Por Redacción Política
27 Mayo 2004
Seguir en 
El reclamo por un salario mínimo de $ 350 para los empleados estatales se hará oír hoy nuevamente en la plaza Independencia y en el resto de la provincia con los distintos cortes de ruta. La medida de fuerza es convocada por el Frente de Gremios Estatales, que ratificó la convocatoria a pesar de los dichos del gobernador José Alperovich, respecto de su disposición a dialogar para encontrar una salida al conflicto.
La adhesión del sector docente -cuyos gremios resolvieron no concurrir a clases en la jornada - y la decisión de marchar frente a la Casa de Gobierno, pueden dar a la protesta de hoy un mayor impacto que las realizadas durante la semana pasada. La intención de los sindicatos es endurecer su posición, porque consideran que el Gobierno carece de reacción y no está dispuesto a atender los distintos reclamos. Vicente Ruiz, dirigente de los municipales del interior, advirtió que el Poder Ejecutivo está confundido, pero dijo que actúa con un doble discurso. "Por un lado instan al diálogo y por el otro intentan llevarnos a una conciliación obligatoria que está cuestionada por su legalidad", afirmó.
El endurecimiento de posturas del frente que agrupa a ATE, ATEP, Vialidad, municipales del interior y de la capital y a grupos de piqueteros, se hará sentir con el pedido de renuncia para el secretario de Trabajo Rogelio Mercado. Los sindicatos consideran que el funcionario actúa parcialmente y que perjudica a los trabajadores.
Ayer, el gobernador José Alperovich defendió al secretario e insistió en que no hay posibilidad de acceder a lo que plantean los gremios. Según el gobernador, la secretaría estatal cumple con su trabajo y no defiende a un solo sector. "Si pagamos lo que piden, todos los recursos provinciales irán para pagar sueldos y no podremos atender la salud ni hacer obras en el interior", advirtió.
Los cortes de ruta en el interior de la provincia comenzarán a las 9, en las zonas en las que habitualmente se concentran los reclamos piqueteros. La marcha llegará a la plaza cerca de las 11 y será controlada por un importante operativo de seguridad dispuesto por el Gobierno.
Hace 18 años, una situación similar generó un caos social
En abril, el ministro de Economía de la Nación, anunció un incremento del salario mínimo vital y móvil. La medida había sido anticipada en diciembre, cuando el Ejecutivo Nacional puso en marcha un programa de recomposición de haberes para el sector público. En Tucumán, los estatales reclamaron que se aplique el incremento a sus sueldos, pero el Gobierno respondió que, sin la asistencia nacional, era imposible cumplir con el pedido. Los trabajadores iniciaron un plan de lucha que se extendió por todas las reparticiones.
Esta crónica podría encabezar cualquiera de las notas que por estos días reflejan la disputa que mantiene la gestión de José Alperovich con los gremios estatales, por la aplicación de un básico de $ 350. Sin embargo, aunque la secuencia sea la misma, se trata de una página de la historia que alteró la paz social de la provincia entre abril de 1986 y enero de 1991 .El incremento del salario básico fue anunciado entonces por el ministro Juan Vital Sorrouille y alcanzaba al 5 % del ingreso básico para todo el país. El reclamo en la provincia fue encabezado por los docentes de ATEP y por un frente de gremios que aglutinó a distintos sectores, entre los que se incluían los jubilados que todavía dependían de la provincia. La actualización reclamada exigía, para un empleado de Vialidad Provincial, que el salario de 63.750 australes fuera llevado a 68.000 australes.
El Gobierno, a través de su ministro de Economía Osvaldo Cirnigliaro, sostuvo por la cadena oficial de radio y televisión que enfrentar ese pedido pondría en riesgo la continuidad de pagos. El gobernador Fernando Riera se comprometió a gestionar ayuda ante el presidente Raúl Alfonsín, pero la disputa se agudizó.
