El gobernador José Alperovich sigue pulverizando récords. Esta semana vetó otras tres leyes sancionadas por la Legislatura y llevó a 17 la cifra de normas anuladas desde que asumió el Poder Ejecutivo hace poco más de seis meses. La cifra acorta la brecha con su antecesor Julio Miranda quien, entre 1999 y 2003, vetó 28 leyes aprobadas por la Cámara.
Las tres normas dejadas sin efecto por la facultad constitucional del titular del Ejecutivo, fueron comunicadas oficialmente ayer a los legisladores. Estos podrían insistir en los 2/3 de los votos en la próxima sesión - con lo que las normas quedarían firmes- o acatar la decisión del gobernador. Parlamentarios de la oposición anticiparon que buscarán dejar sin efecto el veto a la ley, aprobada por unanimidad, que prohibía el corte del servicio de aguas y cloacas a los usuarios morosos. Sectores del oficialismo legislativo podrían acompañar esa petición.
No tendría igual suerte el veto a la ley por la que se establecía una asignación mensual no contributiva para los ex empleados de los talleres de Tafí Viejo. El beneficio estaba destinado a quienes no habían sido incluidos los programas de reinserción y tuvieran al menos 10 años de servicio, pero el Ejecutivo consideró que no había fondos previstos para cubrir esa erogación.
El mismo argumento presupuestario fue utilizado para vetar la ley por la que se facultaba al Gobierno a aportar hasta $ 100.000 anuales, para los gastos que demandaré la instalación de una carrera de tecnicatura de agroindustria en Lules. La iniciativa cuenta con el aval de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la UNT y estaba previsto su funcionamiento en la escuela técnica de la zona.
Las tres normas dejadas sin efecto por la facultad constitucional del titular del Ejecutivo, fueron comunicadas oficialmente ayer a los legisladores. Estos podrían insistir en los 2/3 de los votos en la próxima sesión - con lo que las normas quedarían firmes- o acatar la decisión del gobernador. Parlamentarios de la oposición anticiparon que buscarán dejar sin efecto el veto a la ley, aprobada por unanimidad, que prohibía el corte del servicio de aguas y cloacas a los usuarios morosos. Sectores del oficialismo legislativo podrían acompañar esa petición.
No tendría igual suerte el veto a la ley por la que se establecía una asignación mensual no contributiva para los ex empleados de los talleres de Tafí Viejo. El beneficio estaba destinado a quienes no habían sido incluidos los programas de reinserción y tuvieran al menos 10 años de servicio, pero el Ejecutivo consideró que no había fondos previstos para cubrir esa erogación.
El mismo argumento presupuestario fue utilizado para vetar la ley por la que se facultaba al Gobierno a aportar hasta $ 100.000 anuales, para los gastos que demandaré la instalación de una carrera de tecnicatura de agroindustria en Lules. La iniciativa cuenta con el aval de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la UNT y estaba previsto su funcionamiento en la escuela técnica de la zona.







