Koltan refutará acusaciones de Gallo

Mañana se cerrará otro capítulo en la causa penal por el otorgamiento de un aporte del Estado de $ 27.627 al empresario inmobiliario Oscar Macías. Hasta las 10, los cinco involucrados por el fiscal anticorrupción Pedro Gallo podrán rechazar el pedido de elevación a juicio oral y refutar las conclusiones de la investigación.
Gallo considera que el interventor en el Instituto de Previsión y Seguridad Social (IPSS), Mario Koltan, y su segundo, Medardo Benítez, son presuntos coautores del delito de administración fraudulenta calificada en dos oportunidades, por los libramientos efectuados en beneficio de Macías. También consideró que tres funcionarios jerárquicos de la entidad, Gerardo Tripolone, Eduardo Jatib y José Carullo, fueron presuntos partícipes necesarios de las irregularidades detectadas.
Con el primer cheque se cancelaron $ 17.627 con la empresa Medical Jet por el traslado del empresario, en avión sanitario, a la Capital Federal, y con el segundo valor, por $ 10.000, se cubrió su internación y tratamiento en la Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia (Fleni). Los cheques fueron librados el 11 y 12 de febrero, y la causa fue abierta de oficio el 3 de marzo.
Koltan y Benítez fundamentarían su defensa en que no hubo daño patrimonial a la entidad ni enriquecimiento ilícito. Insistirían en el argumento de que los fondos fueron entregados al Poder Ejecutivo dentro de las operaciones autorizadas de aportes reintegrables, y que el IPSS es parte integrante del Estado. Su abogado es Jorge Posse.
Carullo, Tripolone y Jatib concentrarían su planteo en que sólo ejecutaron órdenes administrativas de la superioridad, y que entre sus funciones no figuran la supervisión de los trámites burocráticos previos a la emisión de los cheques, ni determinar si el beneficiario de un aporte es afiliado al Subsidio de Salud (Macías no lo es, lo cual configuró el delito según la conclusión de Gallo). Son representados por el defensor oficial Hernán Molina.
El fiscal responsabilizó especialmente a la conducción política de la institución, y destacó que el hecho ilícito existe. "El certificado médico que acompaña (los papeles de Macías) no acredita ni la urgencia ni la necesariedad esgrimida (para el traslado). El IPSS no realizó trámites administrativos tendientes a verificarlas ni a comprobar si era viable tal solicitud", subrayó. Resaltó que, al momento de emitir con premura los cheques, "Macías ya había sido trasladado a la Capital Federal y estaba siendo atendido en el Fleni, conforme lo informado por el Instituto de Cardiología", explicó. El paciente habría sido trasladado el 10 de febrero, a las 22.

En garantía
El fiscal detectó que, el 12 de febrero, Benítez instruyó a la encargada de la filial Capital Federal del IPSS, Mirta Cudmani, para que entregue el cheque a la clínica Fleni, y procure "el recupero del cheque que fuera entregado por la familia del paciente Macías en calidad de garantía".
Gallo puntualizó que los recursos entregados fueron extraídos de la cuenta 97100/3, con la cual el Subsidio de Salud afronta pagos de las prestaciones médicas. De este modo, desvirtuó el argumento de la defensa de que era un préstamo realizado por el IPSS al Gobierno para luego ser devuelto.
En la pesquisa, el fiscal descubrió que ni en el PE ni en el IPSS se iniciaron expedientes formales con el pedido de ayuda. "Al momento de elaborar las resoluciones, no se disponía del nombre del beneficiario, que está sobre escrito sin salvar", detalló.