En la línea de coincidencias, el 25 de mayo Riera dijo que estaba dispuesto a dialogar con los gremios. Lo mismo que afirmó durante la última fecha patria el actual gobernador, quien insiste en recalcar que pagar la cifra fijada por el presidente Néstor Kirchner pondrá en riesgo la paz social. Aquel conflicto se prolongó con distintos matices, hasta la intervención federal de enero de 1991. El problema de estos días todavía no encuentra cauce definitivo, pero las similitudes confirman lo difícil que resulta superar el pasado.
Los viales liberados del cajero automático
La Provincia tendrá que abonar los sueldos a los empleados de Vialidad Provincial en efectivo, si el personal de esa repartición no acepta cobrar mediante el sistema de cajeros automáticos. Así lo establece una resolución del Ministerio de Trabajo de Nación, fechada el pasado 20 de mayo, que hizo lugar al planteo del sindicato contra la bancarización dispuesta por el Gobierno en febrero de este año.
La decisión nacional hace saber a la Dirección Provincial de Vialidad que deberá ajustarse a la Ley de Contrato de Trabajo para abonar los sueldos a su personal. La norma establece que corresponde a los trabajadores elegir la modalidad de pago y exigir que sea en efectivo, en cuyo caso el empleador no tendrá otra opción para cumplir con su obligación. Ese punto había sido reclamado por los viales, generando una fuerte polémica entre el gobernador José Alperovich y el legislador José Teri, quienes se acusaron mutuamente de ocultar intereses a favor y en contra de la bancarización.
Según el dirigente vial Pedro Katz, el Gobierno no tendrá otra alternativa y deberá cumplir con la resolución de la Nación. Sin embargo, como la Provincia obtuvo un fallo judicial favorable para su posición se descuenta que la disputa no está cerrada. En la Dirección de Vialidad esperaban la notificación oficial para resolver cual será la posición oficial.
Por otra parte, los viales ratificaron su participación en el Frente de Gremios Estatales que reclama un salario básico de $ 350. Katz aclaró que la provincia asumió el compromiso de abonar el básico homologado por el convenio nacional en $ 121,80. "El aumento fue reconocido en 1993, pero todavía no fue contemplado por el presupuesto. Exigimos que la provincia cumpla la ley y con sus promesas", concluyó.
La adhesión del sector docente -cuyos gremios resolvieron no concurrir a clases en la jornada - y la decisión de marchar frente a la Casa de Gobierno, pueden dar a la protesta de hoy un mayor impacto que las realizadas durante la semana pasada. La intención de los sindicatos es endurecer su posición, porque consideran que el Gobierno carece de reacción y no está dispuesto a atender los distintos reclamos. Vicente Ruiz, dirigente de los municipales del interior, advirtió que el Poder Ejecutivo está confundido, pero dijo que actúa con un doble discurso. "Por un lado instan al diálogo y por el otro intentan llevarnos a una conciliación obligatoria que está cuestionada por su legalidad", afirmó.
El endurecimiento de posturas del frente que agrupa a ATE, ATEP, Vialidad, municipales del interior y de la capital y a grupos de piqueteros, se hará sentir con el pedido de renuncia para el secretario de Trabajo Rogelio Mercado. Los sindicatos consideran que el funcionario actúa parcialmente y que perjudica a los trabajadores.
Ayer, el gobernador José Alperovich defendió al secretario e insistió en que no hay posibilidad de acceder a lo que plantean los gremios. Según el gobernador, la secretaría estatal cumple con su trabajo y no defiende a un solo sector. "Si pagamos lo que piden, todos los recursos provinciales irán para pagar sueldos y no podremos atender la salud ni hacer obras en el interior", advirtió.
Los cortes de ruta en el interior de la provincia comenzarán a las 9, en las zonas en las que habitualmente se concentran los reclamos piqueteros. La marcha llegará a la plaza cerca de las 11 y será controlada por un importante operativo de seguridad dispuesto por el Gobierno.
