Rechazaron al Ejecutivo el pago de honorarios por $ 2,6 millones

El Tribunal de Cuentas de la Provincia rechazó la decisión del Poder Ejecutivo de abonar honorarios extrajudiciales por más de $ 2,6 millones a dos abogados. Los letrados habían participado de la negociación que derivó en un acuerdo para que la Provincia cancele deudas con la Caja Complementaria para la Actividad Docente, pero el organismo de control estimó que no existían elementos que justifiquen el pago a los profesionales.
El 26 de marzo pasado, el Tribunal solicitó al fiscal de Estado, Antonio Estofán, que fundamente la liquidación a los abogados actuantes en nombre de la caja previsional, para determinar el sustento legal de ese pago. Con la respuesta del funcionario, se determinó que existían dos operaciones distintas.

Operaciones separadas
Por un lado, estaba el pago de la totalidad de la deuda con la entidad previsional (hasta el 30 de noviembre del año pasado). El Tribunal señaló que en esta operación era conveniente para el Estado. El acuerdo de la actual gestión consistía en el canje directo de los títulos en default por Consadep, por más de $ 10,5 millones, para lo cual no habría hecho falta la participación de asesoramiento letrado.
Por el otro, el Tribunal de Cuentas estudió la liquidación efectuada a los profesionales. No objetó los honorarios convenidos por los trámites judiciales efectuados. En cambio, rechazó el cálculo de las gestiones por mediación y redacción del convenio de refinanciación y de canje de deuda. Según el órgano de control "ese pago resulta jurídicamente objetable por no acreditarse en las actuaciones labor profesional alguna que sustente el reconocimiento". La objeción parcial del ente de control a la decisión del Gobierno no afecta la operación principal, cuya ejecución debería llevarse a cabo sin problemas. El rechazo del Tribunal al reconocimiento de honorarios extrajudiciales quedó firme, ya que el Ejecutivo no insistió con la norma objetada.
El Gobierno autorizó a Estofán a suscribir un convenio con la entidad previsional que contemple una forma de pago de la deuda. En el mismo documento se iba a definir el monto de los honorarios y de las costas con los abogados o representantes de esa institución (incluso hay expedientes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación).
El ingeniero Víctor Guillermo Pan fue designado por la Caja para renegociar ese reconocimiento, que sería abonado en efectivo (lo que habitualmente ocurre). Los beneficiarios del trámite iban a ser un abogado de Tucumán y otro de la Capital Federal, cuyos nombres no trascendieron.