio. Esta semana el conflicto se profundizará por la unidad de los sindicatos del sector. La falta de diálogo con el Poder Ejecutivo podría llevar, otra vez, los planteos hacia la Cámara.

"Sacar fotografías es una forma de represión"
El ex ministro de Gobierno en la gestión anterior Antonio Isaac Guerrero aseguró que el Poder Ejecutivo se equivoca al judicializar el conflicto con los sindicatos estatales y advirtió que, sin diálogo, el problema se agravará y que afectará la gobernabilidad de la provincia.
Guerrero lanzó sus dardos contra el ministro de Seguridad Ciudadana, Pablo Baillo. El funcionario explicó las razones por las que durante la marcha de los empleados públicos del jueves pasado la Policía tomó fotos de los manifestantes y de los dirigentes que hablaron en la concentración realizada frente a la sede del palacio gubernamental y por lo que la Escribanía General de Gobierno levantó actas con los nombres de quienes manifestaban.

Los roles
"El registro de los sindicatos y de sus autoridades lo debe realizar la Secretaría de Trabajo de la provincia", manifestó el actual congresal nacional del Partido Justicialista. "Baillo confunde su rol y en vez de respetar el orden público, realiza actividades intimidatorias", agregó. Guerrero sostuvo que fotografiar a los sindicalistas y dejar constancias de las pancartas y de los pasacalles, es una forma inadmisible de represión.