Un balance positivo del primer año

Los libros sobre macroeconomía señalan al crecimiento como el objetivo central de una economía nacional. Además, se requiere que este crecimiento se obtenga con equilibrio interno, lo que significa un control exitoso sobre la inflación y el desempleo, y con equilibrio externo, relacionado con el saldo de la balanza de pagos del país.
Si se mide con estos parámetros, los resultados macroeconómicos del primer año de gestión del presidente Néstor Kirchner arrojan un balance positivo. La economía nacional creció a un ritmo más elevado que el pronosticado por los expertos, la inflación estuvo controlada, el desempleo bajó y la balanza comercial exhibió un saldo positivo, lo que permitió que el Banco Central acumule buenas reservas internacionales. Es claro que el conjunto de estos resultados positivos no pueden adjudicarse por completo a la labor del gobierno.
Los altos precios internacionales de los principales productos que la Argentina exporta no tienen nada que ver con la marcha de la política local. De la misma manera, no hay ninguna virtud en la situación de default del Estado argentino. Por lo demás, existen muchos problemas económicos sectoriales y regionales no resueltos, y la magnitud del desempleo y la pobreza siguen siendo escandalosamente altos.
Pero nadie puede negar que, a pesar de todos estos problemas, el resultado global de la economía argentina durante el último año ha sido bastante mejor del que esperaba el más optimista de los analistas. Y este resultado ocurrió en medio de un marcado cambio de rumbo en cuestiones políticas de fondo, muchas de las cuales fueron criticadas por aparecer como contrarias a los mercados o, por lo menos, mucho menos favorables que en la década pasada. Puede decirse que el cambio de rumbo más notorio que el gobierno nacional provocó en términos económicos no está asociado con ninguna medida específica de política económica "heterodoxa". La verdadera novedad estuvo en la recuperación del debate público como componente esencial de las medidas económicas que provocan efectos sensibles en la población. Y no es que el gobierno presentó argumentos convincentes en estos debates.
Más allá de eso, lo relevante es el intento válido de quitar a los llamados expertos el monopolio de las decisiones de política económica. Se trata de políticas que afectan a todos, como los precios de servicios que prestan empresas privatizadas, o a muchos, como los excluidos del mundo de la economía formal. Y la discusión de estas políticas requiere de una deliberación pública en la que tengan posibilidad de participación activa todos los ciudadanos. Esto no es nunca contrario con los principios básicos de una economía moderna, cuyo objetivo no es servir a los mercados sino servir a la gente, a toda la gente.