En abril, el ministro de Economía de la Nación, anunció un incremento del salario mínimo vital y móvil. La medida había sido anticipada en diciembre, cuando el Ejecutivo Nacional puso en marcha un programa de recomposición de haberes para el sector público. En Tucumán, los estatales reclamaron que se aplique el incremento a sus sueldos, pero el Gobierno respondió que, sin la asistencia nacional, era imposible cumplir con el pedido. Los trabajadores iniciaron un plan de lucha que se extendió por todas las reparticiones.
Esta crónica podría encabezar cualquiera de las notas que por estos días reflejan la disputa que mantiene la gestión de José Alperovich con los gremios estatales, por la aplicación de un básico de $ 350. Sin embargo, aunque la secuencia sea la misma, se trata de una página de la historia que alteró la paz social de la provincia entre abril de 1986 y enero de 1991 .El incremento del salario básico fue anunciado entonces por el ministro Juan Vital Sorrouille y alcanzaba al 5 % del ingreso básico para todo el país. El reclamo en la provincia fue encabezado por los docentes de ATEP y por un frente de gremios que aglutinó a distintos sectores, entre los que se incluían los jubilados que todavía dependían de la provincia. La actualización reclamada exigía, para un empleado de Vialidad Provincial, que el salario de 63.750 australes fuera llevado a 68.000 australes.
El Gobierno, a través de su ministro de Economía Osvaldo Cirnigliaro, sostuvo por la cadena oficial de radio y televisión que enfrentar ese pedido pondría en riesgo la continuidad de pagos. El gobernador Fernando Riera se comprometió a gestionar ayuda ante el presidente Raúl Alfonsín, pero la disputa se agudizó.
En la línea de coincidencias, el 25 de mayo Riera dijo que estaba dispuesto a dialogar con los gremios. Lo mismo que afirmó durante la última fecha patria el actual gobernador, quien insiste en recalcar que pagar la cifra fijada por el presidente Néstor Kirchner pondrá en riesgo la paz social. Aquel conflicto se prolongó con distintos matices, hasta la intervención federal de enero de 1991. El problema de estos días todavía no encuentra cauce definitivo, pero las similitudes confirman lo difícil que resulta superar el pasado.
La Provincia tendrá que abonar los sueldos a los empleados de Vialidad Provincial en efectivo, si el personal de esa repartición no acepta cobrar mediante el sistema de cajeros automáticos. Así lo establece una resolución del Ministerio de Trabajo de Nación, fechada el pasado 20 de mayo, que hizo lugar al planteo del sindicato contra la bancarización dispuesta por el Gobierno en febrero de este año.
La decisión nacional hace saber a la Dirección Provincial de Vialidad que deberá ajustarse a la Ley de Contrato de Trabajo para abonar los sueldos a su personal. La norma establece que corresponde a los trabajadores elegir la modalidad de pago y exigir que sea en efectivo, en cuyo caso el empleador no tendrá otra opción para cumplir con su obligación. Ese punto había sido reclamado por los viales, generando una fuerte polémica entre el gobernador José Alperovich y el legislador José Teri, quienes se acusaron mutuamente de ocultar intereses a favor y en contra de la bancarización.
Según el dirigente vial Pedro Katz, el Gobierno no tendrá otra alternativa y deberá cumplir con la resolución de la Nación. Sin embargo, como la Provincia obtuvo un fallo judicial favorable para su posición se descuenta que la disputa no está cerrada. En la Dirección de Vialidad esperaban la notificación oficial para resolver cual será la posición oficial.
Por otra parte, los viales ratificaron su participación en el Frente de Gremios Estatales que reclama un salario básico de $ 350. Katz aclaró que la provincia asumió el compromiso de abonar el básico homologado por el convenio nacional en $ 121,80. "El aumento fue reconocido en 1993, pero todavía no fue contemplado por el presupuesto. Exigimos que la provincia cumpla la ley y con sus promesas", concluyó.
Lo más popular
Ranking notas premium
