La Cámara no fijó la nueva forma de elegir al ombudsman

El 10 de junio se cumplirán 180 días desde que Luis Acosta fue designado defensor del pueblo. Pese a las promesas de que estos cinco meses serían utilizados para modificar el sistema de selección del ombudsman (se habló de la posibilidad de que se lo haga mediante un concurso público), tal cosa no sucedió. Por eso, la Legislatura sigue obligada a nombrar por seis años a quien desempeñará tal función. Sectores cercanos al oficialismo dan por sentada la reelección de Acosta.
En diciembre pasado, la Legislatura sancionó la Ley 7.326, mediante la cual se facultó al vicegobernador, Fernando Juri, para que por única vez designe al ombudsman. El titular de la Cámara contó con esa facultad excepcional para poner fin al escándalo que se desató en la Defensoría del Pueblo por la designación de familiares del ex responsable de esa oficina, el actual legislador peronista Juan Rojas.
Tal fue la gravedad del problema que muchos legisladores y el propio Juri prometieron que los 180 días serían concebidos como un período de transición. Este lapso se iba a utilizar -afirmaban- para establecer un nuevo mecanismo de selección, de modo de permitir la participación ciudadana y de asegurar que la designación sea transparente.
Desde la oposición, los republicanos José Costanzo y Ernesto Padilla presentaron sendos proyectos. El segundo de ellos, en febrero, propuso que el nombramiento fuera el corolario de un concurso de antecedentes y oposición, cuyo resultado debería ser de carácter vinculante para la Legislatura.
A 15 días del vencimiento del mandato de Acosta, el titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Antonio Raed, aseveró que, cuando venzan los 180 días, quedará sin efecto la Ley 7.326 y recuperarán su vigencias las normas (6.644 y 6.690), que otorgan a la Legislatura la facultad de nombrar al ombudsman.