30 Mayo 2004 Seguir en 
Las deudas impositivas vencidas entre 2001 y 2002 conspiran contra el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PyME). Si bien desde el Estado -nacional y provincial- existen mecanismos de financiamiento para la expansión de esa franja de compañías, los dirigentes del noroeste argentino (NOA), reunidos en Salta, unificaron su reclamo para que el Gobierno nacional les permita regularizar la deuda contraída con la AFIP durante uno de los períodos más críticos de la economía argentina, tras la salida de la convertibilidad del peso respecto del dólar.
Desde este punto de vista, las PyME de la región considera que en el país debe existir un fuerte cambio de la política impositiva. Propusieron, a tal fin, que la administración federal les permitan ponerse al día con el fisco, con el mismo esquema de oferta que el país impone a sus acreedores externos: pagar de acuerdo con el crecimiento. Así lo planteó el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, en un encuentro que reunió a dirigentes de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. De no mediar respuestas desde la Casa Rosada, en los próximos 40 días, los representantes de las PyME organizarán una marcha federal automovilística hacia la plaza de los Dos Congresos. Otro de los problemas que preocupa al sector es el incipiente comercio ilegal con el ingreso de mercaderías desde zonas fronterizas a la Argentina. Según las evaluaciones de la reunión, se calcula que el perjuicio hacia las PyME por parte de la competencia desleal, fruto del contrabando, roza los $ 2 millones diarios.
El presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), Humberto Sánchez, señaló que el 90% de las empresas de la provincia son PyME y reafirmó la inquietud por la elevada presión tributaria que se ejerce contra esa franja de comerciantes. Ese concepto fue reforzado por el titular de la Unión Industrial de Salta, Guillermo Jakúlica, quien sostuvo que el gobierno nacional debería aplicar una política diferencial respecto de aquellos comercios que estén lejos de los centros de consumo.
Financiamiento externo
Mientras crecen los reclamos en el interior del país, el Ministerio de Economía de la Nación lanzó el primer fideicomiso, por 85 millones de dólares, en el marco del Programa Global de Crédito para las Micro y Pequeñas Empresas (MyPEs II).
De ese total, unos 50 millones de dólares serán aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mientras que el resto del dinero será volcado al programa por los bancos Credicoop y Macro-Bansud.
Los fondos estarán a disposición de los interesados para préstamos a las MIPyMEs de hasta 1 millón de dólares, destinados a capital de trabajo y/o a inversiones en activos fijos y operaciones de comercio exterior (pre y posfinanciación de exportaciones).
El plazo para la devolución de los créditos para capital de trabajo es de un máximo de 12 meses, mientras que los destinados a activos fijos serán de hasta siete años, con tres años de gracia.
Para acceder a esta línea de financiamiento, el Estado nacional y los bancos requerirán un volumen de ventas anuales de las MyPES que no exceda los 3,5 millones de dólares, sin IVA.
Desde este punto de vista, las PyME de la región considera que en el país debe existir un fuerte cambio de la política impositiva. Propusieron, a tal fin, que la administración federal les permitan ponerse al día con el fisco, con el mismo esquema de oferta que el país impone a sus acreedores externos: pagar de acuerdo con el crecimiento. Así lo planteó el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, en un encuentro que reunió a dirigentes de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. De no mediar respuestas desde la Casa Rosada, en los próximos 40 días, los representantes de las PyME organizarán una marcha federal automovilística hacia la plaza de los Dos Congresos. Otro de los problemas que preocupa al sector es el incipiente comercio ilegal con el ingreso de mercaderías desde zonas fronterizas a la Argentina. Según las evaluaciones de la reunión, se calcula que el perjuicio hacia las PyME por parte de la competencia desleal, fruto del contrabando, roza los $ 2 millones diarios.
El presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), Humberto Sánchez, señaló que el 90% de las empresas de la provincia son PyME y reafirmó la inquietud por la elevada presión tributaria que se ejerce contra esa franja de comerciantes. Ese concepto fue reforzado por el titular de la Unión Industrial de Salta, Guillermo Jakúlica, quien sostuvo que el gobierno nacional debería aplicar una política diferencial respecto de aquellos comercios que estén lejos de los centros de consumo.
Financiamiento externo
Mientras crecen los reclamos en el interior del país, el Ministerio de Economía de la Nación lanzó el primer fideicomiso, por 85 millones de dólares, en el marco del Programa Global de Crédito para las Micro y Pequeñas Empresas (MyPEs II).
De ese total, unos 50 millones de dólares serán aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mientras que el resto del dinero será volcado al programa por los bancos Credicoop y Macro-Bansud.
Los fondos estarán a disposición de los interesados para préstamos a las MIPyMEs de hasta 1 millón de dólares, destinados a capital de trabajo y/o a inversiones en activos fijos y operaciones de comercio exterior (pre y posfinanciación de exportaciones).
El plazo para la devolución de los créditos para capital de trabajo es de un máximo de 12 meses, mientras que los destinados a activos fijos serán de hasta siete años, con tres años de gracia.
Para acceder a esta línea de financiamiento, el Estado nacional y los bancos requerirán un volumen de ventas anuales de las MyPES que no exceda los 3,5 millones de dólares, sin IVA.







