El interventor de Previsión y Seguridad Social, Mario Koltan, afirmó que no teme ir preso -"aunque sería un absurdo", dijo- por la entrega de $ 27.600 al empresario Oscar Macías, y sostuvo que a lo sumo la acusación en su contra podría basarse en el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y no por administración fraudulenta. Koltan soporta un pedido de juicio oral en su contra del fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, por administración fraudulenta.
El funcionario insistió en que no hubo daño patrimonial ni enriquecimiento ilícito ni afectación de las prestaciones. Con respecto a la solicitud del fiscal señaló que no iba a hablar fuera del ámbito judicial, aunque aclaró que pedirá el desistimiento de la acción judicial. El interventor dialogó con LA GACETA:
- ¿La Justicia no entiende de sensibilidad en su caso?
- No sé cómo contestar, porque cuando leo la resolución del fiscal veo que hace abstracción del fin. Es un dictamen formal. Más allá de lo que aportamos, el dictamen se concentra en lo siguiente: hay disposición de fondos de la obra social a un tercero no afiliado. Es el eje, por lo cual pide administración fraudulenta. No considera para nada el hecho de que aquí no hay prestación a un tercero. Hace caso omiso y dice que es una entidad autárquica y no una entidad financiadora, por donde no puedo darle plata al Ejecutivo.
-Podría decirse que el Subsidio de Salud podría ayudar a muchos que no son afiliados y eso sí iría en contra de los verdaderos socios...
-Correcto. Eso es si hubiese habido ayuda a un particular. Pero no es el tema de discusión, sino que el Instituto no dio servicios al tercero. El Subsidio vino a resolver un pedido del Gobierno de que le anticipe fondos para que pueda acometer una ayuda. No es que yo le doy a un tercero no afiliado. Si hago eso incurro en incumplimiento. Incluso no es administración fraudulenta, es incumplimiento de los deberes de funcionario público. El caso es que lo pide el PE, se lo damos, y cuando sale la resolución oficial dice: para ser devuelta en calidad de anticipo recibido. Si se sigue la documentación tal cual ha sido presentada ante la Justicia cae de maduro que esta es la figura que debería haberse tenido en cuenta.
-En esa línea de razonamiento, la autoridad del Subsidio quedaría sin responsabilidad..
- Absolutamente.
- Entonces, la responsabilidad pasaría al Ejecutivo...
-Es que el Ejecutivo puede otorgarle a un tercero. Es una decisión del PE. Yo soy hombre del Gobierno. El Instituto es una entidad autárquica, pero yo soy un hombre de Poder Ejecutivo.
-Todo debe recaer en quien firmó el decreto: el gobernador José Alperovich...
-El gobernador lo dijo públicamente desde un primer momento: asumo toda la responsabilidad. No puedo sacarme los caballos de encima, soy de este gobierno, comparto la acción de este gobierno; pero está claro que está fuera del ámbito del Instituto de Previsión la búsqueda de una responsabilidad.
El funcionario insistió en que no hubo daño patrimonial ni enriquecimiento ilícito ni afectación de las prestaciones. Con respecto a la solicitud del fiscal señaló que no iba a hablar fuera del ámbito judicial, aunque aclaró que pedirá el desistimiento de la acción judicial. El interventor dialogó con LA GACETA:
- ¿La Justicia no entiende de sensibilidad en su caso?
- No sé cómo contestar, porque cuando leo la resolución del fiscal veo que hace abstracción del fin. Es un dictamen formal. Más allá de lo que aportamos, el dictamen se concentra en lo siguiente: hay disposición de fondos de la obra social a un tercero no afiliado. Es el eje, por lo cual pide administración fraudulenta. No considera para nada el hecho de que aquí no hay prestación a un tercero. Hace caso omiso y dice que es una entidad autárquica y no una entidad financiadora, por donde no puedo darle plata al Ejecutivo.
-Podría decirse que el Subsidio de Salud podría ayudar a muchos que no son afiliados y eso sí iría en contra de los verdaderos socios...
-Correcto. Eso es si hubiese habido ayuda a un particular. Pero no es el tema de discusión, sino que el Instituto no dio servicios al tercero. El Subsidio vino a resolver un pedido del Gobierno de que le anticipe fondos para que pueda acometer una ayuda. No es que yo le doy a un tercero no afiliado. Si hago eso incurro en incumplimiento. Incluso no es administración fraudulenta, es incumplimiento de los deberes de funcionario público. El caso es que lo pide el PE, se lo damos, y cuando sale la resolución oficial dice: para ser devuelta en calidad de anticipo recibido. Si se sigue la documentación tal cual ha sido presentada ante la Justicia cae de maduro que esta es la figura que debería haberse tenido en cuenta.
-En esa línea de razonamiento, la autoridad del Subsidio quedaría sin responsabilidad..
- Absolutamente.
- Entonces, la responsabilidad pasaría al Ejecutivo...
-Es que el Ejecutivo puede otorgarle a un tercero. Es una decisión del PE. Yo soy hombre del Gobierno. El Instituto es una entidad autárquica, pero yo soy un hombre de Poder Ejecutivo.
-Todo debe recaer en quien firmó el decreto: el gobernador José Alperovich...
-El gobernador lo dijo públicamente desde un primer momento: asumo toda la responsabilidad. No puedo sacarme los caballos de encima, soy de este gobierno, comparto la acción de este gobierno; pero está claro que está fuera del ámbito del Instituto de Previsión la búsqueda de una responsabilidad.







