Por Redacción Política
29 Mayo 2004
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"Mientras el fiscal de Estado, Antonio Estofán, promueve el coercitivo corte de agua y cloacas, se zambulle en la pileta de lo que más le gusta hacer: pactar honorarios profesionales". De esta forma, el legislador Alejandro Sangenis (Encuentro Popular y Progresista) cuestionó el accionar del funcionario del Poder Ejecutivo en relación a un pago suspendido de honorarios profesionales a dos abogados por $ 2,6 millones.
El Tribunal de Cuentas dictaminó en contra de esa liquidación, producto de una negociación que derivó en un acuerdo entre la Provincia entre la Provincia y la Caja Complementaria para la Actividad Docente. El organismo de control estimó que no existían elementos que justificaran el pago a los letrados, cuyos nombres no trascendieron.
¿Quiénes eran los abogados que se beneficiaban?, le consultó LA GACETA ayer a Estofán. "No me acuerdo los nombres, pero ese es un trámite que venía haciendo la composición anterior de la fiscalía de Estado", contestó. Cuando se le preguntó sobre el caso, el funcionario indicó que se trata de un problema de larga data, y que el acuerdo del Tribunal de Cuentas debe tener dos meses.
"Un negociado"
Según Sangenis, Estofán firmó un convenio por el que el Gobierno deberá pagar $ 3,7 millones a un grupo de abogados que actuaron en las causas judiciales que la Caja Complementaria para la Actividad Docente tiene contra la Provincia.
El parlamentario indicó que los beneficiarios son Walter Daniel Ibri y Héctor Francisco Aguirre, "a los que les corresponden los $ 2,6 millones por su tarea de mediación que, con buen criterio, el Tribunal de Cuentas observó con formal oposición". Sangenis sostuvo que se trata "de un intento de negociado".
Además, dijo que le llama la atención que mientras el gobernador José Alperovich proclama la transparencia de su gestión, "uno de sus funcionarios más allegados sea el actor principal de este intento de estafa, pues a nadie le corresponde cobrar por un trabajo no realizado".
"Debemos dejar de estar estancados en nuestros discursos y contradiscursos", finalizó.
El Tribunal de Cuentas dictaminó en contra de esa liquidación, producto de una negociación que derivó en un acuerdo entre la Provincia entre la Provincia y la Caja Complementaria para la Actividad Docente. El organismo de control estimó que no existían elementos que justificaran el pago a los letrados, cuyos nombres no trascendieron.
¿Quiénes eran los abogados que se beneficiaban?, le consultó LA GACETA ayer a Estofán. "No me acuerdo los nombres, pero ese es un trámite que venía haciendo la composición anterior de la fiscalía de Estado", contestó. Cuando se le preguntó sobre el caso, el funcionario indicó que se trata de un problema de larga data, y que el acuerdo del Tribunal de Cuentas debe tener dos meses.
"Un negociado"
Según Sangenis, Estofán firmó un convenio por el que el Gobierno deberá pagar $ 3,7 millones a un grupo de abogados que actuaron en las causas judiciales que la Caja Complementaria para la Actividad Docente tiene contra la Provincia.
El parlamentario indicó que los beneficiarios son Walter Daniel Ibri y Héctor Francisco Aguirre, "a los que les corresponden los $ 2,6 millones por su tarea de mediación que, con buen criterio, el Tribunal de Cuentas observó con formal oposición". Sangenis sostuvo que se trata "de un intento de negociado".
Además, dijo que le llama la atención que mientras el gobernador José Alperovich proclama la transparencia de su gestión, "uno de sus funcionarios más allegados sea el actor principal de este intento de estafa, pues a nadie le corresponde cobrar por un trabajo no realizado".
"Debemos dejar de estar estancados en nuestros discursos y contradiscursos", finalizó.
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