Piden que la Nación evite la ejecución del Activo por Activo

La ampliación del programa Activo por Activo fue denunciada por presunta infracción de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Así lo resolvió la comisión de seguimiento de esa norma, que integran los colegios de Abogados, de Egresados en Ciencias Económicas y de Escribanos; y las ONG Grupo Alberdi, Faro Ciudadano, Mujeres Universitarias y Cabildo Abierto.
La presentación se efectuó ante el comité de expertos en la convención de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante el Ministerio del Interior de la Nación y ante el Ministerio Público de la Justicia Federal.
"La Ley 7.142 autoriza al Poder Ejecutivo a contratar obras públicas, entregando en pago valiosas propiedades del Estado. Y le permite enajenar, sin cumplir con el requisito de la licitación pública, numerosos inmuebles de su dominio privado. Esto importa la inobservancia del procedimiento impuesto por la Constitución de la Provincia en su artículo 11", puntualizaron las entidades.
Según la comisión, "la contratación directa de esas obras referidas viola las normas de la Ley de Obras Públicas de la Provincia". "La eliminación en tan importantes contratos de los recaudos más esenciales establecidos para garantizar la transparencia de los procedimientos del Estado, crean conflictos de intereses entre el Estado provincial y los co-contratantes, que en lugar de resolverse por los procedimientos de la ley y la Constitución, se dejan a la discrecionalidad de los funcionarios", condenaron.
El abogado Clímaco de la Peña, del Grupo Alberdi, destacó que la importancia de la denuncia radica en que se pide la intervención del Gobierno nacional en el asunto. "Hablamos de la infracción a una ley federal, la 24.759, que aprueba la Convención Interamericana contra la Corrupción. Allí se impuso al Poder Ejecutivo nacional el deber de adoptar las medidas y las acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas", precisó.